Sector agroganadero

El campo jubila (antes de tiempo) el lápiz y el papel y los ganaderos asturianos protestan por su falta de cobertura y conexión a internet

El sector agroganadero teme al inminente cuaderno digital: "Lo único que van a ocasionar es más burocracia y más gasto dada la dificultad para cumplimentarlo"

El campo jubila (antes de tiempo) el lápiz y el papel y los ganaderos asturianos protestan por su falta de cobertura y conexión a internet

El campo jubila (antes de tiempo) el lápiz y el papel y los ganaderos asturianos protestan por su falta de cobertura y conexión a internet

Mariola Riera

Para hablar por teléfono móvil con José Ramón García Alba "Pachón", secretario general de UCA, cuando está en su pueblo de La Cerezal de Rellanos (Tineo), hay que avisarle de antemano para que a la hora fijada se aleje de su casa y ganadería para pillar cobertura. A Ramón Artime, presidente de Asaja en Asturias, se le escucha entrecortado, hay interferencias cuando está en su domicilio en Gozón y tiene que irse a determinados rincones para poder conversar. A muchos pastores de los Picos de Europa es imposible contactarlos los meses de verano cuando se instalan en las majadas de las montañas, donde los móviles son trastos inútiles, así que tanto familiares como el resto deben esperar a que bajen al pueblo a algún recado para llamarlos.

En el medio rural asturiano es un hecho que la cobertura móvil y la buena conexión a internet brillan en general por su ausencia. Por eso nadie se explica y muchos se echan las manos a la cabeza ante la normativa que está a la vuelta de la esquina para implantar un registro digital en el campo, en el que los propios titulares deberán anotar cambios y distintos datos de sus explotaciones agroganaderas. Son requisitos asociados a la nueva Política Agraria Común (PAC), que se desarrollará hasta 2027.

Uno de los registros será el cuaderno digital (CUE), que, si no se cambian las fechas, será obligatorio a partir del 1 de septiembre para aquellas explotaciones de más de 30 hectáreas de cultivos o de pastos permanentes o 10 de cultivos permanentes. También para explotaciones con más de 5 hectáreas de regadío o con alguna parcela de invernadero. El 1 de julio de 2024 será obligatorio para el resto. También, está el REA (Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas), en el que cada agricultor debe incorporar datos de su explotación como parcelas o cultivos, cualquier cambio que efectúe...

Y todo esto de forma digital, nada de lápiz y papel, algo que en Asturias se pone a muchos cuesta arriba, primero, por la citada falta de cobertura y, segundo, porque la media de edad en el medio rural es más bien elevada y muchos de los titulares de las explotaciones agroganaderas no están familiarizados con internet ni las nuevas tecnologías.

Así lo ha advertido en este periódico recientemente Pachón García Alba, cuya organización pelea para que el Ministerio de Agricultura dé marcha atrás. "Los ganaderos, más del 80%, tienen mi edad, casi 60 años, o más. Somos gente que cuando empezamos no había ordenadores. La mayoría no sabe ni encenderlo. ¿Cómo lo va a hacer? A punto de jubilarse no va a volver a la escuela", reflexionaba el líder de UCA.

En Asaja, Ramón Artime se muestra también contrario a los nuevos requisitos digitales. Advierte de que España "es el único país de la UE que lo va a implantar ya y obligatorio" y asegura: "Lo único que va a ocasionar a los ganaderos es más burocracia y más gasto dada la dificultad que les va a suponer su cumplimentación".

Así las cosas, en algunas comunidades autónomas se han empezado a mover para tratar de que el Ministerio retrase la implantación del cuaderno de campo digital. "Todo son trabas y problemas. No podemos pedir a la gente que se quede en el medio rural, tratar de que los jóvenes apuesten por el sector y luego complicarlo todo más y más", se queja Artime, muy crítico también con la nueva PAC por los, a su juicio, "excesivos" requisitos para conceder las ayudas. Asaja ha denunciado que, pese a disponer de más fondos, estos llegarán en menor cuantía, un 20 o 30% menos, a los ganaderos debido a las inversiones que han de afrontar para entrar dentro de las exigencias de la UE.

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