El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que el Gobierno va a destinar 11.006 millones de euros hasta 2025 a fomentar la transformación digital de las pymes y las administraciones públicas y a incrementar las competencias digitales de la población.
Los fondos, que se prevén canalizar gracias a las ayudas del plan de recuperación europeo NextGenEU, buscan lograr que al final del periodo el 80% de los españoles tengan dicha formación digital básica. Otro de los objetivos es que el 25% del volumen de negocio de las pymes provenga del comercio electrónico y que el 50% de los servicios públicos sean accesibles a través del teléfono móvil cuando finalice esta iniciativa.
Los tres planes fueron aprobados en el Consejo de Ministros del martes y el presidente los presentó ayer en un acto en La Moncloa.
Forman parte de la estrategia España Digital 2025, aprobada el pasado julio y que prevé movilizar 20.000 millones públicos (de los que 15.000 millones provendrán de fondos europeos) y 50.000 millones privados entre 2020 y 2022.
El Ejecutivo ya dio luz verde a finales del año pasado a otras tres iniciativas dentro de dicha estrategia: el plan de conectividad e infraestructuras digitales y la estrategia nacional de despliegue de la tecnología móvil 5G, dotado con 4.320 millones hasta 2025, y la estrategia nacional de inteligencia artificial, con 600 millones hasta 2023.
Sánchez recordó que el plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española que prepara el Gobierno contempla destinar el 33% de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos a la digitalización, solo por detrás de la partida destinada a la transformación ecológica (37%).
4.459 millones están previstos para pequeñas empresas y autónomos
“La transición ecológica nos muestra que la tecnología también impulsa democracias más justas y una convivencia mucho más fuerte y asentada. Impulsa cambios, impulsa transformaciones para mejorar nuestras democracias y el conjunto de nuestras sociedades”, argumentó Sánchez.
El presidente, así, destacó que el 43% de la población carece de competencias digitales básicas, el 8% nunca ha utilizado internet, solo el 4% de los graduados lo son en tecnologías de la información y solo el 16,2% de los especialistas en el sector son mujeres (unas 500.000).
Para cambiar esta situación, se van a destinar a mejorar las competencias digitales de los ciudadanos 3.750 millones hasta 2023. El objetivo es aumentar el número de especialistas desde los 1,9 millones de trabajadores actuales, el 3,2% del total, por encima de la media europea (3,9%).
Sánchez también subrayó que se van a destinar 4.656 millones (4.459 millones en ayudas directas) a digitalizar las pymes, que suponen el 98,99% del total de empresas y el 49,58% del empleo. El objetivo es llegar a entre 1,35 y hasta 1,5 millones de estas firmas, la mitad del total.
Un objetivo es mejorar la accesibilidad de los servicios públicos
Según las previsiones del plan, al menos 1.200.000 de las beneficiarias serán autónomos y microempresas, lo que supone el 80% del total. Además de la digitalización básica está previsto el impulso de la innovación disruptiva (inteligencia artificial, internet de las cosas o big data) “para aprovechar las oportunidades de la economía del dato mediante programas escalables que se desplegarán a través de la colaboración público-privada”. La digitalización básica es la actuación con más dotación, con un total de 3.000 millones.
Administraciones
Adicionalmente, el Gobierno ha previsto otros 2.600 millones (600 millones para las autonomías y corporaciones locales) para digitalizar las administraciones, que aportan en torno al 40% del PIB. De esta suma, 992 millones (el 38% del total) ya están incluidos en los presupuestos del Estado para este año.
El objetivo de la parte destinada a las administraciones públicas es “mejorar la accesibilidad de los servicios públicos a los ciudadanos y empresas con todas las garantías para la protección de los datos personales y de las empresas”. Está prevista “la digitalización de importantes ámbitos tractores como la sanidad, la justicia o las políticas de empleo”.
