El PP apunta ya al ministro Ángel Víctor Torres por la deriva canaria del ‘caso Koldo’

El PP da ya por amortizado políticamente al todavía diputado socialista José Luis Ábalos como principal pieza en la trama del llamado ‘caso Koldo’ por el cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas en plena pandemia sanitaria a distintas administraciones, y ya apunta a varios dirigentes con responsabilidades en gobiernos que facturaron con la empresa vinculada al entonces asesor y hombre de confianza del exministro de Transportes, com oes el caso del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Los populares han trazado ya una hoja de ruta provisional sobre su estrategia de acoso al PSOE y a su líder y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en torno a este caso, y ponen el foco ahora en los cargos que, como el entonces presidente de Canarias y ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, contrataron con la empresa ahora investigada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.

Torres tendrá que dar el este miércoles su versión oficial en sede parlamentaria sobre la cuestión por primera vez desde que saltó el caso, el pasado día 22, con ocasión de la pregunta que le formulará el diputado madrileño del PP Pedro Muñoz Abrines en el pleno del Congreso, que forma parte de la ofensiva parlamentaria de los populares contra el Ejecutivo central por esta cuestión y en la que varios diputados populares preguntarán a otros tantos ministros, y el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, al propio Sánchez.

La pregunta

“¿Cuál es la vinculación entre su Gobierno y los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias en la trama corrupta de compra de mascarillas?”, es la textualidad de la pregunta con la que el PP pretende poner el foco sobre uno de los cargos socialistas a los que exigen explicaciones sobre el tipo de relaciones de esas administraciones socialistas con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, con la que el Servicio Canario de Salud cerró la compra de 2,7 millones de mascarillas por 12,2 millones. Esta cifra supone cerca del 25 % del total de más de 52 millones de facturación con las distintas administraciones públicas por parte de los implicados en la trama.

"Quien se haya lucrado de manera irregular, y especialmente en esa época dramática, debe pagar con todo el peso de la ley"

Ángel Víctor Torres

— Ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias

Torres apenas ha realizado hasta el momento declaraciones sobre el ‘caso Koldo’, referido a la implicación del ex asesor de Ábalos, Koldo García, en la trama de las mascarillas, y se ha limitado a explicar la premura con la que tenían que actuar todas las administraciones para adquirir material sanitario cuando la pandemia más castigaba. El ahora ministro señaló el pasado día 23, un día después de la detención de los implicados, que el Ejecutivo canario que entonces presidía pagó “lo que procedía” a la empresa sugerida por el ministerio de Transportes.

“Se hicieron compras diversas que nos llegaban suministradas, esas ofertas, por comunidades, por administraciones. Lo importante es que luego esto era analizado por los servicios técnicos y jurídicos, y lo que procedía a pagar se pagaba y lo que no, no se pagaba”, respondió Torres ese día en una breve entrevista en Antena3. En este contexto, reiteró “con absoluta claridad” que quien “se haya lucrado” de “manera irregular”, y “especialmente en esa época dramática”, debe pagar “con todo el peso de la ley”. Pidió dejar “caminar a la Justicia” para “que se aclaren hasta el último de los supuestos” y que “lógicamente” prestará “toda la colaboración para que, con transparencia”, se pueda llegar “al final de este asunto”.

Explicaciones a Clavijo

Lo que sí ha hecho Torres respecto a esta situación ha sido hablar con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para explicarle que en su momento, la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) ya solicitó información de los expedientes que ahora son objeto de esta investigación en el ámbito del Servicio Canario de Salid, en tanto que el propio jefe del Ejecutivo regional le informó al ministro que había ordenado una investigación interna en el ente y que trasladará sus conclusiones a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma para decidir los pasos a dar. Según Clavijo, Torres le había señalado al respecto que “no tenía mucha información ni recordaba demasiado los expedientes, pero que creía que todo se había hecho de manera ajustada a derecho”. Quien sí ha anunciado, ya que se personará en el caso, ha sido el Gobierno de Baleares como acusación y como parte afectada.

La relevancia que el PP le da a su estrategia parlamentaria contra el Gobierno, y en este caso enfocando a Torres, lo expresa el perfil de los diputados encargados de las preguntas a los distintos ministros. En el caso del control parlamentario al ministro de Política Territorial los populares se han decantado no por un diputado o una diputada de Canarias, sino por un miembro destacado del grupo parlamentario como es el caso de su portavoz adjunto, el mencionado Pablo Muñoz, que además fue uno de los tres diputados que en marzo de 22, siendo por entonces diputado de la Asamblea de Madrid, interpuso la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

Comisión de investigación

El PP quiere poner a Torres contra las cuerdas en relación con esa operación de compra de mascarillas a la empresa investigada siguiendo la recomendación de Ábalos, de la misma forma que lo hará con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en tanto que presidenta de Baleares durante la pandemia que también contrató con los implicados en el ‘caso Koldo’, así como con el actual líder del PSC-PSOE en Cataluña, Salvador Illa, a la sazón ministro de Sanidad durante aquellas operaciones entre las administraciones públicas y la empresa suministradora con suculentas mordidas para los intermediarios como Koldo García.

“La trama hunde sus raíces en Ferraz, en Moncloa y en ministerios”

Borja Sémper,

— Portavoz nacional del PP

Además, el PP ha avanzado que Torres sería uno de los ministros cuya comparecencia exigirá si se concreta la creación de una comisión de investigación parlamentaria, en el Congreso o en el Sebado, para esclarecer los hechos, junto a los otros responsables socialistas que intervinieron en esas contrataciones.

Puntos en común

Según el PP, todas las administraciones que contrataron con la empresa investigada, tres ministerios (Transportes, Interior y Sanidad) y dos comunidades autónomas (Baleares y Canarias), tienen "en común" a Pedro Sánchez y al PSOE. “La trama hunde sus raíces en Ferraz, en Moncloa y en ministerios”, señaló este lunes el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, quien ha pedido a Ábalos “que tire de la manta” para conocer más sobre esta supuesta trama de corrupción “con sobornos” o “mordidas”.

En el caso de la ofensiva política del PP contra Torres por este caso ofrece la circunstancia añadida, que los populares valoran muy especialmente, de que quien era responsable del Servicio Canario de Salud cuando se firmaron los contratos investigados ahora, Antonio Olivera, ocupa actualmente un puesto relevante como es el de jefe de gabinete del ministro.

Para el partido liderado por Feijóo, más allá de la responsabilidad de Torres como jefe del Ejecutivo que contrató con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL y de las explicaciones que al respecto tiene que dar el entonces presidente de Canarias, cuestiona el hecho de que el principal gestor de aquellos contratos ocupe ahora un cargo público de relevancia y de la máxima confianza del ministro. 

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