La trama de Koldo logró el 25% de sus ingresos por mascarillas en Canarias

Canarias fue terreno abonado para que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL vendiera mascarillas y material sanitario en los meses más duros de la pandemia. Fuera del ámbito de la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma canaria fue la que más contratos suscribió con la sociedad vinculada al exasesor y hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos, Koldo García.

De todo lo que facturó la empresa con las administraciones públicas en 2020 una cuarta parte –cerca de un 25%– fue en Canarias, 12,2 millones de euros de los 52 millones que ingresaron los implicados en la trama que investiga la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción por cobro de comisiones. De los nueve contratos que cerró la organización del asesor de Ábalos con administraciones públicas, cuatro fueron en Canarias frente a dos en Baleares, mientras que los otros tres fueron a diferentes estamentos estatales: Interior, Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y Puertos del Estado.

El Gobierno canario, a través del Servicio Canario de Salud (SCS), fue el organismo que formalizó los contratos de emergencia y negociados sin publicidad con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, el más cuantioso de ellos con fecha 4 de mayo de 2020 y número de expediente DGRE/559 Covid-19 por un importe de cinco millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas protectoras KN95. En la Plataforma de Contratación del Sector Público figuran también el resto de adjudicaciones, la primera de ellas valorada en 4,7 millones de euros DGRE/Covid/2020-32 para la adquisición de mascarillas protectoras FFP2, todas ellas dirigidas a suministrar protección al personal sanitario de los hospitales y centros de salud de las Islas ante la crisis sanitaria por el covid.

Suculentos contratos

Estos dos fueron los contratos más suculentos pero hubieron dos más: uno de menor cuantía por 447.061,74 euros en concepto de servicio de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas KN95 y otro de 2,09 millones de euros que fue firmado en abril de 2020 pero no fue formalizado hasta febrero de 2021. Este contrato se refiere al suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 con el fin de compensar los defectos detectados en el primer envío acordado con la empresa.

Las adjudicaciones del Servicio Canario de Salud se dieron entre abril y diciembre de 2020

La investigación de la trama corrupta vinculada a Koldo no cuestiona los contratos –en el caso de Canarias la fiscalía del Tribunal de Cuentas no vio indicios penales– sino el cobro de comisiones. En Canarias no hay ningún sospechoso ni investigado por cobrar o pagar mordidas a la trama.

Foco de la investigación

La querella de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada pone el foco principal en los contratos de la sociedad investigada con los organismos de la Administración del Estado, especialmente los vinculados al Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos, pero también menciona a las adjudicaciones por parte de Canarias y Baleares. En el caso del archipiélago mediterráneo solo se suscribió un contrato para suministrar mascarillas FFP2 por valor de 3,7 millones de euros.

Posteriormente, el Gobierno balear le reclamó a la sociedad la devolución de 2,6 millones de euros porque parte de las mascarillas no eran de las características licitadas, algo similar a lo que ocurrió con la primera partida de mascarillas llegadas a Canarias tras la primera adjudicación. Con Baleares no se firmaron más contratos de estas características con la empresa de la trama pero con Canarias sí, hasta llegar a los 12,2 millones de euros, lo que supone casi el 25% de los fondos europeos entregados a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL en los peores meses del covid.

Facturación disparada

La Fiscalía resalta como esta empresa pasó de contar con unos ingresos mínimos e inactividad en los años 2018 y 2019 a dispararse su facturación por encima de los 54 millones de euros gracias a las adjudicaciones de emergencia para suministrar material sanitario a diferentes administraciones públicas vinculadas al Gobierno o a comunidades autónomas gobernadas en ese momento por líderes socialistas, en este caso Ángel Víctor Torres en Canarias y Francina Armengol en Baleares. En esos momentos el PSOE tenía el control político de más comunidades autónomas que ahora tras las elecciones del 28-M, pero la intermediación de Koldo García solo causó efectos prácticos en los dos archipiélagos para los intereses de los implicados en la trama.

La empresa investigada pasó de no facturar nada en 2019 a superar los 54 millones en 2020

Los denunciantes de los que partió la investigación pusieron hasta trece contratos de esta empresa, varios de ellos relacionados con subvenciones públicas y otro tipo de adjudicaciones. Los relacionados con el suministro de mascarillas y otro tipo de material sanitario que más llamaron la atención de los investigadores fueron los relativos a Puertos del Estado, nada menos que 20 millones de euros; Adif, con 12,5 millones adjudicados y la Secretaría de Estado de Seguridad, por un valor de 3,4 millones. Tras la llegada de las mascarillas éstas fueron repartidas a los distintos departamentos dependientes de los organismos y entidades públicas.

Enriquecimiento rápido

La Guardia Civil ha centrado sus pesquisas en estos tres contratos no solo por la cuantía, sino por la posición que tenía Koldo García en esos momentos ya que formaba parte tanto de Puertos del Estado como de Adif, colocado por el exministro Ábalos.

El rápido incremento del patrimonio del exasesor del dirigente socialista también llamó la atención de los investigadores y por ahí empezaron a tirar del hilo hasta llegar a la trama junto al resto de implicados en la misma. «Un dato sumamente relevante y revelador del papel que Koldo García Izaguirre pudo desempeñar en la adjudicación de los contratos es haber disfrutado de un incremento patrimonial notable durante los dos últimos años, pudiendo haber hecho uso de terceras personas próximas a su círculo familiar con la posible finalidad de ocultar, o al menos dificultar, la verdadera titularidad de los inmuebles adquiridos», relata la querella de la Fiscalía.

Crisis sanitaria y convulsión política en el SCS

La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 se cruzó también con la convulsión política interna que vivió el Servicio Canario de Salud en los inicios de la pandemia y que se extendió el resto de 2020. Por la gestión del organismo público que maneja el mayor presupuesto de la Comunidad Autónoma pasaron cuatro directores que tuvieron que lidiar con la emergencia: Blanca Méndez, Antonio Olivera, Alberto Pazos y Conrado Domínguez, además de tres consejeros, casos de Teresa Cruz, Julio Pérez y Blas Trujillo. Este baile de cargos al frente de la sanidad pública canaria, en los peores momentos de la crisis de salud pública, coincidió con la urgencia en la toma de decisiones para suministrar de material sanitario a los profesionales de hospitales y centros de salud ante el cariz que estaban tomando los contagios. Fue en este caldo de cultivo en el que se fraguaron los contratos adjudicados a la empresa vinculada al que en esos momentos era la mano derecha del entonces ministro de Transportes, Koldo García Izaguirre.

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