La Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (Carue) acordó ayer crear un grupo de trabajo entre los gobiernos estatal y autonómicos para relanzar el organismo, creado en 2004 e inoperativo desde 2011, y convocar dentro de dos meses una nueva reunión monográfica so-bre el abandono del Reino Uni- do (brexit).

El encuentro contó con la presencia de la número dos del Gobierno y ministra de Presidencia y Administraciones Públicas, Soraya Sáenz de Santamaría, junto a representantes de las 17 comunidades autónomas. El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, valoró tanto la constitución de un "mecanismo de conexión" entre las administraciones estatal y autonómico como el próximo encuentro sobre el brexit, un asunto de "especial sensibilidad" para el Archipiélago.

Precisamente, Ortega destacó durante la reunión en el Senado la existencia de una comisión de seguimiento del brexit en Canarias, con la participación de los agentes sociales, para analizar los datos y proponer acciones. No en vano, el consejero autonómico de Economía recordó las repercusiones de la desconexión entre Londres y Bruselas en los sectores turístico y agrícola, entre otros, del Archipiélago.

Los participantes en la Carue trabajaron sobre la probabilidad de que Gran Bretaña presente la solicitud formal de abandono de la UE el 9 marzo, según informaron desde la Consejería de Economía mediante una nota de prensa. Antes de 2019, las autoridades británicas deberán presentar un acuerdo de retirada para abordar cuestiones como la residencia o la financiación, un texto que puede afectar a las actuales perspectivas e incluso al pago a las comunidades autónomas entre 2020 y 2023

El Ejecutivo también aprovechó la reunión de la Carue para informar a las autonomías sobre el futuro acuerdo comercial que se establecerá entre la Unión Europea y Gran Bretaña, con una duración aproximada de cinco a siete años. El acuerdo negociará asuntos como la libre circulación de trabajadores y de otras personas (estudiantes y jubilados), la movilidad de mercancías (Gran Bretaña apuesta por diferenciar productos agrícolas y pesqueros de otros bienes), servicios financieros, instituciones comunitarias en el Reino Unido (Agencia Bancaria y Agencia Europea del Medicamento), la cooperación policial y judicial, la colaboración educativa y científica, y la situación específica de Gibraltar, según las mismas fuentes del Gobierno canario.