Los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), ideados para aportar liquidez a las empresas y evitar una cascada de cierres en los momentos más duros de la pandemia, pueden convertirse en un escalón insalvable para muchas de las pymes y micropymes canarias que recurrieron a este mecanismo en el inicio de la crisis. En abril, si no lo remedia una nueva prórroga por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, tendrán que comenzar a devolver el dinero recibido. Pero para casi 14.000 de ellas –la mitad de las 27.937 que solicitaron en el Archipiélago la primera línea de créditos del ICO, la destinada a cubrir las necesidades de circulante– hacerlo podría suponer una amenaza para su supervivencia.
El retraso de la ansiada recuperación turística, de la que depende buena parte de la actividad económica en las Islas, ha provocado que muchas empresas no hayan podido mejorar su facturación en 2021. Este año tampoco ha arrancado de la mejor manera, ya que las restricciones derivadas de la sexta ola han vuelto a desplomar las reservas turísticas en enero y febrero. Un contexto en el que comenzar a amortizar el capital más lo intereses de los créditos ICO puede poner en serias dificultades a muchos negocios canarios.
«Gran parte de las empresas del país todavía no han remontado». Así lo estima Jorge Hodgson, socio director de JH Asesores Financieros y Bancarios, para quien en Canarias se recrudece aún más la situación, ya que ha sido la comunidad que más ha sufrido los embates de la crisis provocada por la pandemia. «Al menos la mitad de las que solicitaron préstamos ICO no van a poder hacer frente a las cuotas», prevé.
Estos créditos fueron ideados para sostener al tejido económico durante el parón que provocó el confinamiento. En un primer momento se estableció que en los primeros doce meses las empresas no tendrían que pagar ninguna cuota a excepción de los intereses. Sin embargo, en aquel momento nada hacía presagiar que la crisis acabara extendiéndose, pero viendo la persistencia de la pandemia, en diciembre de 2020 el Gobierno central prorrogó la carencia hasta marzo de este año y extendió el plazo de devolución hasta 2028.
"Si no hay aplazamiento la crisis puede trasladarse al sistema financiero"
Para Hodgson, ante el escenario actual, el Ejecutivo de Sánchez debería aprobar un nuevo aplazamiento de «al menos un año de carencia y otro de amortización». «Las empresas no han logrado remontar en 24 meses, ¿ahora vamos a dejar que caigan?», se pregunta.
Las dos grandes patronales de las Islas, la CEOE-Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), ya han alzado la voz acerca de las dificultades que van a tener miles de firmas canarias para afrontar los pagos no se concede un nuevo aplazamiento. Una reclamación a la que también se ha sumado la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), ya que más del 70% del total de operaciones que se han suscrito en todo el país han beneficiado a micropymes o trabajadores por cuenta propia.
Hodgson advierte que la única opción, si no se produce una prórroga, es que las empresas renegocien y refinancien las operaciones ICO con las propias entidades bancarias. Pero para ello, «serían necesarias tres cuotas impagadas para entrar en mora y a partir de ahí empezar a negociar».
"La mitad de las empresas no podrán pagar porque no se han recuperado"
Una alternativa que no está exenta de riesgos. «Por lo general las empresas no trabajan con una sola entidad bancaria sino que han oficializado préstamos con varias de ellas», expone. De hecho, aunque el número de negocios que han recurrido a los ICO en Canarias supera los 27.000 , en realidad se han suscrito 44.205 operaciones, por un valor de 4.338 millones. A estas empresas se suman también las 3.506 firmas que se acogieron a estos avales para inversión y actividad, que en abril deben también empezar a devolver otros 525,4 millones de euros.
«Empezaremos a ver un reguero de impagos en todas las entidades financieras», prevé y señala que tendrán que provisionar fondos ante la cascada de impagos, que deberán reportar también al Banco de España.
En el mejor de los casos, la entidad podrá ofrecer a aquellos clientes que tengan buenas previsiones de pago una nueva operación financiera para cancelar la suscrita a través de los ICO, lo que no sería sino refinanciar la deuda con otro préstamo, que ya no estaría avalado por el Estado.
Pero en muchas operaciones, a los bancos no les quedará más remedio que ejecutar la garantía, que es precisamente el aval público del Instituto de Crédito Oficial. Pero aún así, ese aval cubre entre el 70% y el 80% de la deuda, por lo que las entidades deberán hacerse cargo del resto. «¿Van a tener capacidad para hacerlo?, duda Hodgson.
«Esto puede suponer que la crisis que hasta ahora se ha mantenido al margen del sistema financiero se traslade también a las entidades», indica y vaticina que si no cambian las condiciones «podemos estar ante una de las mayores bancarrotas de la historia de Canarias».
Una situación que puede ser todavía peor si coincide con el inicio de la retirada de las ayudas y estímulos fiscales impulsados por Bruselas para paliar los efectos de la crisis, que la Comisión Europea ya ha abogado por replegar, aunque esto pueda suponer una cascada de bancarrotas.
«Estamos anestesiados y la situación se complica cada vez más», señala Hodgson, que asegura que las administraciones parecen no ser conscientes. «Hablan de recuperación y yo no la veo, las empresas siguen perdiendo mucho dinero», indica.
