Después de un primer mandato marcado por el cambio de ciclo político y la pandemia, ¿Cuál espera que sea la impronta que marcará los próximos cuatro años?
Dar carpetazo a las reformas de la austeridad y reforzar los índices de afiliación, representación y penetración en las empresas de CCOO. El gran reto de país ahora es configurar un nuevo contrato social para el siglo XXI.
Tenemos por delante 10 semanas con tres negociaciones de gran calado: reforma laboral, pensiones y salario mínimo. ¿Se negocia mejor contrarreloj?
No es bueno negociar a contrarreloj. Sobre todo, cuestiones tan complejas. Lo que ocurre es que a veces las negociaciones se demoran porque no se llegan a acuerdos y se siguen apurando las posibilidades de acuerdo.
¿No están en preliminares pues?
No, es muy sorprendente que se plantee que estamos empezando una negociación que ha estado dos veces a punto de concluir con un acuerdo. Una en el mes de febrero antes de la pandemia y otra en la anterior legislatura. Plantear que estamos en una fase inicial de las negociaciones simplemente es faltar a la verdad.
Calviño ha enviado una carta a los ministerios asumiendo el liderazgo de las negociaciones para la reforma laboral. Sánchez la ha avalado. ¿Cree que eso desautoriza lo que han negociado hasta ahora con Yolanda Díaz?
En CCOO interpretamos que las posiciones que el Gobierno lleva a las mesas son posiciones colegiadas y que representan a todo el Gobierno. Pensar otra cosa sería restar toda la fiabilidad al diálogo social. Y entendemos que si el Gobierno o el presidente cuestionan lo que hasta ahora venimos negociando en materia de reforma laboral no es que esté deslegitimando a la ministra de Trabajo, está deslegitimando a los agentes sociales que estamos negociando contenidos, que, no olvidemos, no vienen de ahora. Nos parece que es un verdadero menosprecio al espacio del diálogo social plantear cualquier tipo de revisión o cuestionamiento de aquellas materias que veníamos negociando.
Dos de los temas que generan divergencias son la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y la ultraactividad. ¿La oposición es económica o ideológica?
Puramente ideológica y de derechas, si la hay. Este Gobierno no puede hacerse corresponsable de unas medidas para devaluar salarios y explotar trabajadores. El debate no es convenio de empresa sí, o convenio de empresa no. Lo que estamos diciendo es que los convenios de empresa no pueden reducir sin causa los salarios de los convenios sectoriales. Esto es lo que está en juego.
Otra reforma troncal es la de la temporalidad, ¿la propuesta de limitar al 15% la contratación temporal la ve eficaz?
Creo que es realista, pero no creo que sea la mejor vía. Hay grandes empresas en este país que tienen tasas de temporalidad bastante por debajo del 15% y tampoco sería bueno que la incrementaran. Y habrá empresas de siete trabajadores que si un día contratan a dos ya pasan de ese 15%. La cuestión no es si pasan o no de ese 15%, sino si hay causa real para ese contrato temporal. La fórmula del porcentaje se puede ver, pero se tienen que hacer más cosas.
Una de las cuestiones que no está encima de la mesa es el despido, ¿correcto?
Hay una resistencia en el Gobierno a hablar de ello. La reforma del PP hizo más fácil el despido, la modificación unilateral de condiciones de trabajo por parte del empresario e hizo más precaria la contratación. Y como se dejaron todas las compuertas abiertas, el agua siguió pasando por lo que ha ido pasando durante los últimos 35 años: la temporalidad y el despido.
¿Será ineficiente entonces la reforma laboral si no se toca el despido?
Mejoraría algunos aspectos, pero se quedaría coja.
La otra reforma de calado que tienen encima de la mesa es la de las pensiones. ¿Cómo debería ser el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional?
El Gobierno tiene que decidir cómo aborda que haya más pensionistas y que viven más años. El PP decidió que cobraran menos. Nosotros decimos que hay que incrementar los ingresos. Y eso se puede hacer desde los Presupuestos Generales del Estado, con incrementos temporales de las cotizaciones sociales, mejoras del salario mínimo, destopar las bases máximas...
¿Es asumible para ustedes la primera propuesta de fondo público de pensiones?
Es un planteamiento que se ha enunciado como una especie de caja vacía. Se ha hablado de un fondo para sufragar un plan de pensiones complementario, pero no se ha explicado cómo se va a sufragar. Si se va a derivar a la negociación colectiva, como existe en los planes de empleo actuales de las grandes empresas o en territorios como Euskadi, o qué se va a hacer.