A la negativa de Fomento para que puedan instalar sus molinos, los promotores de parques eólicos unen un rosario de dificultades. No tienen régimen de tarifas y esperan por el decreto específico que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, asegura estar preparando para Canarias. A eso suman la imposibilidad de que nuevos proyectos puedan verter a la red eléctrica su producción tras la aprobación del Real Decreto 13/2012. Como guinda, exponen el "vía crucis" al que, según el presidente de la Asociación de Adjudicatarios del Concurso Eólico de Canarias, Claudio Palmés, se enfrentan para superar la declaración de impacto ambiental.

Los empresarios no se explican cómo es posible que en una misma Administración, la viceconsejera de Industria y Energía, Francisca Luengo, pelee codo con codo con ellos para conseguir incrementar la producción de energías limpias en el Archipiélago, mientras en Medio Ambiente se encuentran con unos trámites que generan "grandes retrasos". Con el agravante de que ambos departamentos están en manos de un mismo partido, el PSC.

Denuncian además una cierta arbitrariedad y consideran que se enfrentan a un ejercicio de suerte, porque el proceso se retrasa o avanza en función del técnico que se hace cargo de sus proyectos.

En el primer paso, cuando deben dirigirse al departamento que rige la viceconsejera Guacimara Medina para exponer el alcance del proyecto, se encuentran con que deben aportar una cantidad de documentación "excesiva. Se trata solo de decirles lo que pretendemos hacer y en qué lugar para que ellos determinen el alcance del informe de impacto ambiental que debemos elaborar", señaló Palmés.

Algo tan sencillo, "que se puede hacer perfectamente en menos de diez folios", se convierte en 500 páginas, afirmó el presidente de la asociación.

La escasa agilidad del proceso duele más teniendo en cuenta que la instalación de parques eólicos "supone un beneficio objetivo para el Medio Ambiente", enfatizó Claudio Palmés.