El ministerio de Fomento avanzó ayer que ha reforzado el control sobre las tarifas aéreas en las rutas entre Canarias y Baleares con la Península ante informes aparecidos de un supuesto incremento injustificado de los precios desde que el pasado mes de julio se empezara a aplicar el 75 % de descuento a residentes. Además, ultima un cambio en los sistemas de reserva y venta de billetes para evitar que el conocimiento previo por parte de las compañías de si el viajero es residente o no les ofrezca la posibilidad de actuar sobre la tarifa y apropiarse así de forma indirecta del descuento destinado a los usuarios.
Las sospechas de que la entrada en vigor de los nuevos descuentos ha propiciado una escalada de los precios de los billetes aparecieron desde el primer momento, pero nunca hasta ahora se habían presentado datos concretos que demostraran que quien realmente se aprovecha de la medida sean las compañías aéreas y no los viajeros. Un informe de las Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) sostiene que entre julio y octubre de este año se han incrementado los precios un 28 % de media, una conclusión a la que han llegado tras analizar el coste de 4.500 billetes y compararlos con el mismo periodo del año pasado. Otro estudio de un profesor de la Universidad de Baleares, Aleix Calveras, también arroja datos que avalarían esa subida injustificada de precios.
Ante las conclusiones de uno y otro, el Gobierno de Baleares ha exigido ya a Fomento y a la a Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) que tomen cartas en el asunto e investiguen si hay distorsión en los precios.
Desde Fomento se asegura que se está llevando a cabo "una continua labor de seguimiento para constatar el adecuado funcionamiento de los mercados aéreos, incluyendo el nivel medio de los precios, y con especial atención a las rutas no peninsulares". Además, se asegura que ese control y vigilancia se ha "reforzado" en los últimos meses debido precisamente a la entrada en vigor de las nuevas bonificaciones.
De forma paralela a esta "tarea", el departamento que dirige José Luis Ábalos recuerda que se sigue trabajando en la "mejora de los procedimientos de reserva y venta de billetes" de manera que la introducción de la condición de residente cuando se hace la compra de los mismos por parte del viajero "no se realice hasta el último momento", medida que, según el ministerio, "requiere de un instrumento legal para su aplicación y que implantaremos próximamente". Se trataría así de poner freno a la práctica de las compañías aéreas de conocer de forma previa a la reserva o compra del billete si el viajero es residente, para, en ese caso, aplicar supuestamente una tarifa mayor y trasladando así al Estado la diferencia de coste respecto a la del usuario no residente. La consecuencia es que el precio sería similar para ambos viajeros, quedándose la compañía con la diferencia a costa del erario público.
Fomento también asegura que desde la dirección general de Aviación Civil, que gestiona el sistema de bonificación de billetes a los residentes, "se ha contactado con la CNMC para poner en marcha mecanismos de colaboración en la detección de comportamientos contrarios a la normativa sobre competencia".
El Gobierno de Canarias no secunda por ahora las denuncias hechas desde Baleares al no contar en su caso con pruebas que demuestren esas prácticas abusivas. El vicepresidente y consejero de Transportes y Obras Públicas, Pablo Rodríguez, señaló ayer que por el momento "no hay ningún dato objetivo que nos permita deducir una subida significativa de los precios", aunque reconoció que sí se están produciendo denuncias de viajeros a través de las redes sociales. Razón por la que ya se han dirigido por carta al ministerio y a la dirección general de Aviación Civil "para que nos den acceso al Observatorio de Precios y comprobar si hay comportamientos irregulares por parte de las compañías". Esta demanda de información no ha sido satisfecha por ahora.
Rodríguez señala que lo que sí está claro es que desde la entrada en vigor del 75 % de descuento a residentes se ha producido un incremento notable de la demanda de billetes -según datos del ministerio en torno al 50 % en los dos archipiélagos- una circunstancia que, si no conlleva a su vez un incremento de la oferta, sí puede producir un incremento tarifario al menos en las últimas plazas disponibles. Por eso, el consejero sí exige a las compañías un aumento de las plazas en las rutas a la Península.
Más competencia
El consejero asegura no obstante que los corredores aéreos entre Canarias y la Península tienen un comportamiento muy diferente al del archipiélago balear porque "operan más aerolíneas y hay mayor competencia", lo que podría justificar que un distinto comportamiento del mercado.
El vicepresidente canario apuntó su intención de ponerse en contacto con el consejero balear de Movilidad, Marc Pons, para que le explique los informes en que se han basado las denuncias que se han hecho llegar a Fomento y a la CNMC, y para hacer un frente común en el objetivo de tener acceso a los datos del Observatorio de Precios del ministerio. "El objetivo es siempre garantizar que la bonificación vaya siempre al bolsillo de los ciudadanos, no al de las compañías", asegura Rodríguez.
Respecto a la posibilidad de establecer precios máximos en las rutas a la Península para evitar que se incluya la bonificación en la tarifa, tal como también ha solicitado el Gobierno de Baleares, Rodríguez afirmó que él mismo ya trasladó un estudio de esa medida a Bruselas, pero "no sólo queremos garantizar que no haya subida injustificada de precios, sino calidad en el servicio y plazas suficientes para cubrir la demanda".
