La guerra que viola todas las reglas

Incluso los conflictos armados tienen normas, fijadas en el derecho internacional humanitario, que ponen límites a los beligerantes para proteger a los civiles

En el que libran Israel y Hamás, en tregua desde el pasado viernes, las dos partes han sido acusadas de pisotear ese derecho

La guerra que viola todas las reglas

La guerra que viola todas las reglas / LP/DLP

Marta López

Incluso las guerras, ahí donde la humanidad pierde su nombre, tienen unas reglas fijadas por el derecho internacional humanitario (DIH), que, en teoría, establecen los límites de los beligerantes para proteger a la población civil. Es decir, no todo vale ni en el campo de batalla. Y en el conflicto actual que libran Israel y Hamás, como en otros anteriores, las dos partes han sido acusadas de violaciones graves de ese derecho: el grupo terrorista con la matanza indiscriminada de 1.400 civiles y la toma de más de 200 rehenes el pasado 7 de octubre y el lanzamiento continuado de cohetes contra poblaciones israelís, y el Estado hebreo con la operación de venganza desatada ese mismo día en la franja de Gaza, que suma unos 13.000 palestinos muertos, más de 5.500 de ellos menores, según el gobierno gazatí, además de la privación de suministros básicos a dos millones de personas y el desplazamiento forzoso de un millón.

Con la ofensiva sobre la franja de Gaza retransmitida en directo por sus víctimas desde hace casi dos meses a través de imágenes desgarradoras de una gran devastación, de cadáveres rescatados de entre las ruinas y de cientos de civiles llorando a sus familias enteras muertas, las acusaciones de la comisión de crímenes de guerra se han multiplicado. Pero una cosa es la narrativa que se impone en un conflicto tan atroz como este y el juicio moral que merezcan estos actos aberrantes y otra que los hechos denunciados se acojan a los supuestos contemplados por el derecho internacional humanitario —que distingue entre tres grandes crímenes: crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio— para que sus máximos responsables puedan rendir cuentas y sus actuaciones no queden impunes.

El estatuto de Roma

Mientras los crímenes de guerra se limitan a los cometidos durante conflictos armados que ocurren internamente o entre dos estados, los dos últimos también pueden cometerse en tiempos de paz. Es el Tribunal Penal Internacional (TPI, con sede en La Haya, constituido en 2002 y del que son miembros 123 países) el único competente para juzgarlos. La descripción que hace el TPI de los crímenes de guerra es extensa —está recogida en el artículo 8 del estatuto de Roma que dio origen al tribunal— pero incluye entre otros, el ataque intencionado a poblaciones civiles y bienes civiles que no sean objetivos militares, hospitales, monumentos históricos y edificios dedicados a la religión, el arte, la educación, la ciencia y la caridad, el uso de métodos de guerra prohibidos y el uso de medios de guerra prohibidos.

En probar esa intencionalidad radica precisamente una de las principales dificultades y controversias con que topa la acusación de crímenes de guerra. No todos los ataques a civiles pueden considerarse un crimen de guerra porque atacar infraestructuras civiles puede llegar a considerarse militarmente necesario. De hecho, este ha sido uno de los argumentos a los que de forma recurrente acude Israel, que históricamente ha acusado a Hamás de ocultar sus estructuras en escuelas y hospitales y de usar los civiles como escudos humanos. Lo hizo esta misma semana, cuando el Ejército israelí confirmó que el bombardeo del campo de refugiados de Yabalia, con decenas de muertos, tenía como objetivo un comandante de Hamás implicado en el ataque del 7 de octubre.

Pero los crímenes de guerra en este caso están muy claros para varias organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), y para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). «Nuestra determinación sobre la comisión de crímenes de guerra se sustenta en la matanza y toma de civiles como rehenes por parte de grupos armados palestinos, así como el castigo colectivo y bloqueo de Gaza por las fuerzas armadas de Israel, además de abusos graves y sistemáticos cometidos durante años por ambas partes con impunidad», afirma, Bruno Stagno, director ejecutivo adjunto de HRW.

