España, la cuarta economía del euro, fue el único de los grandes países de la Unión Europea que careció de representante en el consejo ejecutivo de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), integrado por diez miembros de otros tantos países. La presencia española se limitaba hasta ahora al Consejo de Supervisores, del que forman parte los 28 estados de la UE.
La ausencia del núcleo decisorio fue vista por el sistema financiero español como una desventaja y se atribuía al insuficiente peso político nacional en la Unión. Ahora España entrará en ese reducto trascendental de decisión y ocupará la presidencia. El Consejo de Supervisores ha propuesto al economista asturiano José Manuel Campa como máximo responsable de la European Banking Association (EBA) durante los próximos cinco años como sucesor del italiano Andrea Enria, quien ha pasado a ocupar la presidencia del consejo de supervisión del Banco Central Europeo (BCE).
Campa será el segundo español en la estructura de la EBA. El aragonés Jesús Saurina Sala, director general de Estabilidad Financiera y Resolución del Banco de España, desempeña desde septiembre la representación de la autoridad bancaria de España en el Consejo de Supervisores del regulador europeo.
La llegada de Campa a la cúpula de la EBA se produce en una circunstancia inédita en la corta historia de esta institución, creada en 2011 como heredera del anterior Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS), con el cambio de su sede de Londres a París tras la decisión británica de abandonar la UE. La presencia de Campa al frente de la institución se produce a la par que la de otro compatriota, Luis de Guindos, en la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) por vez primera desde su fundación en 1998. La presencia de nacionales en ambos centros de decisión constituye un hecho sin antecedente en los organismos regulatorios del sistema financiero europeo.
La EBA y el BCE tienen competencias y ámbitos diferenciados. La EBA opera para el conjunto de la UE y el BCE, en la eurozona . En tanto que regulador bancario europeo, la EBA es quien define las exigencias comunes para el conjunto del sistema financiero europeo, los criterios para las autoridades supervisoras y el diseño de los test de estrés al que cada dos años han de someterse los principales bancos de la Unión en aras a garantizar la estabilidad financiera.
El BCE es, por el contrario, el banco emisor del euro y el rector de la política monetaria, y la institución a la que la Comisión Europea confirió en 2012 la supervisión de 6.000 bancos de la eurozona, lo que dio lugar a la creación del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que desde 2014 vigila el cumplimiento de la normativa regulatoria tanto de la EBA como del Banco Internacional de Pagos, de Basilea y del Mecanismo Único de Resolución.
Campa -secretario de Estado de Economía en el último Gobierno de Zapatero y hasta ahora director de Relaciones con Reguladores y Supervisores en el Grupo Santander- dirigirá el equipo que definirá los criterios de los test de esfuerzo y resistencia a los que han de someterse las principales instituciones financieras de la UE.
La disolución del Banco Popular en junio de 2017 y los rescates ese mismo mes de los bancos italianos Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza, evidenciaron la insuficiencia de las pruebas practicadas y de su capacidad preventiva.
Integrada en el Sistema Europeo de Supervisión Financiera, la EBA es una pieza capital en la prevención de crisis financieras, pero su eficacia depende de su autoridad, y ésta no sólo requiere el mandato legal del que ya dispone sino también la preservación de su prestigio y credibilidad, en buena medida vinculadas a la ortodoxia y rigor de sus posiciones y también a su capacidad resolutiva y acierto. La banca europea ha avanzado desde la última crisis en la limpieza de sus balances pero aún mantiene dosis elevadas de activos dañados pendientes de sanear y tiene por delante importantes desafíos: el inesperado enfriamiento de la economía europea, el impacto del brexit, 590.000 millones de deuda bancaria a refinanciar hasta 2020, o la tarea pendiente de construir una auténtica unión bancaria europea.
