Canarias, una de las autonomías más dañadas por la corrupción en la covid

Un pedido de un millón de mascarillas a una empresa de venta de coches. Los tapabocas nunca llegaron. Por el camino se evaporaron cuatro millones de euros. Un encargo vía correo electrónico a la firma que está en el centro de la trama del caso Koldo. La Guardia Civil no se explica quién puso en contacto al Servicio Canario de la Salud con la empresa del entramado que involucra al exministro José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García. En la operación se confeccionaron contratos a posteriori porque parte del material no era el que se había solicitado. El SCS se quedó con ese material que no había pedido y luego le buscó encaje administrativo. Además, otras dos entidades a las que se les encargó el suministro de mascarillas son parte de la fórmula con que, al parecer, tres reputados empresarios se las ingeniaron para eludir el pago de impuestos. Así que no resulta tan extraño que Canarias sea una de las comunidades autónomas más golpeadas por presuntos casos de corrupción en la pandemia.

Por si fuera poco, hace ahora un año que salían a la luz las correrías del mediador y del tito Berni, que no tienen relación con la covid pero que extienden la mancha de la duda sobre la buena gestión de lo público. Porque no son ni una ni dos, sino hasta tres las investigaciones en curso sobre irregularidades relacionadas de un modo u otro con el suministro de material médico en los momentos más duros de la crisis sanitaria.

Es verdad que el Gobierno canario, entonces presidido por el hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, no fue el único que se vio desbordado tras la declaración, aquel infausto 14 de marzo de 2020, del estado de alarma nacional. Había que traer mascarillas, equipos de protección y demás utensilios para la lucha contra la covid; había que hacerlo a marchas forzadas; y había que lidiar con una multitud de empresas que de un día para otro se convirtieron en proveedoras de material sanitario, una parte de ellas con escaso o nulo interés por el beneficio común.

El caso ejemplar de Aragón

Pero, con todo, no es menos cierto que hay ejecutivos regionales que han salido sin mácula, o casi, de todo aquel embrollo de adjudicaciones, contratos, encargos y encomiendas, y otros cuya gestión está, en cambio, en entredicho. En entredicho, en la justicia y/o en comisiones de investigación. El Gobierno autonómico está entre estos últimos. Y en lugar destacado.

En Aragón se ha cuestionado el 0,3% de un gasto similar al de las Islas, donde está en duda el 47%

En Aragón, por ejemplo, el Ejecutivo que entonces dirigía el socialista Javier Lambán gastó durante la pandemia 82 millones de euros en todo tipo de material médico. 82 millones entre los que solamente han estado en entredicho 244.570 euros correspondientes a una compra de equipos de protección. Parte del material era defectuosa, y, además, la Administración aragonesa recibió la remesa sin la debida factura. En cualquier caso, la cuantía en solfa, esos 244.570 euros, apenas representa un 0,3% del total de fondos que la Diputación General desembolsó para el combate contra la covid.

El ejemplo de Aragón viene especialmente al caso porque el Gobierno de Canarias, el del pacto de las flores, gastó una cantidad similar en la adquisición de mascarillas, guantes, pantallas... Fueron unos 82 millones de euros.

Pues bien, si en Aragón la polémica se centra, o más bien se centró en su momento, en una remesa en concreto y en un 0,3% del montante desembolsado, en Canarias está en discusión el buen uso de casi un 48% del dinero empleado en aquellos meses, es decir, más de 39 millones de euros, de acuerdo con los datos avanzados este viernes por el portavoz del Gabinete regional, Alfonso Cabello. Dicho de otro modo: está en cuestión prácticamente la mitad de los fondos movilizados para la lucha contra el coronavirus en el punto álgido de la crisis.

El 'caso Mascarillas' abre el contador de la corrupción

No en vano, el Archipiélago fue una de las primeras comunidades autónomas en estrenar su casillero de puntos en el indeseable contador de la corrupción en pandemia.

A mediados de 2022 salta a la palestra una presunta malversación de fondos públicos en la Comunidad de Madrid. El foco de la sospecha estaba en un contrato para el suministro de 250.000 mascarillas por un importe de poco más de 1,5 millones. En la contratación participó el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, lo que le dio al caso una dimensión política de alcance nacional –fue el principio del fin de Pablo Casado como líder del PP–, y, para más inri, el dinero con que se compraron los tapabocas procedía de las arcas comunitarias. Un asunto que en las Islas coincidió en el tiempo con el caso Mascarillas, el primero de los tres que cuestionan la buena gestión de los recursos públicos durante la pelea contra la covid.

La Fiscalía Europea archivó el caso que salpicaba a Ayuso pero mantiene abierto el ‘caso Mascarillas’

En Madrid se pusieron en duda 1,5 millones de euros; en el Archipiélago, cuatro millones, también provenientes de Bruselas. El caso de la comunidad capitalina fue archivado por la Fiscalía Europea; el del Archipiélago sigue abierto en la misma Fiscalía Europea.

Investigación en curso en Europa

Detrás del caso Mascarillas está la compra de un millón de tapabocas a la sociedad limitada RR7 United Limited, que tiene por objeto social, o cuando menos tenía en el momento de la operación, la venta de coches. Se pagaron los susodichos cuatro millones de euros, pero los tapabocas nunca aparecieron. Entre los investigados están Conrado Domínguez, que fuera director del Servicio Canario de la Salud (SCS), cargo del que dimitió a raíz de este caso; Ana María Pérez Afonso, entonces directora general de Recursos Económicos del SCS; y Rayco González, administrador único de RR7.

