El empresario Miguel Ángel Ramírez ha negado este jueves haber defraudado a Hacienda o a la Seguridad Social y ha acusado a USO de defender "intereses de la competencia" con la querella que le ha presentado por supuestas irregularidades en las nóminas de Seguridad Integral Canaria.

En declaraciones a Efe, el empresario ha indicado que la Seguridad Social viene inspeccionando a Seguridad Integral Canaria desde el año 2000 y no ha detectado ninguna irregularidad que sea constitutiva de delito, por lo que entiende que es "imposible que lo haga a la Hacienda Pública, porque la normativa es la misma".

El también presidente de la UD Las Palmas y del grupo Ralons ha insistido en que, si su empresa ha sido inspeccionada de "forma exhaustiva por la Seguridad Social y no se le ha hallado delito alguno, y ni siquiera ha sido sancionada, es imposible que haya incurrido en un delito contra Hacienda".

Ramírez considera que Hacienda se ha personado en este caso porque se ha creído la versión aportada en la denuncia de USO, pero entiende que, con las explicaciones dadas ayer a la magistrada de Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, y a la fiscal de Delitos Económicos Evangelina Ríos, "queda claro" que el proceder de su empresa Seguridad Integral Canaria se efectúa de forma "lícita".

El presidente del grupo Ralons además ha informado de que en los próximos días aportará nuevas pruebas que acreditan su declaración.

El empresario ha insistido en que Seguridad Integral Canaria ha sido objeto de una inspección "exhaustiva" por parte de la Seguridad Social y que los números "discrepantes" que se derivan de ella en los ejercicios 2008 y 2009 han sido regularizados ya ante la Hacienda Pública.

Según Ramírez, estas discrepancias responden "a diferencias de aplicación de criterios" a sus 2.500 trabajadores y "ya están regularizadas".

El empresario grancanario ha afirmado estar "muy tranquilo", pues ha señalado que Seguridad Integral Canaria, por el hecho de ser una gran empresa, está sujeta a inspecciones periódicas y su forma de actuar ha sido la misma desde el año 2000, sin que nunca se la haya sancionado por la Seguridad Social ni se le haya atribuido por parte de esta delito alguno contra el Estado.

Además, ha concluido que "si no estuviera al día en los pagos a la Seguridad Social y Hacienda no podría presentarse a concursos públicos", a los que ha dicho que se sigue presentando y le siguen adjudicando contratos. "Será porque estoy al día", ha añadido.

La juez de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria interrogó ayer durante unas cuatro horas a Ramírez, como imputado en dos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social presuntamente cometidos a través de Seguridad Integral Canarias, tras la querella presentada por USO.

Tanto USO, como la Fiscalía de Delitos Económicos, y la acusación popular que representa a un grupo de empresas de vigilantes de seguridad, acusan a Ramírez de haber defraudado 2,4 millones de euros al erario público pagando las horas extras que realizan los vigilantes en nómina de Seguridad Integral Canaria como si fueran dietas (un concepto que está exento de tributación).