Más de un millar de parados canarios fueron sancionados el pasado año por rechazar un empleo, no realizar los cursos de formación o trabajar mientras cobraban la prestación. Se trata de las sanciones más graves que figuran en la ley y que suponen la retirada del subsidio. Por otro lado, sólo en el primer semestre de este año unos 5.000 parados fueron sancionados con un mes de suspensión de la prestación por no firmar la tarjeta del paro, un requisito que se debe realizar obligatoriamente de forma trimestral.

Se trata de cifras relativamente bajas teniendo en cuenta que hay más de 252.000 canarios inscritos en las listas del desempleo. El coordinador regional del Servicio Público de Empleo Estatal, Pedro Duarte, recuerda que el órgano competente para sancionar es el Servicio Canario de Empleo (SCE), que es el que debe comunicar al antiguo Inem los nombres de los sancionados para proceder a quitarles la prestación.

A finales de 2009 el SCE denunció que muchos desempleados del sector de la construcción rechazaban los cursos de formación y los puestos de trabajo ofertados por los cabildos para facilitar su inserción laboral. El organismo dependiente de la Consejería de Empleo del Gobierno canario advirtió en ese momento que iba a tomar las medidas oportunas para determinar si los parados que rechazaban los trabajos lo hacían con argumentos sólidos o no.

Sin embargo, ni el Servicio Público de Empleo Estatal ni los sindicatos han notado que se hayan incrementado significativamente las sanciones graves y muy graves, mientras que las leves continúan siendo las más elevadas aunque sólo suponen una interrupción provisional de la prestación. El secretario regional de Empleo de Comisiones Obreras (CC OO), Francisco Pozo, asegura que el SCE le dio "mucho bombo" a esta situación, por lo que el sindicato solicitó datos concretos de parados a los que se les hubiera retirado la prestación por rechazar un empleo. Según Pozo, la cifra ofrecida de sancionados entre enero y septiembre de 2010 fue de 400 personas, por lo que se trata de "casos puntuales" y hasta ahora no se han registrado cifras desorbitadas.

Otra situación diferente es trabajar ilegalmente mientras se está cobrando la prestación, un fraude que sí persiguen también los sindicatos. Sin embargo, las actuaciones desarrolladas el pasado año por la Inspección de Trabajo en Canarias sólo detectaron y denunciaron 700 casos, lo que supuso el 1,21% de las inspecciones realizadas.