El Gobierno tiene previsto aprobar este martes una ampliación de seis meses del plazo de carencia en el pago del principal de los créditos a empresas con aval público del ICO lanzados al comienzo de la pandemia. El periodo máximo en que las compañías solo tendrán que abonar los intereses, así, se extenderá desde los actuales dos años. La mayoría de dichos periodos de carencia vencían en abril y mayo, con lo que ahora lo harán en octubre y noviembre.

La medida, eso sí, no será para las empresas de todo tipo de actividad económica, sino para las de los "sectores más afectados" por la crisis de precios energéticos derivada de la invasión de Ucrania. Lo mismo es aplicable para la extensión del plazo máximo de vencimiento de los créditos, que el Gobierno va a ampliar hasta un máximo de 10 años desde los ocho actuales. Está por ver cómo define el Ejecutivo cuáles son los sectores que considera más perjudicados por la crisis.

Los bancos están pendientes de ello para comprobar el impacto de la medida en sus cuentas. Salvo que las autoridades supervisoras europeas permitan lo contrario, lo que hoy por hoy parece complejo, ampliar el periodo de carencia es considerado contablemente como una reestructuración del crédito y obliga a las entidades a guardar provisiones para afrontar posibles pérdidas futuras, ya que se entiende que el riesgo de impago del cliente aumenta.

La tercera medida financiera que va a aprobar el Consejo de Ministros es una nueva línea de créditos avalados por el ICO dotado con 10.000 millones de euros "para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y de los combustibles". Dicho nuevos préstamos tendrán un periodo de carencia en el pago del principal de doce meses, según ha revelado este lunes la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

Liquidez e inversión 

Al cierre de febrero, las líneas del ICO para liquidez (dotada con 100.000 millones) e inversión (40.000 millones) creadas por la pandemia habían avalado 103.77 millones, lo que había permitido a las empresas recibir 136.360 millones de los bancos (el Estado avala el 80% de la cantidad a autónomos y pymes y el 70% a grandes empresas). Las entidades financieras habían aprobado 1.156.933 operaciones, de las que más del 98% han sido suscritas por empresas pequeñas y medianas y trabajadores por cuenta propia. El plazo de solicitud finaliza el próximo 1 de junio.

El Gobierno fijó inicialmente, en marzo de 2020, un vencimiento máximo de cinco años y una carencia de 12 meses para estos préstamos. En noviembre de aquel año, permitió a las empresas que lo solicitasen ampliar dicho plazos en tres años y 12 meses adicionales, respectivamente. Se acogieron a dicha medida –cuyo plazo de solicitud finalizó el 15 de mayo de 2021- 386.698 operaciones, que representan aproximadamente el 43% del total que podían solicitarlo y en torno al 50% de los avales y de la financiación que se había movilizado hasta el 18 de noviembre de 2020. Adicionalmente, el Ejecutivo aprobó en marzo del año pasado que los bancos y las empresas pudiesen negociar extensiones del plazo hasta los 10 años en determinados supuestos, también hasta el 1 de junio.