El sector de los drones parece haber despegado en Canarias de manera definitiva. Estos aparatos han pasado de ser un juguete con el que salir a divertirse a una herramienta que ha resultado ser clave en la respuesta a las emergencias como la crisis volcánica de La Palma. Su amplitud de usos, entre los que se encuentran no solo la grabación de imágenes sino la medición de valores científicos, la recogida de muestras e incluso el rescate de animales, tal y como se llegó a plantear en la Isla Bonita, han provocado un crecimiento exponencial del número de operadores, que en las Islas ha pasado de dos a 2.216 en apenas siete años, según los datos facilitados por la Agencias Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
«En esta emergencia se ha visto que el sector de los drones ha sido fundamental», recalca Domingo Fernández, presidente de la Asociación Canaria de Operadores y Pilotos de Drones (Ascadron), quien expone que la gran ventaja de estos aparatos es que permiten llegar donde los medios tradicionales no pueden y todo esto sin poner en peligro ninguna vida humana. «Si cae un dron no pasa nada y además el coste económico es ínfimo si se compara con el de un helicóptero», detalla.
Bajo su punto de vista, la respuesta que han dado los operadores privados frente a este desastre natural ha evidenciado que el sector «está maduro» y señala que todos los días se autorizan entre «40 y 60 vuelos de diferentes empresas en la isla».
Fernández asegura que la crisis volcánica ha ayudado a que la sociedad vea «la realidad de este mundo que antes estaba un poco penalizado». El uso que se ha hecho de estos aparatos en La Palma «nos ha ayudado a mostrar que son algo bueno para la sociedad» y que además pueden convivir sin problemas con otras actividades «como ha quedado demostrado allí, ya que desde el inicio de la erupción se han autorizado más de mil vuelos y todo con una coordinación ejemplar».
El presidente de Ascadron apunta que el colectivo ha notado un mayor interés por la actividad desde el inicio de la erupción. «Hemos recibido más solicitudes de información y más altas en la asociación», indica.
Mario Pons, gerente y jefe de enseñanza de la Escuela de Pilotos Canavia, pioneros en la realización de cursos de formación para pilotos de drones profesionales y recreativos, asegura que no ha observado un aumentó del número de peticiones para asistir desde que se produjo la crisis volcánica pero sí cree que, con el tiempo, el papel que han tenido estos aparatos para hacer frente a este desastre natural suponga un aumento de su actividad. «Creo que todavía es pronto para percibir un cambio de tendencia pero llegará el momento en el que la gente se acuerde y lo tenga como una opción profesional más», argumenta. Además, explica que tras la entrada en vigor en diciembre de 2020 de los nuevos reglamentos europeos que regulan el sector, la realización de un curso a través de una escuela autorizada ya no es indispensable para los futuros pilotos. «Desde ese momento, ciertas actividades, como las que implican a los drones más pequeños, ya no requieren de una escuela sino que se facilita que la formación se pueda realizar online», apunta.
En los últimos años, la normativa que regula el uso de estos aparatos se ha ido simplificando adaptándose a las normas europeas. «Ahora solo los trabajos más complicado requieren de una autorización previa y en el resto basta con una declaración jurada», sostiene. Unos cambios que han allanado mucho el camino para el sector, aunque Pons manifiesta que en Canarias siguen habiendo muchos impedimentos. A pesar de que el Archipiélago cuenta con algunas de las mejores condiciones para el vuelo de estas aeronaves, como es el buen tiempo durante la mayor parte del año, los operadores todavía tienen que seguir enfrentándose con varias trabas. «La principal en las Islas es el espacio aéreo», apunta, ya que por motivos de seguridad, todos los aeropuertos tienen a su alrededor un perímetro en el que el vuelo está restringido. «Por ejemplo el del Gando es de 25 kilómetros, lo que afecta a tres cuartos de la isla de Gran Canaria, todo lo que está dentro de ese espacio no puede volar a no ser que se consiga un permiso que es complicado», valora.
El vuelo sobre parajes naturales también requiere de una autorización de los cabildos, algo que supone un nuevo handicap para el desarrollo del sector en Canarias, que debe pedir también permiso al Ejército para desarrollar su actividad en buena parte del Archipiélago, ya que «está afectado por leyes antiguas, redactadas antes de la existencia de los drones que restringen los vuelos fotográficos por motivos de seguridad, pero ahora con Google se puede ver todo», cuestiona.
A pesar de esto, tanto Pons como Fernández consideran que el sector tiene todavía mucho margen para crecer en Canarias y que su desarrollo será importante en el Archipiélago, siempre y cuando se actualicen aquellas normas que suponen un obstáculo para la actividad.
