La prestación por desempleo que cobran del Estado los trabajadores incluidos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, sufrirá una abultada rebaja a partir de septiembre. El decreto que los regula establece que durante los primeros 180 días (seis meses) la paga será el equivalente al 70% de la base reguladora del empleado. Agotado ese plazo pasa al 50%. Una cuantía que apenas notarán quienes cuenten con una base en su salario elevada, pero que no es así para la mayoría de los canarios, a la cola del país en el nivel de rentas.
Los sindicatos mayoritarios presionan para que el día 4, cuando se abre en Palma la mesa de negociación con los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social y los agentes sociales para ampliar la protección estatal más allá del 30 de septiembre, se abra también el debate para que la prestación se quede como hasta ahora, al 70%, teniendo en cuenta el repunte de la pandemia y cómo se agravan las consecuencias en la economía. La cuenta atrás, en cualquier caso, se ha iniciado para un 60% de trabajadores canarios que acogidos a ERTE desde el inicio y aún en él.
En junio, según datos facilitados por el viceconsejero autonómico de Trabajo, Gustavo Santana, había 234.663 trabajadores en esa situación, de los que 224.323 lo eran por fuera mayor. Hasta la pasada semana seguían cobrando del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 83.061 de los últimos; 45.120 en la provincia de Las Palmas, de los que el grueso son mujeres.
Ahora bien, Santana matiza que no todos computan de manera lineal esos 180 días de tope para ver recortada la paga . Y pone el ejemplo de un restaurante que abre el fin de semana: "de lunes a jueves tiene los trabajadores en el ERTE, y de viernes a domingo los recupera, para desarrollar su actividad".
Santana confía en que los sindicatos logren que la prestación se mantenga al menos en el 70%. "El Gobierno de España es consciente del perjuicio, así que damos por sentado que intentará mantener al menos la renta de ese 70% de la base reguladora que está reconocida por estar en un ERTE".
El real decreto 24/2020 de medidas sociales de reactivación del empleo, detalla Santana, establece dos comisiones de seguimiento, una tripartita, que es la que discute la prolongación de los ERTE, y otra para valorar la situación de la renta de los trabajadores. "Desde el Gobierno autónomo y con base en el Acuerdo de Reactivación Social y Económica de Canarias, haremos un llamamiento a que esa segunda comisión se ponga en marcha cuanto antes". Una pérdida de renta de los trabajadores debilitaría el consumo interno, lastraría la recuperación de la actividad económica y dilataría la salida de la mala situación que están atravesando las Islas como consecuencia de la crisis abierta por la pandemia del coronavirus, subraya Santana.
En busca de alternativas para el caso de que la negociación acabe por atascarse, CCOO planteará en Canarias un complemento como el que ya se ha aprobado en otras comunidades autónomas para los empleados que vayan viendo reducir sus prestaciones. La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Ester Martín, plantea seguir los pasos de País Vasco, Navarra, Valencia y Galicia. "En Galicia se fija el complemento en función de la base de cotización de cada trabajador. Si es inferior a 1.900 euros el complemento es de 15 euros por jornada y si supera esa cantidad, de 12 euros".
Martín sostiene que el Ejecutivo regional debe empezar ya a plantear medias propias "máxime porque afecta tanto a las persona como al consumo interno. Cuanto menos dinero reciba una persona menos capacidad de compra tendrá", razona. También el responsable de Organización de UGT en Canarias, Héctor Fajardo, considera fundamental frenar el recorte de las prestaciones. "Hemos pedido al Gobierno central que la prestación por desempleo no se reduzca al 50%, que se mantenga tal y como está, ya que, de lo contrario, la capacidad adquisitiva de las familias caería en picado y la recuperación de la economía canaria se vería aún más comprometida".
Desde la patronal de Turismo lo que demandan es un ERTE específico para el sector. La propuesta es que se bonifique por trabajador que permanece en el ERTE. "Mi problema no es que me bonifiquen el 30% de la Seguridad Social, es que tenga que abonar el salario íntegro cuando no tengo ingresos porque no tengo turistas", señalan.
