Las compañías aéreas no están dispuestas a someterse a un estriptis de información sensible para sus intereses comerciales por el mero hecho de que haya entrado en vigor el descuento del 75% en los billetes de residentes para los viajes entre Canarias -y Baleares, Ceuta y Melilla- y la Península. Con más razón, entienden, cuando ni siquiera hay argumentos que pudieran justificar la necesidad de que las empresas pongan sus datos bajo la luz pública más allá de las quejas de determinados ciudadanos. Ciudadanos que en muchas ocasiones desconocen las entrañas del negocio y los pormenores de la aplicación de la bonificación del 75%, puntualizan. Así pues, las empresas no se oponen a la vigilancia que el Ministerio de Fomento hace de sus tarifas ni tampoco a los observatorios que las instituciones pongan en práctica -"porque nuestros precios son públicos, están ahí, en nuestra propia web", resumían desde una de las aerolíneas que más vuelos operan entre las Islas y la Península-, pero cosa distinta es que dudas que ven infundadas conviertan a España en una excepción en Europa, donde no hay publicidad de datos más allá de los precios ofertados. Y normativas como la de protección de datos, por ejemplo, están de su parte, pero también la información que manejan las propias agencias de viajes, desde cuya patronal -independiente de las aerolíneas- niegan de plano que las compañías hayan subido los precios artificialmente por el 75%. Nada anormal han detectado.
La Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ya ha solicitado formalmente al Ministerio de Fomento que ponga en marcha, a través de la Dirección General de Aviación Civil, un observatorio de precios que sirva para descubrir eventuales subidas artificiales por parte de las compañías aéreas aprovechando el incremento de la bonificación al 75%. El Ejecutivo que preside Fernando Clavijo se ampara para su petición en la ley de Presupuestos Generales del Estado, que establece que las autoridades competentes "velarán" para evitar incrementos de precios que no obedezcan a razones de mercado. Desde la consejería exponen que han pedido al Ministerio que dirige José Luis Ábalos que el observatorio "funcione" y que, además, "haga públicos los datos", ya que la transparencia "otorga garantías".
Lo cierto es que tanto Pablo Rodríguez como también la portavoz y consejera de Hacienda del Gobierno canario, Rosa Dávila, han insistido en que en el Gabinete autonómico no hay constancia alguna de subidas artificiales de precios, si bien no menos han insistido en que es Aviación Civil el organismo público que verdaderamente puede despejar las dudas, básicamente porque es el que dispone de los datos que le suministran las empresas de aviación. Pero ¿qué datos son, exactamente, los que permitirían despejar las dudas?
Germán Blanco, consultor en materia de Transportes y socio de Control y Gestión, la firma que elaboró para el Ejecutivo regional el estudio que concluyó que la medida más beneficiosa para los bolsillos de los canarios sería la bonificación, también, de las tasas aéreas -el descuento del 75% se aplica a la tarifa, pero no a las tasas, y el precio final incluye ambos conceptos-, explica que, en esencia, el dato en cuestión es uno: el precio medio por ruta, o dicho de otro modo, el ingreso medio por pasajero para cada compañía y ruta. "Eso es lo que pide conocer el Gobierno de Canarias" en términos más técnicos, precisa el experto.
Petición repetida
Y en realidad no se trata de una petición nueva. Ya en 2013 publicó la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) su particular Observatorio de transporte aéreo. Las tarifas en el mercado español de transporte aéreo, un trabajo en el que colaboraron investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en el que se advertía que lo ideal sería "poder disponer de la variable de ingreso medio por pasajero para cada compañía y ruta". Y a continuación se puntualizaba que en Europa "estos datos no son públicos". "Sería muy deseable que en nuestro país -y por supuesto a nivel europeo en un contexto de mercado único de transporte aéreo- pudiésemos disponer de bases de datos similares. Con ello no solo se contribuiría a la transparencia del sector, sino que facilitaría su análisis y la adopción de medidas de regulación si fuese necesario", se apuntaba en la investigación de Fedea y la universidad grancanaria.
