La Justicia niega a AENA el cobro de la renta de los locales de los aeropuertos

Dos juzgados de primera instancia de Madrid decidieron ayer suspender de manera cautelar el cobro por parte de AENA de las rentas mínimas garantizadas a los concesionarios de los locales comerciales y de restauración de los aeropuertos. La medida responde a una solicitud de SSP y Áreas (dos de las grandes arrendatarias en Canarias). El tercer gran operador del sector en el Archipiélago, Canariensis, ha puesto sobre la mesa de la empresa mixta de mayoría pública una propuesta sobre la que ambas partes negocian en la actualidad.

La drástica reducción de pasajeros ha golpeado a los negocios de los aeródromos durante el último año. Alrededor de 4.000 puestos de trabajo están en juego en las Islas, 600 en Canariensis. Esta empresa, aliada del gigante mundial Dufry se juega más de 340 millones en rentas hasta el año 2025.

El problema que se le genera a AENA, que recurrirá las decisiones judiciales, es grave. La pasada semana presentó a los mercados unos ingresos por valor de más de 630 millones de euros. El cálculo lo realizó en función de la estrategia de cobros presentada a los arrendatarios el final del año pasado. O estos la aceptaban, o el operador aeroportuario ejecutaría los avales con los que concurrieron a los concursos de concesión, algo que ahora no podrá ocurrir tras la decisión de los dos juzgados.

AENA decidió al final del año pasado acogerse el real decreto aprobado por el Gobierno central para rescatar a pymes y autónomos. Antes de eso, los concesionarios aseguran que había un acuerdo que el operador aeroportuario. Llegó a firmarlo con los negocios de alquiler de vehículos y decidió romperlo para el resto.

Este contemplaba el pago de una renta variable mensual en función de las ventas. Una renta mínima garantizada obligaba a completar la suma contenida en ella en caso de no poder alcanzarla mediante la actividad comercial. AENA cambió el paso y determinó el pago de la renta mínima del 1 de enero al 14 de marzo del año pasado. Desde entonces hasta el final del primer estado de alarma –20 de junio–, cero euros y a partir de entonces, el 50% hasta el 8 de septiembre próximo, cuando la empresa de mayoría pública, que considera “equilibrada” la propuesta, entiende que se recuperará la normalidad.

Ese es uno de los principales puntos para el conflicto. Los arrendatarios aseguran que no van a volver a ver los volúmenes de pasajeros anteriores al estallido de la pandemia hasta 2024, según prevé la IATA, con lo que aceptar la fórmula propuesta por AENA les conduciría a la quiebra.

La negociación del operador aeroportuario con Canariensis-Dufry puede suponer un punto de inflexión y marcar el camino al resto de afectados para alcanzar una solución negociada.

Según fuentes del sector, el Gobierno canario, junto al catalán y el balear, apoyan esta vía. También partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Los grupos Popular y de Ciudadanos han dirigido sendas preguntas al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Coalición Canaria lo hará en breve y Esquerra plantea reducciones del alquiler en proporción a la caída de viajeros.