La construcción alerta de que el pacto por la gobernanza es ya «acuciante»

El enfriamiento de la construcción de vivienda libre y la nula disposición de promociones públicas ha agravado hasta «el estado de coma» el problema, así explicó ayer la presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas (Aecp), María de la Salud Gil, la alarmante situación que vive el mercado de la vivienda en Canarias. Una cuestión que ha llevado a la patronal a tender la mano al nuevo Gobierno de Canarias para poner en marcha de una vez el «pacto por la gobernanza» que reivindican desde hace meses. El fin es impulsar la colaboración público-privada para solucionar la emergencia habitacional y evitar la perdida de fondos europeos. 

Los constructores comprenden que el Gobierno acaba de empezar a engrasar la maquinaria, pero aseguran que no se puede retrasar más. Por eso, Gil anunció en la rueda de prensa celebrada ayer en la capital grancanaria que espera mantener esta semana una reunión con el presidente Fernando Clavijo y con el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, para atender la demanda de vivienda en las islas, que ha calculado en 40.000 familias.

Uno de los principales fines del acuerdo para la asociación debe ser acabar con las convocatorias de obra pública desiertas -425 entre 2021 y el primer semestre de este año- y dejar de favorecer a las empresas públicas, como Tragsa, que para Aecp suponen un claro ejemplo de «competencia desleal». Es más, Gil cifra en más de 700 millones de euros la cantidad de dinero que han «usurpado» a la actividad del sector en los últimos cinco años estos dos ‘obstáculos’ que quieren eliminar. 

¿Por qué 700 millones? Entre 2018 y el primer semestre de 2023 Tragsa ejecutó 571 obras por un importe de 468 millones de euros, y en el periodo de 2021 a 2023 han quedado desiertas obras por valor de 206 millones de euros, lo que en total suma ese dato.

A pesar de que Canarias cuenta con un Plan de Vivienda, en lo que va de año no se ha puesto a disposición de la ciudadanía ninguna promoción nueva. En esta legislatura, el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, ha puesto como objetivo levantar 3.000 casas, pero la presidenta de la Aecp ve la meta «poco ambiciosa» y cree que se puede llegar a 8.000 involucrando al sector privado. 

Según Gil, el cambio que reclaman es posible y prueba de ello es que «cuando el cargo público tiene una motivación poderosa hace funcionar la maquinaria», refiriéndose a que en este año electoral la licitación creció un 21,85 % en comparación al mismo periodo de 2022. De hecho, solo entre marzo y mayo se licitaron el 73 % del total, 460 millones de euros, y solo en marzo 183 millones.

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