La flexibilidad en la política de cancelaciones que ha obligado a adoptar el coronavirus, unida a la demora que se ha instalado a la hora de reservar hacen que las restricciones impuestas por el Gobierno de Canarias para viajar en Semana Santa no se hayan traducido hasta el momento en una avalancha de cancelaciones. Alrededor de un 15% de viajeros han decidido dar marcha atrás, pero se espera que la tendencia se acelere en los próximos días.

Entre los hoteleros ha calado el sentimiento de resignación. El Ejecutivo autonómico anunció al final de la pasada semana que cada canario que tenga previsto cambiar de isla para pasar los días festivos tendrá que hacerlo provisto de una prueba diagnóstica que demuestre que está libre de coronavirus. Hace unos meses, movimientos de esta naturaleza encendían todas las luces rojas en el sector alojativo. Ya no.

“Resignados, pero con la mirada puesta en el verano”, señaló ayer la presidenta de la patronal hotelera de Lanzarote, Susana Pérez. En los mismos términos, su homólogo provincial, José María Mañaricua, explicó que nunca ha existido realmente la posibilidad de reactivar el sector antes del verano. “Desde enero mantuvimos que el invierno estaba perdido y que empezaríamos a tener cierta actividad a partir de julio”, señaló.

Y en el verano tienen puesta la mira. Tanto es así, que ya no se hacen sangre con lo que va ocurriendo por el camino. De hecho, esta obligación de portar un test diagnóstico para viajar entre islas la entienden hasta en positivo. En realidad, las islas que están en nivel 3 –Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura– no admiten viajes a menos que estén plenamente justificados por motivos laborales, de emergencia familiar u otros. Por eso ayer Antonio Hormiga, presidente de los hoteleros majoreros, definió la decisión del Gobierno de Ángel Víctor Torres como “lo menos malo” que les podía pasar en Semana Santa.

“Lo pusimos nosotros encima de la mesa”, reconoció el representantes empresarial de Fuerteventura, “de lo contrario, no podría haber venido nadie”, continuó. No obstante, Hormiga admitió que el sobrecoste que supone tener que pasar por el laboratorio –han visto dispararse su actividad un 50%– puede suponer “una jaqueca” para una familia completa. El coste de los test de antígenos oscila entre los 35 y los 50 euros. Multiplicado por cuatro –madre, padre y dos hijos, como ejemplo– sí tiene impacto sobre el precio final del viaje.

Por ello, la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores (Acavyt) pidió a la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, que el Gobierno regional “asuma el coste junto al Servicio Canario de la Salud” de las pruebas diagnósticas. El Ejecutivo lo ha descartado.

El vicepresidente de Acavyt y director general de Viajes Insular, Ignacio Poladura, afirmó que el anuncio de las restricicones cayó “como un jarro de agua fría” y cuando ya se había “activado al personal que estaba en ERTE para atender el repunte de la demanda” que se venía produciendo.

Por su parte, Mañaricua expuso que el escaso negocio lo propiciarán los habitantes de cada isla. De tal manera que “las menos pobladas serán las más perjudicadas”; grancanarios y tinerfeños “buscarán descansar en los sures de su isla” respectiva y el resto de la oferta no podrá nutrirse de ellos.