El Gobierno canario allana el camino a 19 parques eólicos
El Comité de Inversiones del Ejecutivo ha decidido declararlos proyectos estratégicos para la comunidad, por lo que reducirá a la mitad sus plazos de tramitación
El Comité de Inversiones del Gobierno de Canarias ha decidido este lunes 7 de diciembre declarar proyectos estratégicos para la comunidad autónoma 19 parques eólicos en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, lo que en la práctica reduce a la mitad todos sus plazos de tramitación.
En Gran Canaria, obtienen esa calificación los parques de Llanos de Botija I y II, en Gáldar; Concasur 2 y Montaña de Arinaga, en Agüimes; y Santa Lucía del Mar, en Santa Lucía de Tirajana, según ha informado el Ejecutivo canario, en un comunicado.
En Tenerife, son siete los parques beneficiados por esa figura: Tagoro Risco Blanco, en la Victoria de Acentejo, y La Manteca, Laja Blanca, Hoya de Lucas, Lomo La Jaca, Bermejo y Vera de Abote", en Arico.
En el caso de Fuerteventura, los tres parques impulsados como proyectos estratégicos se encuentran en Puerto del Rosario: Solana de Tesjuate, Piedra de Sal I y La Sal II.
Finalmente, se obtienen una tramitación abreviada en Lanzarote los parques de Teguise, Arrecife, San Bartolomé y Punta de los Vientos (también en Teguise).
Todas estas inversiones privadas se beneficiarán de las previsiones que dispone la Ley canaria sobre tramitación preferente de inversiones estratégicas de 2015
Así, estos proyectos pasarán a ser tramitados en la mitad de tiempo en los procedimientos administrativos previstos en la normativa de cualquier administración publica canaria, salvo en los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, los procedimientos de concurrencia competitiva y los de naturaleza fiscal.
La ley también establece que en la tramitación, aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico, cuando tenga por objeto exclusivo obras e instalaciones de inversiones declaradas de interés estratégico, los plazos también se reducirán a la mitad.
Igualmente, se reducen a la mitad los plazos para el otorgamiento de cualquier licencia que resulte necesaria para la ejecución, apertura o funcionamiento de dichas obras e instalaciones, salvo en las que la normativa estatal lo impida.
De igual manera ocurrirá con los plazos establecidos para los procedimientos medioambientales, recuerda el Gobierno.
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