Los freseros canarios exigen la aplicación del Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías a la fresa foránea para evitar el desmantelamiento del cultivo local para competir "en igualdad de condiciones", pues el coste de producción de los agricultores isleños es de dos euros o dos euros y medio y el de los peninsulares, su principal competidor, unos ochenta o noventa céntimos. "Aquí estamos en un país dentro de un país. La calidad nuestra es muy buena, pero el precio es el problema", apunta Juan Miguel Gil, presidente de la Asociación Frescanarias.
El análisis de la evolución de la producción local frente a la importación arroja que el crecimiento de la compra de fresas frescas del exterior avanza con mayor brío. En 2016, el Archipiélago tenía 60,2 hectáreas de superficie dedicada al cultivo de la fresa, tal y como reflejan los datos más actualizados publicados por el Instituto Canario de Estadística (Istac), un 18,97% más que en 2010 y 2,7 hectáreas menos que un año antes. Hace dos ejercicios, la producción ascendió a 2.007 toneladas, un 7,68% menos que en 2015 pero 515 toneladas más que en 2012. Más de la mitad de la cosecha, un 61%, se recolecta en Gran Canaria. En cambio, el crecimiento de la importación entre 2012 y 2017 fue del 31,51%, ya que de 1.328 toneladas se pasaron a 1.746, según datos facilitados por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Ejecutivo regional.
El pasado ejercicio, la Asociación Frescanarias presentó ante la Viceconsejería regional de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea un escrito en el que se explica la necesidad de que se grave la fresa que llega de fuera de las Islas para promover e incentivar el producto local, una medida que aún se encuentra en estudio por parte del Ejecutivo regional. Gil expone que la calidad de este fruto canario es mejor. Y no solo por su mayor frescura en el punto de venta -las foráneas, según indica, pasan al menos cinco días en cámara hasta que llegan al lineal-, sino también por el grado de maduración que presentan. "La nuestra es más dulce porque la cogemos al 90% de maduración y no tan verdes como las otras, que las recolectan así para que aguanten más", señala Gil.
Estos factores, según indican los productores, son los que mantienen a las fresas canarias en el mercado, pero temen que la diferencia de precios entre una y otra termine echando por tierra el esfuerzo del sector por subsistir porque el criterio económico pesa mucho en la decisión que toma una persona a la hora de comprar. Así, por ejemplo, un consumidor tenía que pagar ayer 98 céntimos por medio kilo procedente de la Península en una gran superficie comercial frente a los 2,40 euros que tenía que desembolsar por 500 gramos de la fresa recogida en las Islas. "Cada vez más los costes suben y los precios bajan. La gente abandona porque no les da para seguir", lamenta el presidente de Frescanarias.
Valsequillo, el municipio de medianías de Gran Canaria, es la principal localidad productora del Archipiélago. Su alcalde, Francisco Atta, ya ha dado todo su apoyo al sector para lograr que el AIEM se aplique en la fresa foránea a partir de 2021, año en el que tiene que estar aprobada la propuesta que se presente en la Comisión Europea (CE). "El objetivo es poder equilibrar los precios de forma que el consumir elija el producto en función de que es canario", sostiene.
Los freseros isleños exigen que el tipo que se aplique a la fresa procedente de otros territorios sea del 15% o 20%. Ahora bien, los productores locales aseguran en el escrito que recoge su propuesta que no pretenden vetar las producciones foráneas, sino "subsistir de la agricultura" vendiendo sus fresas "a precios que permitan un mínimo margen de ganancia".
En caso de que se lleve a cabo esta medida, el sector fresero del Archipiélago cree que se podrá lograr la supervivencia de los pequeños agricultores, la atracción de nuevos y jóvenes productores, la ampliación de la temporalidad del cultivo -y, por ende, de la cosecha local-, la potenciación de la diversificación de los cultivos de Canarias y el impulso del paisaje rural.
El fomento de la producción de la fresa también beneficia al mercado laboral y al tejido industrial. Según los cálculos de los propios productores, por cada hectárea de cultivo se generan unos seis puestos de trabajo, pero además se crea la oportunidad de que se creen industrias paralelas, como la de la congelación de fruta destinada a la elaboración de yogures o helados, o la de productos de transformación, como mermeladas, licores o conservas.