Aluvión de reclamaciones contra miles de isleños asfixiados por las ‘revolving’

La extraordinaria subida de los precios dispara los juicios rápidos por impagos a cifras récord | En las Islas se superan por primera vez los 60.000 casos en 2022

Los juzgados de Canarias recibieron en 2022 una avalancha de reclamaciones de deudas. De hecho se contabilizó el mayor número de casos en un año desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comenzara en 2007 a publicar los datos oficiales sobre este tipo de proceso en cada Comunidad Autónoma. Es decir, el mayor número de casos en al menos los últimos 17 años. La estadística del órgano de gobierno de los jueces muestra de esta manera cómo la crisis de precios ha incrementado la cifra de familias y empresas que se las ven y se las desean para cumplir sus pagos en tiempo y forma. Además, a esas cada vez mayores dificultades de miles de isleños para no convertirse en morosos se une el auge de los llamados procedimientos monitorios, la vía judicial exprés para la reclamación de cantidades y la vía favorita de los fondos buitre para exigir el pago de deudas por las peligrosas tarjetas revolving. Si se tiene en cuenta que el número de hogares a los que no les queda más remedio que echar mano de las revolving se multiplica, claro, en tiempos de crisis, no resulta extraño que los juzgados isleños tramitasen por primera vez el año pasado más de 60.000 monitorios.

Los juzgados reciben el doble de solicitudes de acreedores que antes de la crisis

Las revolving son esas tarjetas que los bancos dan a sus clientes para que estos compren a crédito. Las familias gastan o incluso disponen de efectivo con cargo al saldo que les haya concedido su entidad financiera y luego devuelven el dinero, con los correspondientes intereses, en tantos plazos como quieran, o casi. Los problemas vienen en épocas de crisis, cuando a muchas familias no les queda más remedio que usar la tarjeta revolving para cubrir las necesidades más básicas: la ropa de los niños al comienzo del cole, los recibos de la luz o del agua o la compra semanal o mensual en el supermercado. No en vano, los intereses del revolving, que no es más que un producto financiero como cualquier otro envuelto en una tarjetita plástica, no es que sean altos, es que son altos en el mejor de los casos; en el peor son directamente leoninos, propios de usureros. Por eso buena parte de esas familias que no tienen otra que tirar de las revolving no puede luego pagar las cuotas. Es entonces cuando entran en juego los fondos buitre.

Los bancos tratan de recuperar el dinero y de cobrar los intereses, pero en muchas ocasiones no les interesa embarcarse en una batalla judicial por cantidades que suelen ser pequeñas: mil, 2.000 o 3.000 euros. Así que lo que hacen es vender esa deuda, o más bien el derecho a cobrar esa deuda, a los fondos buitre, que son los que acosan con llamadas a los deudores y los que en los últimos años emplean cada vez más los procedimientos monitorios. ¿Por qué? Porque con esta vía exprés se aprovechan muchas veces del desconocimiento de esas familias y empresas endeudadas por el revolving. El monitorio comienza cuando el acreedor interpone el procedimiento en el juzgado. Luego el juzgado envía el requerimiento de pago al deudor y este tiene dos opciones: la primera, pagar; la segunda, presentar un escrito de oposición en el que alegue su disconformidad. En caso de que muestre su oposición a la reclamación de deuda, el procedimiento monitorio finaliza sin más y el caso pasa a la vía judicial ordinaria, es decir, que se resuelve en juicio. Pues bien, lo que ocurre es que son mayoría quienes no saben qué es un monitorio y no responden al requerimiento o lo hacen fuera del plazo de 20 días hábiles que establece la ley. A esas familias o personas les llega un escrito de un juzgado por una deuda con un fondo buitre con el que jamás contrataron nada –lo hicieron con el banco– y que ni siquiera conocían, de ahí que en muchas ocasiones la comunicación acabe en la papelera o no se le preste atención. Y cuando esto pasa, cuando no se contesta el requerimiento oponiéndose al monitorio, la deuda es ejecutable sin necesidad de más trámites, con lo que el fondo de capital riesgo o fondo buitre solo tiene que exigir la deuda y sus intereses leoninos, cuando no usurarios.

Según las cifras suministradas por el CGPJ, los procedimientos monitorios se incrementaron en 2022 en Canarias hasta un 9%. Entre enero y septiembre del año pasado, la estadística judicial contabilizó en las Islas 46.404 casos, frente a los 42.648 de los mismos meses de 2021. Es la mayor cantidad de siempre en ese período. El órgano de gobierno de los jueces aún no dispone de los datos definitivos del último trimestre, pero sí se sabe ya que al cabo del año los monitorios sumaron por primera vez en la Comunidad Autónoma más de 60.000, también el número más alto registrado hasta la fecha.

Los fondos buitre se aprovechan del desconocimiento de los procedimientos monitorios

La información del CGPJ permite ver cómo los procedimientos monitorios han ido comiéndoles terreno a las reclamaciones de cantidad en vía ordinaria. Los acreedores recurren cada vez con más frecuencia a la fórmula exprés en detrimento de la tradicional, y los casos de monitorios no dejan de aumentar año tras año por la voracidad de los fondos buitre, que confían en que los deudores no respondan al requerimiento judicial en tiempo y forma para así poder reclamar el dinero en vía ejecutiva. En los tres últimos años, las reclamaciones de cantidad ordinarias pasaron en los juzgados de Canarias de 10.413 en 2019 a 8.371 en 2020 y 7.599 en 2021. En los años de la crisis financiera llegaron a superar con creces los 11.000 casos. En cambio, los monitorios, que en 2019 y 2020 sumaron 45.851 y 46.433 expedientes, llegaron en 2021 a 58.413. Aunque su número también creció de forma sensible en los años posteriores al crac de 2007, nunca alcanzaron las actuales cifras. De hecho, los monitorios se han convertido de algún modo en un indicador más de la salud económica. En 2016, 2017 y 2018, los últimos años de bonanza –al menos en la teoría–, los juzgados de la región recibieron alrededor de 30.000 procedimientos de este tipo al año, una cantidad muy inferior a las de los recientes ejercicios de pandemia e inflación. Así que ahora hay prácticamente el doble de casos que antes de la doble crisis de la covid y los precios.

En el Archipiélago son varios los despachos de abogados que se han especializado en la defensa de personas y familias acosadas por los fondos buitre por deudas de pequeña cuantía. El bufete Velázquez y Sabina Abogados, con despacho en Adeje, al sur de Tenerife, y uno de los más reputados y exitosos en materia de derecho civil bancario, ha logrado librar del pago a una larga lista de sus clientes tras demostrar que los intereses que se les reclamaban eran abusivos. Es más, incluso han logrado en numerosas sentencias que las entidades financieras devuelvan lo cobrado de más y se anulen las condiciones de la tarjeta revolving. Un ejemplo es el litigio ganado al fondo Investment, que le reclamaba a una clienta del bufete una deuda por el impago de una revolving que triplicaba el interés fijado por el Banco de España para operaciones crediticias. En ese momento estaba en el 7,8% y el fondo pretendía cobrar en intereses un 25,64% en Tasa Anual Equivalente (TAE). El despacho canario no solo consiguió la cancelación de la deuda, que ascendía a poco más de 5.000 euros, sino que, además, logró que Investment devolviera los más de 1.500 euros cobrados a la mujer por intereses usurarios.

Suscríbete para seguir leyendo