La expansión del Grupo Jesuman a Gran Canaria puede salir muy cara a sus administradores. La Fiscalía de Las Palmas solicita una pena de doce años de cárcel para cada uno de los tres hermanos propietarios de una de las principales empresas de alimentación de Canarias. Juan Jesús, José Manuel y José Ignacio Hernández Pérez se enfrenta a esa petición, mientras que para Iván Hernández Perera, hijo de uno de ellos y sobrino de los otros dos, le piden 17 años y medio de cárcel.
En el escrito de acusación del caso Jesuman, el fiscal les acusa de tres delitos: estafa, estafa agravada y alzamiento de bienes. Los acusados también tedrán que hacer frente a unas multas de entre 43.000 y 63.000 euros y pagar, como responsabilidad civil, el dinero que el grupo empresarial adeuda a sus proveedores de Gran Canaria, que denunciaron esta presunta estafa, y que suma más de trece millones de euros. Para uno de los empleados del Grupo, que permanecía imputado hasta el momento, solicita el archivo de la causa.
El caso se inició hace cinco años después de aunar siete denuncias de otros tantos empresarios afectados por los impagos tras el cierre de los supermercados Cerca. El Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas llevó a cabo la instrucción, a la que se sumaron nuevas denuncias más una investigación de la Guardia Civil y otra de la Agencia Tributaria. El caso está listo para ser juzgado por parte de la Audiencia Provincial. Las acusaciones particulares piden hasta 24 años de cárcel y añaden los delitos de insolvencia punible, estafa procesal, falsedad documental, apropiación indebida y delito societario.
El grupo empresarial fue fundado en 1976, da empleo a más de 1.500 personas, factura más de 170 millones de euros y mantiene en la actualidad medio centenar de establecimientos abiertos al público bajo las marcas Alteza, Tu Trébol, La Hucha o Cash and Carry. El fiscal describe, en su escrito de acusación, que los tres administradores quisieron expandir el negocio de Tenerife a Gran Canaria "con inequívoco ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito y sin riesgo alguno, ya que lo harían a costa de la mayoría de sus proveedores". En el año 2000 crean la sociedad 2021 Alimencanarias y otras cuarenta sociedades instrumentales que aparentemente eran sus filiales, para poner en marca los supermercados Cerca. Para ello llegaron acuerdos con proveedores de "que accedieron a ello con la seguridad y confianza que daba el Grupo Jesuman", según el relato del fiscal. En la acusación se describen trece casos que van desde empresas de mantenimiento a empresas de repostería, construcción, fertilizantes, productos cárnicos, instalaciones eléctricas, publicidad y diseño, granjas avícolas o inmobiliarias. A mediados de 2006 los supermercados abandonan la actividad, despiden a cientos de trabajadores y los proveedores dejaban de cobrar o recibían pagarés adscritos a cuentas corrientes sin fondos. De forma paralela, según la Fiscalía, se habían ido transfiriendo los ingresos de los supermercados al Grupo Jesuman, y el que aparecía como responsable del entramado empresarial, Iván Hernández, se traslada a vivir a China. El Juzgado llegó a dictar una orden internacional de detención contra él, y acabó presentándose en el Juzgado para declarar.
Jesuman alegó, entonces, que no tenía nada que ver con Alimencanarias pero la acusación considera probado que se simuló una compraventa de las acciones de esa sociedad por 2,7 millones de euros y que esa operación permitió a Comercial Jesuman, que tenía solvencia para afrontar los pagos, desvincularse de las deudas, que alcanzan los trece millones de euros.
La mayor parte de la deuda la acumulan cuatro sociedades que reclaman 4, 3,6 y 3 millones, mientras que a otros proveedores se les adeudan cantidades que van desde el millón de euros hasta los 20.000 euros.
La Fiscalía también pide que, en caso de que se les condene, se libre testimonio contra ellos para abrir otra causa por estafa procesal por presentar el documento de compra de acciones de Alimencanarias en agosto de 2006 dentro de un juicio por el despido de los trabajadores. Eso les permitió eludir el pago de las indemnizaciones, que tuvo que asumir el Fondo de Garantía Salarial.
Otro caso en Arona
Los administradores de Jesuman también tienen abierto otro procedimiento en un Juzgado de Arona, en Tenerife, por causas similares. El juez instructor ha ordenado recientemente a la Guardia Civil que investigue su entramado societario. Este caso se inició por la denuncia de un empleado que llevó la gerencia de algunas de las sociedades de las que dependían los supermercados Puchita, que se abrieron tras el cierre de las tiendas de Gran Canaria. Jesuman se desentendió, presuntamente, de una deuda de más de 1,3 millones de euros.
