Fracaso tras fracaso en los intentos por recuperar el dinero del caso mascarillas

Canarias no ha recuperado ni un céntimo de los cuatro millones de euros que el Ejecutivo anterior, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, entregó a la empresa RR7 United en mayo de 2020 a cambio de un lote de mascarillas que nunca llegó. El conocido como caso mascarillas, que se instruye por parte de la Fiscalía Europea desde que en 2022 asumió las competencias, provocó una deuda en las arcas canarias que casi cuatro años después sigue sin saldarse. Y no parece que vaya a hacerlo. El último informe de la Agencia Tributaria Canaria acredita la imposibilidad, a fecha de hoy, de recuperar ese dinero a pesar de llevar desde noviembre de 2021 intentándolo por todos los medios posibles. La mayoría de los procedimientos activados hasta el momento han acabado en un callejón sin salida. Fracaso tras fracaso. Y las pocas puertas que quedan abiertas apuntan a que, en el mejor de los casos, Canarias solo podrá recuperar 1,3 millones de euros. Lo que representa solo un 32% del total perdido en la operación que se pagó por adelantado.

Notificación de la deuda. La primera vez que se escuchó hablar en Canarias del caso mascarillas fue en mayo de 2022, pero la Agencia Tributaria Canaria ya llevaba meses intentando recuperar los 4 millones. El vencimiento de la deuda, en periodo voluntario, se produjo en julio de 2021 y fue el 25 de noviembre de ese año cuando la Agencia notificó la deuda a RR7 United. La compañía tenía un plazo hasta el 5 de diciembre de 2021 para hacer el pago, pero el tiempo pasó y el ingreso no se produjo en el plazo, por lo que la deuda se introdujo en el circuito de embargos legalmente previstos.

Embargos. Los primeros embargos a las cuentas corrientes comienzan en marzo de 2022, pero el resultado, según el informe de la Agencia Tributaria Canaria, fue «negativo». No solo no existía saldo en las cuentas, sino que la cuenta de la que era titular la entidad había sido cancelada en enero de 2021. Tampoco hubo suerte con los embargos de crédito. En total se realizaron 13 intentos por esta vía. También fue negativa la consulta a los Registros de la Propiedad, en la que no constan inmuebles a nombre de la entidad deudora. Dentro de las actuaciones ordinarias de embargo también se realizó una consulta a la Dirección General de Tráfico en la que se descubrió que la entidad es titular de dos vehículos, pero uno con una antigüedad de más de diez años y otro de alta gama con embargos y precintos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Alfonso Cabello: «Faltan muchas explicaciones, está en juego la imagen del Ejecutivo»

Responsabilidad solidaria. Ante los resultados negativos obtenidos en las vías anteriores, el área de Investigación Patrimonial de la Agencia Tributaria Canaria inició trabajos de averiguación del destino del dinero pagado por el Servicio Canario de Salud, a fin de que se pudieran apreciar los supuestos de derivación de responsabilidad solidaria. El último informe de la entidad aclara que al no ser una deuda de naturaleza tributaria ni ser consecuencia del reintegro de una subvención, no es posible realizar ningún tipo de derivación a los administradores. Salvo que estos «sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria».

Análisis de la cuenta vaciada. La Agencia Tributaria Canaria analizó la información recibida de la entidad financiera sobre la cuenta de RR7 United, vaciada hace dos años. Concretamente, se estudiaron las salidas de dinero de la misma con el objetivo de determinar si existe responsabilidad solidaria, tanto de personas físicas como jurídicas. Esta acción permitió abrir cuatro procedimientos por importes de 326.000 euros, 315.000 euros, 537.433,43 euros y 146.400 euros, lo que suma 1.325.233,43 euros. Una cantidad que representa un 32% del total de la deuda que la compañía tiene con el Gobierno canario.

Tres viviendas y un garaje. Siguiendo con los procedimientos mencionados, la Agencia acordó el embargo preventivo de algunos bienes inmuebles a efectos de asegurar las responsabilidades económicas que pudieran surgir de los expedientes estudiados. En total, tres viviendas y una plaza de garaje. Los embargos ya se han convertido en definitivos, por lo que el informe puntualiza que se podrá proceder a su enajenación mediante subasta. El actual Gobierno canario tiene «serias dudas» de que finalmente se vayan a recuperar los 4 millones de euros perdidos. «Tenemos indicios de que hay cargas preexistentes sobre esos bienes que tienen preferencias sobre un embargo de esa naturaleza», apunta el portavoz del Ejecutivo canario y viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello, quien insiste en que «faltan muchas explicaciones por parte del anterior Ejecutivo». A Cabello le preocupa la «imagen» del Ejecutivo regional al contar ya con dos casos de supuesta corrupción –mascarillas y Koldo– investigados por la Fiscalía Europea. «Faltan muchas aclaraciones, sobre todo porque está en juego el nombre del Gobierno Canarias», insiste.

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