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Los productores de aloe vera pierden hasta 21 millones al año por el fraude

El Ejecutivo formalizará en los próximos días el contrato para la nueva estrategia industrial

El fraude en el etiquetado del aloe vera origina en el sector pérdidas de 21 millones de euros anuales. Así lo expuso ayer en la comisión de Turismo, Industria y Comercio del Parlamento regional el diputado del grupo nacionalista canario (CC-PNC) Mario Cabrera, quien preguntó a la consejera del área, Yaiza Castilla, por las acciones desarrolladas para combatir este fenómeno.

Cabrera destacó que el cultivo del aloe vera y la elaboración de productos a partir de esta planta constituye "un sector emergente", que cuenta con cifras "crecientes" de consumo y venta. No obstante, la importación de productos que se comercializan como aloe canario pero que en realidad no lo es perjudica su rentabilidad. Para atacar el problema, recordó el parlamentario majorero de CC, en la legislatura pasada se intensificaron las inspecciones y se acordó introducir mejoras en el etiquetado, que "tiene que ser más claro y marcar la diferencia del producto", subrayó.

Por su parte, Castilla se comprometió a difundir entre el sector el "instrumento" que supone la Dirección General de Consumo para luchar contra este tipo de prácticas, que afectan a una producción que tiene "un alto valor añadido". "Cuente con esta consejería", dijo la consejera a Cabrera.

Seis meses

El contrato para diseñar la nueva Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC) se formalizará "en los próximos días", avanzó ayer Yaiza Castilla, en este caso en respuesta a una pregunta formulada por Jesús Ramos Chinea, diputado de la Agrupación Socialista Gomera. La intención del departamento es que el documento esté finalizado en seis meses y que incluya aspectos como el posicionamiento exterior del sector industrial canario o la transferencia de conocimiento para estimular la industria basada en la investigación y el desarrollo.

La nueva estrategia sustituye a la vigente desde 2009. En su elaboración, el Gobierno autonómico espera contar con "el mayor grado de consenso", para lo que cuenta con la participación de organizaciones empresariales y sindicales.

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