Terminó la situación de alegalidad en la que se encontraba el autoconsumo eólico asociado a la agricultura. El decreto-ley de medidas urgentes para la transición energética aprobado por el Consejo de Ministros hace tres semanas ha sacado del limbo jurídico en el que han vivido dos años y medio las instalaciones que surten de energía a las pequeñas desaladoras de las que se obtiene el agua destinada al riego.
Así lo explicó ayer el jefe de sección del Departamento de Energías Renovables del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Daniel Henríquez, durante su intervención en la jornada sobre los avances y futuro de las fuentes limpias organizada por la Asociación Espacio Forum Gran Canaria.
La entrada en vigor -en abril de 2016- del decreto 900/2015 sobre autoconsumo elaborado en tiempos del ministro José Manuel Soria dejó fuera de juego a los productores agrícolas que decidieron reducir costes desalando agua mediante la inversión en aerogeneradores. El artículo 5.2.a les impedía tener más potencia instalada en sus molinos de la que contrataban con el operador eléctrico. Como el viento no sopla de manera continua, el camino a la rentabilidad exigía duplicar esos kilovatios.
Lograr precios asumibles para el mercado de la totalidad del pepino de exportación, el 70% del plátano y el 50% del tomate depende de esta manera de obtener el agua. El ministerio reconoció el error y dejó fuera de los efectos a las instalaciones anteriores a la entrada del decreto sobre autoconsumo. Pero se trataba de una decisión política susceptible de revisión, con la ley en la mano no tenía cabida ninguna de las existentes.
El Gobierno del PP aseguró que autoenmendaría su propio decreto con otro posterior que nunca llegó. De manera que el decreto-ley presentado por la actual ministra de Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera, ha acabado con la inquietud.
"Buenísimas noticias"
"Son buenísimas noticias", señaló ayer el presidente de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), Rafael Martell, uno de los que dieron la voz de alarma hace poco menos de tres años. Aunque nunca se tomaron medidas contra los agricultores, todos los que se habían decantado por el autoconsumo asociado a la desalación "estaban fuera de la ley", recalcó.
En negociaciones de los nacionalistas canarios -Coalición Canaria y Nueva Canarias- con el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, se trató este asunto, que parecía maldito, dado el escaso éxito en la pelea por devolver al cumplimiento de las normas a quienes habían quedado fuera de juego de un día para otro.
Por otro lado, durante su ponencia de ayer, Daniel Henríquez explicó las oportunidades que abre el nuevo decreto para impulsar el autoconsumo. Ya no es obligatorio inscribirse en un registro para tener, por ejemplo, una instalación fotovoltaica en la cubierta de una casa o de un edificio. Tampoco es necesario instalar un segundo contador para contabilizar la energía generada y ese era "uno de los grandes lastres", según palabras del experto del ITC, que contenía la norma anterior. "Eso va a reducir en mucho los costes, sobre todo en el autoconsumo residencial", expuso Daniel Henríquez.
Además, ahora se permite el uso de baterías de almacenamiento y aunque no se recoge el balance neto de manera explícita, "abre la puerta" a esta modalidad que permite verter a la red el excedente de energía y recuperar una cantidad de kilovatios hora igual cuando se necesite. A este respecto, Henríquez señaló que es preciso estudiar los "problemas que puede tener" el sistema eléctrico.