A la petición del Gobierno regional, que no es nueva ni exclusivamente suya, para que se conozcan estos datos se han sumado también los empresarios. El presidente de la patronal hotelera Ashotel, Jorge Marichal, hizo hincapié en la necesidad de que, en primer lugar, el observatorio de precios funcione "con seriedad", analizando las tarifas medias, las tarifas puntas, etcétera; y en segundo lugar, que se dé publicidad a esa información para evitar suspicacias y, en caso de que se detecten anomalías en el comportamiento de los precios, "actuar en consecuencia".
Ocurre, sin embargo, que la negativa de las empresas a difundir esa información no es caprichosa, sino que tiene que ver, en lo formal, con el carácter privado de esos datos, y en el fondo, con el riesgo de que la publicidad de esa información con nombres y apellidos deje al descubierto su política comercial. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, quedando patente a ojos de los competidores que determinada ruta es deficitaria, es decir, que le está provocando pérdidas a la compañía, cuando a lo mejor lo que busca la empresa es abrir mercado aun cuando esté asumiendo pérdidas en ese trayecto en concreto.
El RITA estadounidense
Sin embargo, Germán Blanco precisa que, a diferencia de en Europa, en Estados Unidos sí hay un organismo -el Research and Innovative Technology Administration (RITA)- que recopila la información para una base de datos pública con los ingresos medios por pasajero y ruta. Eso sí, el RITA toma como referencia una muestra del 10% del total de billetes vendidos por líneas aéreas estadounidenses. Sea como sea, el consultor cree que el modelo norteamericano es perfectamente importable a España y Europa para "transparentar" un sistema de tarificación "enormemente complejo" y en el que a ojos del ciudadano profano en la materia "en ningún momento es posible saber qué es lo que estás pagando".
En cualquier caso, están los límites de la protección de datos, que juegan en favor de las aerolíneas, de ahí que Blanco abogue por llegar a una solución intermedia, con el sí de las empresas, para conjugar la exigencia de confidencialidad con la transparencia, lo que ayudaría a desterrar "falsas impresiones" y, en definitiva, a acabar con la sombra de la duda que se ha instalado sobre las compañías.
Desde el sector, y más concretamente fuentes de las aerolíneas que operan rutas Canarias-Península, recalcaron que la evolución de los precios es "fácilmente comprobable" -de hecho el Cabildo de Tenerife acaba de anunciar que pondrá en marcha su propio observatorio- e igualmente hicieron hincapié en que a ninguna de las empresas le conviene una subida de precios con la competencia tan grande que existe en estos momentos, con la friolera de 417 vuelos semanales entre el Archipiélago y el territorio peninsular y, en términos de capacidad aérea, 4,8 millones de asientos programados a fecha del pasado abril. Es más, hay compañías, como, por ejemplo, Iberia Express, que ya han anunciado que incrementan sus plazas en los vuelos Canarias-Península, en su caso hasta un 11%, por el crecimiento de la demanda.
En definitiva, la preocupación en las compañías estriba en que "una cosa es observar los precios y otra publicar datos sensibles" que puedan dejar al descubierto la estrategia comercial o la contabilidad de costes de las empresas. En este sentido recuerdan que en el ingreso medio entran muchas variables: desde el precio de los combustibles para mover el avión hasta la factura de las tareas de limpieza.
No han subido los precios
El Ministerio de Fomento, por su parte, se ha limitado a recordar que Aviación Civil ya lleva a cabo un seguimiento de la evolución de las tarifas aéreas que pagan los residentes canarios, baleares, ceutíes y melillenses, y que el incremento de la bonificación del billete hasta el 75% ha dado lugar a "un especial seguimiento". No obstante, el Ministerio precisa, sobre el caso de las rutas a las que les afecta la subvención a los residentes, que "no se dispone todavía de la información", ya que las compañías tienen un plazo de dos meses para liquidar la subvención.
Sea como sea, no solo las propias aerolíneas niegan de plano cualquier incremento abusivo de los precios, sino que la afirmación la secundan los datos de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), que viene haciendo su propio análisis desde la entrada en vigor del 75%. "No se han subido los precios", zanja su presidente, Rafael Gallego, quien insiste en el carácter "privado" de una información que, como tal, entiende que las aerolíneas no quieran publicar. "¿Por qué entonces no tendrían que publicarla también las cadenas hoteleras, por ejemplo?", se preguntó Gallego.
