La defensa de los dueños de Alu Ibérica, Grupo Riesgo, ha propuesto a la Audiencia Nacional que sea la multinacional Alcoa la que pague los 13 millones de euros que la jueza instructora del caso, María Tardón, ha ordenado que se depositen en las cuentas de las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés para que los trabajadores puedan cobrar sus nóminas. Alcoa ha impugnado tal intención de la compañía de Víctor Rubén Domenech alegando que nunca supo por cuánto dinero revendió Parter Capital a Riesgo en 2020 las dos factorías que la multinacional americana dejó al fondo de inversión suizo en julio de 2019 al precio de un dólar.

La magistrada ha ordenado a los directivos de Riesgo que están imputados en el caso Alcoa —por supuesta estafa en el proceso de venta de las plantas de A Coruña y Avilés— que restituyan “las cantidades detraídas por importe total de 13.000.000 euros con origen en las pólizas de crédito suscritas por las sociedades titulares de las plantas de producción”, según consta en un auto de 28 de septiembre. Los fondos tendrá como “único destino”, aclara la magistrada, “garantizar la existencia de fondos para financiar las operaciones de circulante propias de la actividad de las plantas” en un momento en que Alu Ibérica está a las puertas del preconcurso de acreedores por insolvencia los trabajadores, esperando el ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) para el que ya ha pedido permiso el administrador judicial que controla la empresa cautelarmente.

Después de que la multinacional estadounidense vendiera —ante la presión social y política— por un dólar las dos fábricas que quería cerrar a Parter Capital, esta firma revendió pocos meses después el 75% de las sociedades por 13 millones de euros (unos diez millones de dólares) a Grupo Riesgo. Según consta en los documentos judiciales de la causa penal iniciada por la querella de los sindicatos contra el supuesto fraude en la venta de Alcoa, Riesgo compró Alu Ibérica con dinero que Parter le prestó de las cuentas de las propias plantas. Riesgo aseguró a principios de verano que restituiría los 13 millones de euros. Eso fue antes de que la Audiencia apartara al grupo de la gestión de Alu Ibérica como medida cautelar por los indicios de saqueo.

El desembarco de Riesgo

El capital social mínimo para poder fundar una empresa es 3.000 euros. Eso es lo que desembolsó Víctor Rubén Domenech cuando creó la empresa PM MR 1866, S.L., una de las principales del entramado que montaron Domenech y sus socios para hacerse con las fábricas de aluminio Alu Ibérica. Lo que señalan los investigadores del caso de descapitalización fraudulenta que investiga la Audiencia Nacional es que esos 3.000 euros llegaron en forma de dos ordenadores que puso Domenech. Él es, de hecho, el único socio propietario de la sociedad, pero quien figura como administrador es Luis Losada al que la Seguridad Social considera presunto testaferro del principal encausado en el proceso de vaciamiento de las plantas alumineras que vendió en 2019 la multinacional Alcoa.

Losada es uno de los cuatro detenidos en las operaciones de registro que se llevaron en marzo en todas las sedes sociales del Grupo Riesgo. Y es, además, el titular de la compañía System Capital Management, que ahora se llamaba Iberian Green Aluminun Company, que fue la sociedad que se fundó en enero de 2020 y que se hizo efectivamente con las fábricas. Lo que señalan los investigadores es que esta empresa, presuntamente pantalla, nació con una capital mayor de 300.000 euros que llegó gracias a seis carretillas que puso la empresa PM MR 1866 y una impresora que añadió Alejandra Camacho, principal colaboradora de Domenech —también detenida—.Así que Domenech es el dueño de Iberian a través de PM MR 1866, pero Losada vuelve a aparecer como administrador de la sociedad que compró las plantas. ¿Y quién es Losada? Un ciudadano residente en la provincia de Málaga que hasta el año pasado sabía más de inmobiliarias que de aluminio.