El Cabildo de Fuerteventura vota mañana la tramitación de un plan territorial especial para la implantación de infraestructuras energéticas en la isla. El informe de propuesta de resolución que sustenta la iniciativa contempla una moratoria que paralizará de manera cautelar cuantos proyectos están en marcha, entre ellos los 19 –dos eólicos y 17 fotovoltaicos– que obtuvieron potencia en las convocatorias Eolcan y Solcan y que suman 8,2 millones de euros en fondos europeos (Feder) para impulsar la penetración de energías renovables en el Archipiélago.
Para percibir esas subvenciones públicas a la inversión, los dos parques eólicos afectados tienen que entrar en funcionamiento antes de que finalice el mes de junio del año próximo, es decir, dentro de menos de doce meses. Esos dos proyectos, Fuerventura Renovable I y Fuerteventura Renovable III, obtuvieron en conjunto 2,7 millones de euros del Feder en el proceso de concurrencia puesto en marcha por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía) en la Navidad de 2018.
La paralización cautelar de la entrada de renovables tiene como objetivo acabar con la «falta de planificación expresa en algún instrumento de ordenación que establezca los criterios, condiciones, así como zonificación idónea-calificación del suelo que posibilite la implantación de los usos relativos a la energía, tanto la convencional como las renovables». El cronograma incluido en el informe sitúa la aprobación definitiva del plan especial en el último mes de 2023. Para entonces, los fondos europeos ya se habrán esfumado.
Los proyectos deben funcionar antes de que finalice el año 2022 o se perderán los fondos Feder
«No nos oponemos a la regulación, pero que lo hagan en tres meses, no pueden paralizar lo que ya está en marcha», lamentó ayer el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Enrique Rodríguez de Azero. Menos aún, según su criterio, «si esto afecta, por ejemplo, a una explotación ganadera que se autoabastece y vierte a la red la energía limpia que le sobra».
«Según lo cuentan, parece que cada uno coloca su proyecto donde quiere y causa los daños que le parece y no es así, obtener una declaración de impacto ambiental positiva es un proceso largo y complicado» aseguró el presidente de ACER.
En su opinión, el daño que ocasionará este parón, podria evitarse negociando soluciones con el resto de administraciones y con los propios promotores en aquellos enclaves en los que se entienda que puede existir debate en torno a posibles perjuicios para el territorio, la flora, la fauna, el paisaje o los vecinos. Sobre todo porque lo contrario «es seguir quemando petróleo y contaminando».
Los promotores abogan por que se negocie en los casos en que se entienda que hay un perjuicio
Rodríguez de Azero avanzó que este camino conduce a la judicialización de los procesos y a que se resarza con dinero público la «responsablidad patrimonial» que, en su opinión, existe. El propio texto del informe del Cabildo eleva a «una treintena, aproximadamente», los proyectos eólicos y fotovoltaicos que se tramitan.
La convocatoria Solcan, fallada recientemente, repartió 106,7 megavatios de potencia fotovoltaica y 5,5 millones de euros del Feder entre un total de 17 proyectos.
