Los efectos de la crisis ya se dejan sentir en los juzgados de lo Mercantil, y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, advirtió ayer de que existe un iceberg bajo esa punta que asoma. Antes de que se produzca un colapso, la Cámara de Comercio de Gran Canaria ha puesto su servicio de mediación a disposición de la jurisdicción ordinaria. Rapidez, abaratamiento del proceso y resolución sin vencedores ni vencidos son las ventajas que tratará de demostrar en la práctica un proyecto piloto que acaba de nacer. Los resultados se evaluarán en abril de 2021.
La meta última que se persigue es instalar la mediación como una de las herramientas a tener en cuenta por parte de las sociedades. ¿En qué casos? Serán los titulares de los dos juzgados de lo Mercantil que existen en Las Palmas los que determinen cuáles son susceptibles de poder solventarse por una vía más rápida y menos lesiva para las partes.
“Conflictos societarios o derechos sobre una determinada marca” son dos de los ejemplos que citó ayer la viceconsejera de Justicia regional, Carla Vallejo, en la presentación de la iniciativa. La previsión es que partan desde los tribunales un total de “50 casos”, apuntó Pérez. Se estimará “un éxito” que queden resueltos en la institución cameral “entre 28 y 30”, añadió el consejero.
En la anterior crisis, la de 2008, la avalancha de concursos de acreedores, entre otras cuestiones, provocó que el Consejo General del Poder Judicial publicara una estadística que dejara constancia del incremento de trabajo que afrontaron los tribunales. Ahora se desconoce el tiempo que tardarán las empresas en recuperar volúmenes de facturación semejantes a los que alcanzaban antes de la pandemia. Ni siquiera se sabe si las ayudas públicas durarán hasta ese momento y si, superada la necesidad de estas, las sociedades podrán amortizar las deudas o acabar en un concurso. En resumen, “ya se está notando una sobrecarga en los órganos judiciales”, afirmó Julio Pérez.
Ambas partes inician la andadura con los dedos cruzados. La Administración de Justicia, porque necesita caminos paralelos que eviten las petronas de papeles sobre las mesas de la Ciudad de la Justicia; la Cámara, porque desde que en noviembre de 2010 se quitó la condición de obligatorias a las cuotas camerales demanda otras vías de financiación para mantenerse viva.
Sánchez Tinoco destaca la ventaja que reporta cerrar un conflicto sin derrotas ni victorias
De ese modo, el convenio rubricado ayer se entiende como una inversión a futuro. Se trata de 20.000 euros de subvención directa para dar forma a un prototipo que han de mimar por igual los firmantes. Los ingresos se elevarán y consolidarán en la Cámara de Comercio si la idea se traduce en un resultado positivo, y cada vez serán más los casos que los juzgados de lo Mercantil podrán despejar hacia la calle León y Castillo –sede de la institución cameral– de entre el más de un millar que anualmente reciben; 600 cada uno de los dos que existen en la provincia oriental.
La suma destinada a explorar la capacidad de resolución de conflictos por esta vía “no significa prácticamente nada”, explicó el consejero, entre los “más de 200 millones de euros” que maneja cada año el departamento de Justicia canario. Además, Pérez se mostró convencido del éxito en que se traducirá la inversión. “Si lo estamos teniendo en la mediación familiar, debemos proponernos lo mismo en el ámbito mercantil”, subrayó.
Desde la Cámara de Comercio se ha creado un equipo de diez mediadores. El periodo de formación finalizó el jueves y ese mismo día comenzó el proceso de derivación de casos. El precio de cada sesión de mediación está reglado por ley: 60 euros. Teniendo en cuenta que bastan cuatro reuniones para tener más que clara la disposición de los litigantes a ceder en parte de sus pretensiones para propiciar la llegada a un punto de intersección, la reducción de costes es manifiesta. Sobre todo si, como aseguró la viceconsejera Vallejo, cada juicio por la vía ordinaria “cuesta 5.000 euros”.
“La mediación es rápida y flexible”, sostuvo el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria, José Sánchez Tinoco. Al listado de ventajas añadió la inexistencia “de vencedores o vencidos” al final del proceso, lo que envía un mensaje “sobre el comportamiento del ser humano frente al conflicto”, completó Pérez. Dichas características animaron a Tinoco a dibujar un futuro en el que esta herramienta se use “de manera común” por las empresas del Archipiélago.
Además, el consejero Julio Pérez destacó la idoneidad de la Cámara de Comercio para situarse al frente de este proyecto piloto por tratarse de “un órgano neutro”, que se mantiene alejado de “debates políticos y partidarios”.
