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Análisis

Luces largas sobre la desigualdad

La Comisión Europea afea a España el aumento de la brecha de renta entre ricos y pobres. Canadá y Finlandia, más prósperos e iguales que nosotros, ensayan la renta universal; aquí la desautorizamos ya alegando que subirían los impuestos

Luces largas sobre la desigualdad

Luces largas sobre la desigualdad

Miguel de la Fuente, experimentado economista, recordó recientemente, hablando de su profesión, que la economía es una ciencia social que estudia la generación de riqueza y cómo se distribuye. Es una entre varias definiciones posibles y que viene a cuento del juicio que acaba de emitir la UE sobre la situación de España: el PIB crece, sí, pero el reparto de la riqueza generada está acentuando la desigualdad en renta de los hogares. Considerando el indicador que utiliza la Comisión Europea (comparación entre los ingresos que concentran el 20% más rico y el 20% menos rico), el país comparte la peor posición con Grecia, Bulgaria y Lituania.

España forma parte del tercio de los Estados miembros que no han recuperado los niveles de igualdad previos a la crisis, dinamitados aquí por la explosiva destrucción de trabajo de la Gran Recesión. Aunque recuperación iniciada en 2014 está reduciendo la tasa de paro, las ganancias de empleo no llegan a una parte no menor de los ciudadanos -a menudo parados de larga duración con una modesta cualificación- y la baja calidad de muchos contratos acentúa las diferencias de renta, desgastando el tamaño de la clase media y alimentando el del precariado: parados, trabajadores temporales o con puestos a tiempo parcial no deseados, ocupados de la economía sumergida...

En su lenguaje, Bruselas apunta que esa desigualdad "genera preocupación por la inclusión social y el crecimiento sostenible". Más crudamente puede afirmarse que, si se mira el problema con luces largas, un crecimiento que tiende a polarizar a los ciudadanos entre ricos y pobres, combinado con la propensión a reducir el papel del Estado y de los impuestos y del gasto social para redistribuir (a través de la educación, la formación de los parados, la sanidad, las prestaciones para reducir la pobreza...), es un billete hacia la quiebra económica del Estado del bienestar y de la democracia liberal.

Jugárselo todo a que la mano invisible del mercado cree y reparta de forma equitativa el empleo y la renta es tan insuficiente como pensar que la desigualdad se arregla simplemente con más dinero público. Que España tenga un problema crítico de abandono escolar temprano o un severo déficit de eficacia en el gasto social para reducir la pobreza, como también retrata la UE, puede atribuirse en parte pero no únicamente a la cantidad de los recursos. Tengo pocas dudas de que nos iría mejor, por ejemplo, con menos inversión en trenes AVE y más en colegios públicos bilingües.

Es un debate económico de creación y distribución de la riqueza con una carga ideológica que en España se exacerba más que en otros lugares. Pongamos un ejemplo: mientras Canadá o Finlandia ensayan la creación de una renta básica universal (ante la expectativa de un aumento de la desigualdad por la globalización que acentuarse con la digitalización y la robotización de la economía), aquí el Gobierno lo despacha ya diciendo que habría que subir mucho (el 20%) los impuestos. Ellos, más iguales y prósperos que nosotros, conducen con las luces largas. España no.

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