Donatella Rovera, investigadora de AI, se refiere a la prohibición de entrada de combustible en Gaza —necesaria para que funcionen los generadores que alimentan los hospitales y para potabilizar el agua—, previa a la tregua de cuatro días que comenzó el pasado viernes, y a la orden de evacuación del norte de la franja como violaciones graves del derecho internacional. Sobre los bombardeos subraya: «Cada ataque debe ser investigado individuamente, ir caso por caso». «Es imposible investigar tantos bombardeos en un periodo tan corto de tiempo, pero la información que nos ha llegado es que hay indicios muy fuertes de ataques desproporcionados e indiscriminados, lo que puede ser constitutivo de crímenes de guerra», afirma.

La comisionada de de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, anunció que ya se ha abierto una investigación, mientras que el director de la oficina de Nueva York de esta agencia, Craig Mokhiber, renunció al cargo tras denunciar: «Una vez más estamos viendo cómo se desarrolla un genocidio ante nuestros ojos y la organización a la que servimos parece incapaz de detenerlo». La oenegé Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha solicitado formalmente al TPI que abra una investigación por crímenes de guerra, en relación a la muerte de ocho periodistas palestinos en bombardeos israelís en zonas civiles de Gaza y el asesinato de un periodista israelí mientras cubría el ataque de Hamás a su kibutz, el pasado 7 de octubre.

En el TPI están en marcha «investigaciones activas», según afirmó el fiscal del tribunal, Karim Khan, en una visita al paso fronterizo de Rafah. Desde otros frentes, se han recogido pruebas. «Usamos restos de municiones, estudios de trayectoria de proyectiles u otros explosivos, testimonios verbales verificados, otras pruebas o evidencias recabadas en el terreno por nuestros investigadores, imágenes satelitales, y análisis de datos para confirmar la veracidad de los hechos y los elementos necesarios constitutivos de un crimen de guerra», explica Stagno, de HRW.

Palestina es miembro

Solo el TPI es competente para juzgar los crímenes de guerra pero Israel, al igual que EEUU, China o Rusia, entre otros países, no reconoce la jurisdicción del tribunal ni acata sus sentencias. Pero sí es miembro Palestina, desde 2015, que pidió al TPI ese año que investigara la ofensiva de Gaza del año anterior y la expansión de colonias judías en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Tras decidir el TPI que sí tiene jurisdicción sobre Cisjordania, Gaza y la Jerusalén ocupada y tras un «examen preliminar minucioso» que duró cinco años, la entonces fiscal general, Fatou Bensuda, inició una investigación formal. Pero en 2021 dejó el cargo y la investigación quedó en un punto muerto.

Sin embargo, para HRW, hay señales que esperan que «indiquen una priorización real de esta investigación», como afirma Stagno, que se refiere a última visita del actual fiscal a Rafah. Rovera es mucho más escéptica, al denunciar sobre todo «falta de voluntad política de la comunidad internacional para forzar investigaciones».

El TPI no juzga además a estados, sino a individuos, a los que atribuye máximas responsabilidades sobre los hechos que se juzgan. Y al no disponer de un cuerpo capaz de practicar arrestos, depende de los gobiernos extranjeros para hacer cumplir órdenes y arrestar a los acusados.

Pero aún así, las acciones del TPI preocupan, y mucho, al Estado hebreo. Cuando en 2021 inició su investigación, el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, lo consideró un «ataque» a Israel. A su favor juega el tiempo, ya que una investigación puede tardar años en cerrarse, como recuerdan los antecedentes de Libia y Sudán, con solo una excepción: Rusia. En este caso, el fiscal emitió una orden de detención internacional contra el presidente ruso, Vladimir Putin, en marzo pasado, apenas 13 meses después de iniciarse la invasión de Ucrania.

Stagno confía en que se abra la investigación pero aventura que no va a fácil: «Habrá contravientos políticos y diplomáticos de parte de Israel y sus principales aliados. A pesar de que la Corte investiga a todas las partes, probablemente habrá acusaciones de que la investigación es tendenciosa y de que atenta contra Israel». Nada nuevo en estas latitudes.