El Banco de España 'avala' el plan canario de vivienda y rechaza limitar los precios

En Canarias hay una emergencia habitacional que no se ha combatido con eficacia en años. Para ese diagnóstico hay dos soluciones: fomentar la construcción de más vivienda pública sin consumir más suelo, como propugna el Gobierno que preside Fernando Clavijo, o regular precios, poner límites al alquiler vacacional y colocar viviendas vacías en el mercado, como se postula desde el PSOE y NC-Bc más los alcaldes que a finales de marzo solicitaron al Ejecutivo declarar a sus municipios zonas tensionadas acogiéndose a la Ley estatal de Vivienda.

A este debate se suma ahora el regulador bancario nacional: el Banco de España. Su gobernador, Pablo Hernández de Cos, defiende que la única forma de solucionar el problema de acceso a la vivienda es aumentar los inmuebles disponibles. "Creemos que cualquier medida que no vaya en la dirección de incentivar y promover la oferta, también desde el sector público, no va a resolver el problema. Y además creo que es muy importante tomárselo muy en serio desde muy pronto", aseguró en una conferencia organizada por el Círculo Ecuestre celebrada en Barcelona.

No es la primera vez que De Cos se muestra contrario a la línea que marca la Ley estatal de limitar las subidas de precios del alquiler para las zonas tensionadas y ya hace un año aseguró, con motivo de la presentación del informe referido a 2022, que esas medidas "pueden tener efectos negativos sobre la oferta y, por tanto, acabar provocando el efecto contrario al que se pretende". Es más, tras reconocer que el Banco de España está "preocupado" por el problema de la vivienda, anunció que se le dedicará un capítulo específico en su inminente informe anual de 2023, que está previsto que se publique a mediados del mes de mayo.

Triplicar el ritmo de construcción

No es el del Banco de España el único informe favorable a las tesis que defiende el Gobierno de Clavijo. A finales del pasado año, la consultora Corporación 5 alertó de que la crisis habitacional de Canarias solamente podría afrontarse si se triplicaba el ritmo de construcción de nuevas residencias: entre 9.000 y 10.000 viviendas al año. 

Un par de meses después, se aprobaba el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y el titular de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, resumía el objetivo de la norma en "priorizar la construcción de vivienda protegida sin consumir más suelo para incrementar el parque público e incluso se acelerarán los procedimientos para dar salida a construcciones y urbanizaciones inacabadas o abandonadas".

El Gobierno canario insiste en "aumentar el número de casas disponibles y poder construir más"

El decreto que busca solucionar la emergencia se aprobó, tal y como manifestó el propio Ejecutivo, tras constatar "una manifiesta incapacidad de la oferta, tanto pública como privada, para atender esa demanda ofreciendo las viviendas que se necesitan".

En definitiva, un decreto ley que "fomenta la creación de puestos de trabajo con el impulso al sector de la construcción" para aumentar la oferta de vivienda y permitir equilibrar el mercado y que descienda el precio del alquiler y venta en el mercado libre. El objetivo: 8.000 viviendas en cuatro años, por debajo de las consideraciones de la empresa Corporación 5.

En líneas generales, y según las tesis del Banco de España, «se permite que en los suelos urbanizables ordenados que no se encuentren completamente desarrollados y en los que se da la compatibilidad del uso residencial y turístico, se puede destinar el resto completamente a uso residencial, siempre que un tercio se destine a vivienda protegida de promoción privada».

El organismo regulador español cree que limitar el precio "puede tener efectos negativos"

Con ello, la Consejería "pretende aumentar la oferta" de residencias "en las zonas turísticas para que, aquellos colectivos que por razón de renta no puedan acceder a la vivienda pública, puedan tener una oportunidad en el sector de promoción privada".

El reconocimiento de la iniciativa privada sobre los suelos de titularidad pública para la construcción de viviendas de promoción pública también está recogido en el articulado , que además "autoriza que los promotores privados puedan consultar a la Administración para conocer la viabilidad de una iniciativa privada de vivienda protegida sobre suelo público".

Asimismo, "se podrán destinar en su totalidad a suelo residencial" aquellos urbanizables ordenados en los que existan una o varias parcelas sin edificar y que, conforme al planeamiento urbanístico, admitan el uso mixto turístico y residencial o los declare compatibles

Suscríbete para seguir leyendo