La causa continúa en instancias comunitarias después de que la Fiscalía Europea asumiera la investigación que se instruía, tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, en el juzgado número 7 de la capital grancanaria. La institución comunitaria tiene esa prerrogativa porque el dinero de la frustrada compraventa procedía de Europa.

El 'caso Mascarillas', el menor de los daños

Se investigan posibles delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales. No obstante, los cuatro millones de euros de este caso Mascarillas han acabado por ser el menor de los daños, si es que ello es posible tratándose de un asunto tan grave, para la buena apariencia de la gestión llevada a cabo por el anterior Gobierno canario. La presunta trama de mordidas y comisiones que salpica al exministro José Luis Ábalos, que fuera hombre de confianza de Pedro Sánchez, y a su exasesor Koldo García –que ha dado nombre al caso Koldo– ha terminado por acaparar toda la atención. Aquí puedes leer más sobre la trama que afecta al exministro Ábalos

La Comunidad Autónoma le encargó a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la sociedad vinculada al que fuera asesor de Ábalos, el suministro de un total de 4,75 millones de mascarillas. Lo hizo mediante dos pedidos en abril y mayo de 2020, durante la fase más cruel de la pandemia, cuando las instituciones de media Europa se daban codazos por arañar parte de los millones de tapabocas que venían desde China.

El SCS, y por extensión el Gobierno de Canarias, no fue el único que recurrió a la firma vinculada a Koldo García para traer material sanitario. Lo hizo también, por ejemplo, el Govern balear, que por aquel entonces presidía la hoy presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol. Eso sí, también hubo regiones donde se olieron a tiempo que Koldo y sus amigos no eran los mejores compañeros. Fue el caso de Aragón, donde el Ejecutivo del también socialista Lambán rechazó el ofrecimiento porque las condiciones no le convencieron.

De cero a 53 millones

Soluciones de Gestión pasó de ingresar cero euros a facturar la friolera de 53 millones gracias a los encargos de distintas administraciones timoneadas por el PSOE. El Ministerio del Interior le pagó a la empresa de la supuesta trama 3,4 millones de euros; el Govern de Baleares, alrededor de 3,7 millones; Puertos del Estado le firmó un contrato valorado en 20 millones; y el Adif le abonó otros 12,5.

Los dos encargos del Servicio Canario de la Salud, incluido el coste del transporte y los fletes, ascendieron a unos 12,3 millones de euros, si bien fuentes del pacto de las flores aseguran que lo que en realidad se terminó por pagar a la firma vinculada a Koldo fueron 7,2 millones.

Pero más allá de las cifras exactas y de eventuales responsabilidades penales –el caso Koldo se sigue en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias sin que de momento haya ningún investigado en las Islas–, la ramificación canaria de la trama ha sacado a la luz la opacidad y el caos administrativo que rodearon las adjudicaciones del SCS.

Falta de rigor y de transparencia

La Guardia Civil, en el expediente del 26 de septiembre de 2022 en que analiza la información recabada del propio SCS a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Koldo, pone de manifiesto la falta de transparencia y de rigor procedimental con que se llevó a cabo en el Archipiélago la contratación de Soluciones de Gestión. Por un lado, la UCO detalla que no pudo determinar por qué en abril de 2020 se decidió que fuera la empresa relacionada con el exasesor y hombre de confianza de Ábalos, y no cualquier otra, la que trajera el material sanitario.

«No se puede justificar» por qué el SCS optó por la empresa del ‘caso Koldo’ y no por otra

No se puede «justificar objetivamente». Tampoco hay constancia de quién informó o de por qué vía supo el SCS –entonces dirigido por Antonio Olivera, viceconsejero de la Presidencia y hoy jefe de gabinete del ministro Torres, en aquel momento al frente del Gobierno de Canarias– que Soluciones de Gestión estaba suministrando mascarillas.

Reinaba la opacidad, siempre según la Benemérita, de modo que tampoco se explica cómo se negociaron y cerraron las condiciones de la adjudicación. Por otro lado, la firma de la trama no cumplió el primer pedido –hecho a través de un e-mail que es el primer contacto documentado por la Benemérita con Soluciones de Gestión–, ya que parte de las mascarillas no era del modelo que se había encargado. Ello no obstó para que el SCS se quedara ese material y, «posteriormente», confeccionara contratos «para dar cobertura justificativa a esas entregas».

Enriquecimiento y evasión fiscal

Y con el caso Koldo acaparando portadas sale a escena hace solo días el caso Damco, fruto de una querella de la fiscal Evangelina Ríos. Damco Trading Services y Tanoja Services fueron contratadas en 2020 y 2021 –al frente del SCS se sucedieron Olivera, Alberto Pazos y Domínguez– para suministrar material médico, por lo que facturaron 22,9 millones. Aquí puedes leer más detalles sobre el caso Damco, en el que están siendo investigados Miguel Ángel Ramírez y Lucas Bravo de Laguna.

Parte de esa suma, siete millones, se transfirió a Tabaiba Capital, que tiene al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, como administrador único, por su labor de intermediación. Este subcontrató a su vez a B&M Sport Marketing, del presidente de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, para las tareas de gestión y control del material, por 1,7 millones. Luego Bravo de Laguna subencarga esta tarea a un colaborador de su partido, Christian Cerpa, por 581.832 euros. Se investiga si Ramírez, Bravo de Laguna, Cerpa y/o Noel Jammal, administrador único de Damco y Tanoja, eludieron impuestos.

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