Caso Koldo

El PP llamará a Torres para que aclare en el Parlamento de Canarias sus conversaciones con Koldo García

Manuel Domínguez considera que el expresidente y actual ministro debe comparecer "físicamente" en la comisión de investigación de la Cámara regional

Manuel Domínguez, líder del PP canario.

Manuel Domínguez, líder del PP canario. / E.D.

Salvador Lachica

Salvador Lachica

El Grupo Parlamentario Popular llamará de forma expresa al expresidente del Gobierno de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para que explique en la Cámara regional sus conversaciones con Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, investigado por su presunta participación en una trama corrupta.

Así lo decidió este martes la Junta Directiva del PP canario, presidida por Manuel Domínguez, al entender que el expresidente de Canarias y actual ministro «tiene que comparecer, físicamente, para dar explicaciones, especialmente después de la entrevista que hemos podido ver en un periódico nacional del que era asesor del ministro Ábalos en aquel entonces». En esa entrevista en El Mundo, Koldo dijo que había hablado con Torres, aunque posteriormente rectificó, asegurando que con del tema de las mascarillas había hablado con el equipo del entonces presidente. Por su parte, Torres se ha mostrado dispuesto a dar explicaciones en el Senado.

«Celebro el cambio de posición de Torres tras haber dejado de ser presidente y ahora no tenga inconveniente en dar explicaciones cuando hace un año a la oposición no solo se le impidió celebrar la comisión de investigación sino debatir el desembolso de cuatro millones a una empresa de venta de vehículos por unas mascarillas que nunca llegaron a Canarias», expuso.

Para el máximo dirigente del PP canario y vicepresidente del Ejecutivo regional, si ya era «muy preocupante» la estafa del llamado caso Mascarillas por la empresa RR7, «mucho peor» es la contratación de «más de 12 millones» con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, vinculada a Koldo García y «que afecta directamente al PSOE».

Cuatro subtramas

Para el PP canario, y así lo reiteró en varias ocasiones su portavoz parlamentaria, Luz Reverón, la Cámara regional tiene que investigar todo lo relativo a los 49,7 millones de dinero público sospechosos de haber sido destinados a empresas presuntamente corruptas. Los conservadores creen que son cuatro las subtramas de lo que han bautizado como caso Torres, que aúna el mencionado caso mascarillas (un millón de tapabocas por un importe de cuatro millones a la empresa RR7 sin que se entregara el suministro más otros tres contratos, por 13,7 millones de euros, que no tienen autorización del Consejo de Gobierno); el caso Koldo (dos contratos con Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, vinculada al exasesor y persona de confianza del exministro José Luis Ábalos, por 12,3 millones); el caso Damco (Damco Trading Services y Tanoja Services fueron adjudicatarias para suministrar mascarillas y test por 15,8 millones en 2020 y 7,1 millones en 2021); y el caso Sanytary (1,3 millones a una empresa que no existía cuando se emitió la factura por mascarillas y batas).

Durante la investigación parlamentaria, que en principio durará hasta final de año, de «las responsabilidades políticas por la gestión de la contratación del Servicio Canario de Salud (SCS) del Gobierno de Canarias del material sanitario para hacer frente a los efectos de la Covid-19», los socios del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo quieren que desfilen, además de Torres, el exvicepresidente Román Rodríguez, los exconsejeros Sebastián Franquis, Julio Pérez y Blas Trujillo, el exviceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera (actual director de gabinete del ministro Torres), el exviceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez, y el exresponsable del SCS, Conrado Domínguez.

Con todo, el máximo responsable del PP canario precisó que «será la propia comisión de investigación quien defina» qué actuaciones se desarrollarán y qué personas serán citadas para buscar pruebas de supuestas decisiones corruptas.

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