El Gobierno de Canarias destinará 5,3 millones de euros para que los residentes afectados por la crisis económica del coronavirus puedan pagar el alquiler de su hogar. La Consejería de Vivienda que lidera el socialista Sebastián Franquis será la encargada de gestionar este importe que se ha otorgado a las Islas, un 5% del total de 100 millones presupuestados por el Gobierno central. Un reparto que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana realiza entre las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas siguiendo un criterio de reparto idéntico al de la actual distribución territorial del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, según señalan desde el Gobierno de Canarias.
Franquis presentará en el próximo Consejo de Gobierno las bases que regularán la tramitación, los plazos y la concesión de estas ayudas en las Islas, que alcanzarán un máximo de 900 euros mensuales por familia y que podrían suponer hasta el cien por cien del total de la renta de alquiler durante seis meses. En el caso de que se haya suscrito un préstamo o microcrédito para el pago de la renta de la vivienda habitual, se abonará también en su totalidad tanto la cuantía del dinero prestado como los intereses, siempre que éste no exceda del tope de los citados 900 euros mensuales.
Podrán beneficiarse de esta ayuda -otorgada mediante adjudicación directa- las personas arrendatarias de vivienda habitual que como consecuencia del impacto económico y social del Covid-19 tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler y encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica sobrevenida, tal y como explican desde la citada Consejería.
Será el Instituto Canario de Vivienda (Icavi) el que se encargará de gestionar estas subvenciones de manera telemática y a través del servicio de información y atención al ciudadano el 012, que ofrecerá atención personalizada una vez se abra el plazo de presentación de solicitudes en los próximos días.
Las familias que tramiten una solicitud deberán acompañarlas, como mínimo, de una copia completa del contrato de arrendamiento en vigor, con inclusión expresa del medio y forma de pago a la persona arrendadora, y de la acreditación del pago de las últimas tres mensualidades, salvo que el contrato tuviera una vigencia de menor plazo, en cuyo caso se acreditará el pago desde el inicio del contrato.
Los solicitantes de esta ayuda podrán pedirla una vez se abra el plazo de presentación en los próximos días, aportando tanto por vía telemática como por vía telefónica, para los que no tengan acceso a las nuevas tecnologías, los modelos de solicitud que para tal fin encontrarán en la web del Instituto Canario de la Vivienda. El personal de dicho Instituto se encargará de atender a los peticionarios y harán efectiva la formalización de la solicitud en el aplicativo de gestión de expedientes.
Esta ayuda se suma a las medidas ya aprobadas por el Gobierno estatal entre las que se encuentran la suspensión de los desahucios, la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler y la aprobación de líneas de avales para la financiación de inquilinos en situación de vulnerabilidad.
Viviendas sociales
También el Gobierno canario ha tomado medidas para ayudar a las personas vulnerables a la hora de pagar el alquiler. Es el caso de más de 17.000 familias que viven en viviendas sociales, para las que el Ejecutivo regional decidió liberarlas del pago del alquiler mensual desde este mes y hasta que se dedica la finalización del estado de alarma. El Instituto Canario de la Vivienda estima en cerca de 900.000 euros mensuales el impacto económico que supone la aplicación de esta medida.
La iniciativa -propuesta por el consejero Sebastián Franquis- se aplicará a las 12.725 viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler dependientes del Icavi y las casas titularidad de la sociedad pública Visocan, que ascienden a un total de 4.528 hogares.
Las familias que sean inquilinas de estas viviendas protegidas del parque público regional se beneficiarán automáticamente, y sin tener que hacer ninguna gestión, de la suspensión de estos pagos. La medida se empezó a aplicar desde el pasado 1 de abril, ya que el Instituto Canario de la Vivienda paralizó el cobro de las mensualidades a estos más de 17.000 inquilinos. Esta iniciativa se prolongará hasta el final del mes en el que se levante el estado de alarma, con lo que se compensará también las dos semanas de marzo que se vieron afectadas por la crisis sanitaria. Además, durante ese mismo periodo se impide resolver el contrato de arrendamiento, declarar la pérdida de derecho a la adjudicación de la vivienda o sufrir intereses por causa de impago.
