¿Es posible que una entidad de la importancia de la OCDE aborde una nueva reglamentación fiscal internacional sin tener en cuenta hasta el más mínimo detalle? ¿Es posible que se olvide del singular estatus de las regiones ultraperiféricas europeas y del fuero canario? No solo es posible, sino que es hasta probable. ¿Cómo no va a ser probable si el propio Gobierno de España ha ignorado el REF en dos ocasiones en solo dos años? Lo hizo el último Gabinete del PP cuando modificó la normativa de los pagos fraccionados de las empresas a la Seguridad Social. Y lo hizo el actual Ejecutivo socialista al incluir en los fracasados presupuestos generales para 2019 un régimen de tributación mínima para el que tampoco tuvo en cuenta el Régimen Económico y Fiscal de la Comunidad Autónoma. Así que con estos precedentes, el Gobierno regional no quiere verse en la misma tesitura y ya ha puesto en funcionamiento toda su maquinaria para que la OCDE tenga bien claro que una cosa son los paraísos fiscales (Panamá, Guernsey, la Isla de Man, Jersey, Gibraltar...) y el dumping tributario (con la República de Irlanda como alumno aventajado) y otra muy distinta el régimen compensatorio del que disfruta el Archipiélago.
Fue en octubre de 2016 cuando la patronal canaria tuvo que levantar la voz para advertir de que obligar a las empresas de más de diez millones de facturación a pagos fraccionados de un 23% del saldo positivo de su cuenta de pérdidas y ganancias no respetaba el REF. El caso es que la medida estrella de Cristóbal Montoro para garantizar un flujo constante de ingresos públicos vía impuesto de sociedades no tenía en cuenta el diferencial fiscal del que se benefician las empresas radicadas en las Islas. Al final, el capítulo se cerró incluyendo una excepción en favor de las entidades que operan bajo el REF. Después, en un margen de apenas dos años y tres meses, fue la ministra María Jesús Montero, sucesora de Montoro al frente del Departamento de Hacienda y actual titular del cargo en funciones, quien se saltó el fuero autonómico al diseñar un régimen de tributación mínima de un 15% para las grandes sociedades que no exceptuaba a las empresas que operan en Canarias. En esta segunda ocasión incluso hubo un agravante, ya que la entonces consejera regional de Hacienda, Rosa Dávila, envió hasta dos cartas a la ministra Montero para avisarla de que debía tener en cuenta el REF a la hora de plasmar el nuevo régimen tributario. Las dos cayeron en saco roto. La patronal y el Ejecutivo isleño volvieron a alzar la voz y la excusa desde Madrid no fue distinta a la que dos años antes había puesto el Gobierno del PP, es decir, que todo había sido fruto de un mero error. Errores, eso sí, que generan incertidumbre y revelan un flagrante desconocimiento de la ley fiscal canaria en los distintos departamentos del Gobierno central, que es donde verdaderamente se ponen por escrito las resoluciones, disposiciones y artículos.
Aprendida la lección, desde el gabinete que preside Ángel Víctor Torres ya han mantenido contactos discretos con el Ministerio de Hacienda para que se explique bien claro en la OCDE por qué Canarias debe quedar fuera de la tributación mínima mundial. De hecho, en el Ejecutivo autonómico vienen insistiendo en que la coincidencia de las siglas del PSOE en ambos Gobiernos no evitará que si hay nuevos olvidos del REF, sean los primeros en denunciarlo, "y, además, lo saben", aseguran.
