El gobernador del Banco de España (BdE), Luis María Linde, apuesta por adoptar medidas "radicales" a largo plazo para afrontar el problema de la sostenibilidad de las pensiones, que centró en tres aspectos: desempleo, envejecimiento de la población y aumento de la esperanza de vida. Por lo que "no habrá mejor política a corto plazo para afrontar este problema que el estímulo del empleo y de la productividad del sistema". Linde realizó esa valoración durante un encuentro en Santa Cruz de Tenerife con directivos y empresarios canarios organizado por la Asociación Española de Directivos (AED) con la colaboración de CaixaBank.

En esa línea, Linde apuntó que la mayoría de los jubilados en España posee una vivienda en propiedad, por lo que "han ahorrado comprando casas más que en fondos de pensiones e inversiones". La media de jubilados titulares de una casa en España está 20 puntos por encima de Alemania lo que significa, subrayó, que los españoles "han ahorrado comprando casas y eso tiene un efecto real muy importante, no pagar el alquiler".

Desde su punto de vista "la renta en especie es una parte importante de la pensión y, aunque no se suele mencionar, es una realidad", dado que "no es lo mismo pagar un alquiler de 600 o 700 euros al mes que una comunidad de 100 euros".

Esas valoraciones encontraron respuesta, casi de inmediato, en el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, que acusó al gobernador del BdE de "no tener ni idea" de lo que le cuesta a un jubilado vivir, ya sea solo, en pareja o manteniendo a hijos o a hijos y nietos.

Álvarez, en declaraciones a La Sexta, señaló que "no respetar el papel fundamental de nuestros pensionistas para sostener la sociedad en los últimos años es una desvergüenza. El gobernador del Banco de España debería tener en cuenta que un país que no es digno con sus mayores no es un país digno".

En su opinión, Linde, con estas palabras, "ha vuelto a las andadas" y sostuvo que si el Banco de España "se hubiera dedicado a controlar a los bancos, no se hubieran perdido los miles de millones que han costado a los contribuyentes las fiestas de las cajas y de otras entidades", concluyó Álvarez.

Con miles de pensionistas en las calles reclamando un incremento de sus pagas más allá del 0,25% establecido legalmente y con los partidos de la oposición y los sindicatos dispuestos a dar la batalla, el debate político alcanzó ayer tono de bronca.

Las protestas coincidieron con una reunión ordinaria en el Congreso de la Comisión del Pacto de Toledo, donde se analiza desde hace quince meses la situación del sistema público. Aunque la sesión fue a puerta cerrada, se supo que hubo choques verbales que llegaron a ser gritos entre miembros del PP y de la oposición de izquierdas, que forzó una próxima reunión centrada en el mecanismo de revalorización de las pensiones, contra la opinión del partido de Gobierno. Su presidente, Mariano Rajoy, anunció ayer, ante la escalada de la tensión popular y sus repercusiones políticas, que comparecerá, "en diez o doce días", en un pleno de la Cámara baja dedicado a las pensiones.

En declaraciones a Telecinco, Rajoy señaló que Podemos le ha pedido que comparezca para hablar sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero precisó que él quiere "un debate general" sobre el asunto.

El presidente aseguró que "entiende perfectamente" las reivindicaciones, pero "aún no hay recursos para subirlas más. Eso llegará si somos capaces de mantener esta política económica", lamentó.

En esa línea, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, incidió en que "la idea" del Gobierno es que las pensiones públicas puedan subirse "lo máximo que pueda permitir el sistema", por lo que abogó por analizar en el Congreso "hasta dónde se puede llegar y de dónde se pueden obtener recursos".

Tanto PSOE como Unidos Podemos reclaman que en ese pleno permita votar propuestas de resolución. Margarita Robles, portavoz socialista, exigió al Gobierno "que haga propuestas concretas. No vamos a aceptar nada que no comporte la revalorización de las pensiones al IPC", mientras que el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, apuntó que "es necesario que el Congreso, aparte de opinar, acuerde algo", rehusando entrar en un debate "torticero" sobre si Rajoy ha anunciado su intención de acudir a la Cámara "porque quiere" o presionado por las peticiones de la oposición.

Los pensionistas volverán a la calle el 17 de marzo.