Definitivamente, y a pesar del nuevo capítulo de notorias discrepancias entre los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, e Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, la reforma del sector energético irá hoy a la reunión del gabinete de Mariano Rajoy. Montoro se ha negado en rotundo a que una parte del déficit de tarifa, en concreto los 1.800 millones de euros de los extracostes de los sistemas eléctricos de los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla, lo soporten los Presupuestos Generales del Estado, tal y como pretendía Soria basándose en una ley del anterior Gobierno. Esa negativa derivará en previsibles subidas del recibo de la luz y recortes a las empresas eléctricas.

El ministro de Hacienda no quiere lastres en su objetivo de conseguir la consolidación fiscal a que obliga Europa. Le espanta la idea de tener que encontrar otros 1.800 millones de euros de ingresos. La lejanía y fragmentación de los territorios insulares y extrapeninsulares encarece el sostenimiento de sus sistemas eléctricos en esa cantidad anual.

En conjunto, el déficit de tarifa que acumula el sistema eléctrico español es de 26.000 millones de euros y avanza a un ritmo de 4.000 millones anuales. El agujero se genera porque los ingresos son insuficientes para cubrir el coste de que todos los ciudadanos tengan luz.

En ningún modo la negativa del Ministerio de Hacienda significa que el suministro eléctrico en las Islas se vaya a resentir, pero sí que el extracoste deberán asumirlo los ciudadanos de todo el país, vía recibo, y las empresas del sector, con recortes en las retribuciones que reciben del Estado por las actividades reguladas que desempeñan. El mantra repetido por el ministerio que comanda Soria es que la minoración de las transferencias a las empresas no traspasará el umbral de la rentabilidad razonable, principio contenido en la ley.

Sin embargo, el desencuentro puede encerrar matices y los dos ministerios podrían haber alcanzado algún tipo de acuerdo intermedio que no deje a ninguno de los dos departamentos insatisfecho del todo. Según diversas fuentes citadas por Efe, Hacienda asumiría alrededor de la mitad de los 1.800 millones de euros, lo que en cualquier caso continuaría suponiendo una sobrecarga para las economías domésticas y empresariales, aunque más moderada.

Tras una elaboración marcada por el hermetismo, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, mantuvo ayer encuentros con directivos de las eléctricas de Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, E.ON y EDP) y de otras empresas con fuerte presencia en renovables como Acciona o Abengoa para comunicarles cómo les va a afectar el paquete normativo, dividido en un real decreto ley de medidas de sostenibilidad financiera, un anteproyecto de ley del sector eléctrico y ocho reales decretos.

Entre estos últimos se encuentra uno de los secretos mejor guardados en las últimas semanas, como es la retribución que percibirán los adjudicatarios de los 440 megavatios de potencia eólica del concurso convocado por el Gobierno de Canarias en 2007. Según fuentes del Ministerio, la cifra está en el documento y permitirá la puesta en marcha de los aerogeneradores en las Islas, pero según fuentes del Gobierno canario su última propuesta no ha sido contestada.

Terceros consultados señalaron que la cifra estará más cerca de los 89 euros por megavatio a la hora solicitada por los inversores, que de los 76 euros ofertados por Alberto Nadal hace unas semanas.

También está previsto que se lleve a la reforma el balance neto, el mecanismo que permitirá el autoconsumo energético en viviendas y pequeños comercios y por el que se podrán vender los excedentes al operador del sistema.