La maraña burocrática de 2023 pesa como una docena de cochinos negros

Si la legislación pudiera medirse al peso, la aprobada tanto por el Gobierno central como por el autonómico a lo largo del año pasado pesaría tanto como una docena de cochinos negros canarios. Cada ejemplar de esta especie autóctona pesa de media 130 kilos y si llegaran a imprimirse los 65.589 folios del Boletín Oficial de Canarias (BOC) que ocupan las normas que sacó adelante en 2023 la administración regional y las 238.705 páginas del Boletín Oficial del Estado (BOE), que incluyen las leyes y los decretos impulsados por los dos Gobiernos de Pedro Sánchez la pesa marcaría 1.521 kilos. Y si a alguien se le ocurriera ponerlas todas en línea recta, el papel sería suficiente para llegar desde la plaza del Charco, en Santa Cruz de Tenerife, hasta el parque de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, separados por 90 kilómetros de distancia. 

Toda una maraña burocrática de la que se quejan las patronales canarias al considerar que lastra la actividad de las empresas del Archipiélago que deben hacer un esfuerzo y destinar parte de sus recursos para mantenerse al día con la legislación vigente. Algo que no solo consideran que estrangula la economía sino que incide en la atracción de inversiones y la creación de empleo y riqueza. Además, la madeja legislativa también tiene otros damnificados, los ciudadanos, que en muchas ocasiones para simples gestiones se ven perdidos en un caos de leyes y competencias del que es difícil sacar algo en claro.

Los folios donde se han publicado podrían llenar el espacio entre las dos capitales canarias

De acuerdo con el informe elaborado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), a lo largo del año pasado los dos gobiernos autonómicos –el comandado por Ángel Víctor Torres y el de Fernando Clavijo tras las elecciones– aprobaron un total de 18 normas. ¿Mucho o poco? Canarias no fue ni de lejos la autonomía que más legislación impulsó y la cantidad fue bastante menor a la de los cuatro años anteriores. Pero si se tienen en cuenta la cantidad de páginas repletas de nuevo marco normativo publicadas en el BOC la cosa cambia. 65.589 páginas, un 14% más que el año anterior, la cifra más alta, al menos desde 2016, y suficientes para llenar en línea recta una distancia de 19 kilómetros. 

Pero es que las empresas canarias no solo tienen que atender a las disposiciones dictadas por la administración autonómica sino que también deben adaptarse a los cambios normativos aprobados por el Estado. 238.705 páginas o más de 1.100 kilos de peso que incluyen cuatro leyes orgánicas, 13 leyes, 259 reales decretos, ocho reales decreto ley o 399 órdenes. En total, 683 normas. Con lo que, para estar completamente al corriente de las actualizaciones normativas estatales, una persona tendría que leerse un libro al día, 654 páginas cada 24 horas. De forma conjunta, la administración central y canaria han sacado adelante casi dos nuevas normas en cada jornada a lo largo de todo un año. 

El entramado legislativo europeo aporta 32.832 normas y añade más caos legislativo

La CEOE pone en evidencia además que, si se tiene en cuenta el marco normativo aprobado por el Estado y el conjunto de las comunidades autónomas, 2023 ha sido uno de los años más prolíficos en materia regulatoria. Algo que llama la atención, ya que el pasado ejercicio estuvo salpicado por varios procesos electorales –estatales, locales y regionales en varias comunidades autónomas– con el parón que esto suele suponer en el impulso de nuevas normativas. Aunque visto lo visto parece ser que en esta ocasión esa cierta parálisis que otorgan los procesos electorales solo ha servido para coger impulso. 

Y todo esto sin contar con la regulación que llega desde Bruselas. En total, el año pasado las instituciones europeas aprobaron 2.180 reglamentos, directivas o decisiones, que elevan el entramado normativo comunitario hasta las 32.832 normas. 

Pero, ¿cuáles son las consecuencias de este exceso normativo según las patronales? La maraña burocrática es uno de los principales problemas que estrangula a la economía en Canarias. Así lo cree el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, quien destaca además que el Archipiélago, con sus cuatro escalones administrativos es una de las comunidades en las que la producción de legislación es mayor. «No tiene ningún sentido que en Canarias las empresas tengan más regulación y nos ahoguemos más en burocracia», expone.

Entre los efectos que este exceso de normas tiene en la economía de las Islas, las patronales citan los continuos retrasos en la obtención de licencias. Hasta tres años se llega a esperar, por ejemplo, por una autorización para construir viviendas y las demoras acaban produciendo una fuga de millones de euros en inversiones. 

Otro aspecto que provoca el caos legislativo es la derivación de una parte de los recursos de las empresas a intentar adaptarse y mantenerse al día en lo que respecta a la actualidad normativa. Unos costes que cada vez son mayores y acaban lastrando la productividad en Canarias. 

Por eso, desde las patronales abogan por una simplificación administrativa. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, constata que es urgente resolverlo porque «el número de normas va en aumento e incluso se solapan unas con otras y hay demasiada legislación para una sola cuestión», algo que acaba generando incertidumbre. 

El Gobierno de Canarias parece haber recogido el guante y busca poner remedio a este caos burocrático que aleja a las empresas y ciudadanos de las administraciones. Entre las fórmulas que quiere llevar a cabo está la compilación de leyes, es decir, refundir varios textos legislativos en uno solo. Ya lo hizo el anterior Gobierno de Clavijo con la Ley de Suelo y ahora quiere llevarse a cabo con la de turismo. Además, desde varias consejerías como la de Economía o la de Presidencia se han anunciado planes de simplificación administrativa con el objetivo de reducir la burocracia y las duplicidades en los trámites con la administración. 

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