Malas noticias para los inquilinos en Canarias, y en el resto de España. La fuerte subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) se situó el pasado mes de diciembre en el 6,7% interanual, lo que quiere decir que las personas que –por contrato– tengan el precio de sus alquileres vinculados a la actualización anual del IPC tendrán que pagar casi un 7% más en 2022. Los datos del portal Idealista indican que el precio medio del alquiler en las Islas alcanzó el pasado diciembre su máximo histórico, 10,4 euros el metro cuadrado, por lo que la inflación provocará que en 2022 los alquileres en el Archipiélago continúen al alza. De forma que el precio medio de un piso de dos dormitorios llegará este año a los 800 euros, según indica Aythami Rivero, secretario general de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi).
El IPC es la referencia más común para la revisión anual de precios del alquiler en los contratos. Es la única forma que tiene el propietario de subir la cuantía durante el plazo legal de arrendamiento, establecido en cinco años. Este índice se ha mantenido bastante estable en la última década, de manera que no ha implicado subidas que afectaran al poder adquisitivo. Ni a los inquilinos les modificaba las cuentas mensuales ni a los caseros les suponía un ingreso destacado. El resultado era que, muchas veces, los caseros ni siquiera la aplicaban, pero el indicador lleva aumentando desde el pasado mes de marzo, después de un año de pandemia en números ligeramente negativos.
Las inmobiliarias prevén un trasvase de inquilinos a potenciales compradores
El precio de la energía y su impacto en los costes de producción en general han disparado el IPC a máximos que no se veían desde hace casi 30 años. Hay que remontarse a marzo de 1992, pocos meses antes de que diese comienzo la gran crisis del Sistema Monetario Europeo (que forzó varias devaluaciones de la peseta), para encontrar una tasa de la inflación anual tan elevada en España. Esta subida, se suma al aumento del precio de la luz, de los carburantes, la alimentación o los transportes de mercancías, entre otros.
La escalada del IPC de los últimos meses ha provocado que los contratos de arrendamiento aumente en más de 550 euros al año, según estimaciones de Idealista. Por lo que los inquilinos, cuyo contrato esté vinculado al IPC, pagarán 46 euros más cada mes de media en el próximo año.
Aunque la subida del IPC es la misma para todo el país, el incremento de las rentas no será igual para todos los inquilinos ya que el precio del metro cuadrado es diferente entre comunidades autónomas. En diciembre, mientras que el coste medio del metro cuadrado se situó en Extremadura en 5,5 euros, en Canarias llegó a su máximo histórico marcando 10,4 euros. Colocándose con este dato como la quinta comunidad autónoma con los precios más caros del país. Por encima solo se situaron la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y las Islas Baleares.
La subida de los costes por metro cuadrado todavía es más acusada en la provincia de Las Palmas, donde el dato de diciembre alcanzó los 11,1 euros. Lo que conlleva que un arrendamiento que mide 90 metros cuadrados, cuente con un alquiler que podría alcanzar los 1.000 euros mensuales. Los cifras en Santa Cruz de Tenerife son un poco más reducidas con un precio medio de 9,3 euros el metro cuadro.
Precio tope
«Canarias es una de las regiones más caras porque no hay terreno para construir. Aquí no hay espacio, tienes que quitar un edificio para poner otro», explica el secretario general de Asegi, quien considera que en 2022 se alcanzará el tope máximo de precios de viviendas en las Islas porque ya «está costando que los inquilinos paguen los precios desorbitados que se han pedido durante los últimos meses». Rivero comenzó a trabajar en el sector en 2014, cuando el coste medio de alquiler de una vivienda de dos dormitorios en Canarias rondaba los 500 euros, y en 2022 se espera que alcance los 800. «En los últimos años hemos vivido subidas de casi el 50%, ya se ha tocado techo», aclara. El último incremento comenzó, según el responsable de Acegi, tras el confinamiento del pandémico 2020.
El elevado coste de los arrendamientos ha llevado a los canarios a decantarse por la compra de viviendas. Así lo explica Rivero, quien asegura que las Islas no siguen la tendencia europea de alquiler por las propias condiciones de las Islas. «En el Archipiélago las distancias son muy pequeñas, así que los que adquieren una casa lo hacen para toda la vida», afirma el secretario general de Acegi, quien reconoce que son los «jóvenes» los que prefieren el alquiler por la falta de recursos económico para «hacer frente a los gastos iniciales en las ventas».
Otro de las razones del trasvase de arrendatarios a potenciales compradores es el bajo tipo de interés de las hipotecas con un Euribor congelado que fomenta unas «condiciones favorables para la compra», aclara Rivero.
La escasez de terreno, una de las causas de los elevados costes en el Archipiélago
Otro de los retos que el sector va a tener que afrontar es la futura aprobación de la nueva Ley de la Vivienda, prevista su aprobación para el primer trimestre de este año y que ha puesto en jaque a los gestores que intervienen en el mercado inmobiliario. La nueva normativa permitirá limitar los alquileres de los grandes propietarios –con más de 10 viviendas según diferentes características y condiciones. A el representante de Acegi, la futura normativa –pendiente de conocer los pormenores en detalle– le parece negativa porque «el intervencionismo en el libre mercado de la vivienda provocará un retraimiento de la oferta, que ya de por sí es poca, y así no van a conseguir bajar los precios». Rivero considera que al limitar los precios, crecerán los alquileres vacacionales y habrá un crecimiento de la economía sumergida.
Desde la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria proponen a las administraciones públicas canarias que adquieran «edificios antiguos» y bonifiquen a los constructores para así aumentar el parque de viviendas en el Archipiélago. «Deben buscar mecanismos que beneficien a todas las partes, propietarios e inquilinos, para que el mercado funcione», reclama Rivero.
