La empresa Tragsa ha recibido la encomienda de convertir el Colegio León del barrio de El Lasso de Las Palmas de Gran Canaria en un centro para atender a migrantes que llegan a las costas de las Islas. En concreto, según anunció el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acogerá a mujeres vulnerables y familias con niños. Para desarrollar los trabajos, la mercantil pública ha comenzado a buscar empresas constructoras, pero ninguna canaria.
«Hasta el jueves tienen tiempo», explicó este viernes la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas (AECP), Salud Gil, sobre la posibilidad de que a partir del lunes se produzca un giro de guion que dé entrada también a las compañías locales en el proceso.
Lo que sí pudo confirmar es que por el momento Tragsa –integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)– «no ha marcado el número de ninguna de las empresas de aquí». Según datos recabados, la invitación a participar en las obras de remodelación y acondicionamiento –cuando el pasado mes de enero el ministerio anunció la decisión se habló de demolición– se ha acompañado de la cifra de 18 millones de euros como avance de la facturación que supondría hacerse cargo de las obras.
"Resulta indignante que se deje fuera a las empresas de la construcción de las Islas mediante este proceso perverso"
«Resulta indignante que se deje fuera a las empresas de la construcción de las Islas mediante este proceso perverso, sobre todo ahora», expuso Gil en torno la gravedad de la exclusión cuando se afronta la recuperación tras la pandemia. A pesar de ello, lamentó que a estas alturas «nadie pueda extrañarse». Ella misma denunció hace poco más de un año que hasta las administraciones canarias –comunidad, cabildos y ayuntamientos– habían encargado a la propia Tragsa trabajos por valor de más de 150 millones de euros a lo largo de un trienio.
Óscar Izquierdo, homólogo de Gil en la provincia de Santa de Cruz de Tenerife (Fepeco), se sumó a la denuncia de «competencia desleal» que a juicio de ambos supone la creciente presencia de Tragsa en los procesos de adjudicación de obra pública. «No está en su objeto social la construcción de inmuebles», añadió la presidenta de la AECP; el propio nombre denota que se gestó, durante los primeros gobiernos de la Transición, para la transformación agraria del país.
De tal manera que la empresa pública recibe la encomienda y debe buscar luego a una constructora que realice el trabajo que se le encarga. ¿Bajo qué criterio? «Pueden llamar a quien quieran, y básicamente se da a precio», concepto «al que otorgan el 95% de la valoración en la licitación», detalló Gil. Tragsa se queda un porcentaje por la gestión.
La empresa pública no tiene en su objeto social la construcción de edificios, pero se le encomiendan obras
Tanto Gil como Izquierdo señalaron que la forma de proceder de las administraciones tiene su origen en la «incapacidad» para sacar adelante un proceso de licitación ordinario. «Compran una sola acción de Tragsa y así puede considerarse ya que es una empresa pública propia; declaran la emergencia, que habría que saber cuál es en este caso, y se evitan el año que tardan de manera habitual en sacar adelante cada proceso», explicó Salud Gil.
Esta forma de operar «perjudica claramente a las empresas locales», añadió Óscar Izquierdo. Las patronales de la construcción preparan la adopción de acuerdos para acudir a la vía judicial y, de esta manera, generar jurisprudencia para frenar esta vía. Sentencias que les avalan ya existen.
