San Bartolomé de Tirajana

Los planes de Puertos Canarios para el muelle de Santa Águeda dividen al Sur

El grupo de gobierno local asumirá la decisión del Ejecutivo canario, pero la oposición la rechaza.

Trabajadores de la cementera y vecinos, «sorprendidos».

Pedro Ortega de la  Confederación Canaria de Empresarios , sobre la cementera de Santa Águeda en Arguineguín en el sur de Gran Canaria

ACFI PRESS

Los planes de Puertos Canarios de no renovar a la cementera la concesión para el uso industrial del puerto de Santa Águeda, a raíz del informe desfavorable a la solicitud de prórroga de Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) firmado por el gerente del ente público, José Gilberto Moreno, dividen a San Bartolomé de Tirajana. Mientras que el grupo de gobierno local, integrado por los grupos PP-AV y CC, acatará la decisión que en los próximos meses tome el Consejo de Administración de Puertos Canarios sobre si mantendrá el uso industrial del muelle o este pasa a uso turístico, los partidos de la oposición, PSOEy NC, rechazan la postura del Ejecutivo regional, y los trabajadores de la cementera y los vecinos del pueblo se confiesan «sorprendidos».

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en el centro, preside el Consejo de Administración de Puertos Canarios, el martes.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en el centro, preside el Consejo de Administración de Puertos Canarios, el martes. / Andrés Cruz

El informe rubricado por el gerente de Puertos Canarios concluye, según explicó el martes el presidente del ente público y consejero regional de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, que las concesiones del puerto y minera de la cantera de San José - de donde Ceisa extrae la puzolana para elaborar el cemento- no están vinculadas, por lo que no procede conceder una prórroga de la concesión del puerto a la cementera, que tiene 15 días para presentar alegaciones.

Y ante la noticia, las reacciones han sido diversas en San Bartolomé de Tirajana. Por un lado, el grupo de gobierno que preside Marco Aurelio Pérez ha anunciado que «asumirá y respetará» la decisión que tome el Ejecutivo canario sobre el futuro uso del puerto de Santa Águeda. En un comunicado, el Consistorio explica que aunque no tiene conocimiento del fondo del informe de Puertos Canarios «es evidente que la concesión está vencida, razón por la cual el Gobierno de Canarias en la legislatura anterior no adoptó acuerdo alguno sobre la prórroga de dicha concesión». También recuerda que el PIO aprobado en 2022 recoge que, una vez acabe la concesión, el puerto tendrá uso turístico. Y es más, apela a un acuerdo entre el Gobierno y la propiedad de la cementera, por lo que «espera que se llegue a consenso con la empresa para procurar un acuerdo siempre en defensa de los trabajadores y de esta industria tan importante para nuestro municipio y para nuestra isla».

El Ayuntamiento pide un acuerdo entre Gobierno y empresa en defensa de los trabajadores

La oposición, en cambio, rechaza los planes de Puertos Canarios. Los socialistas han mostrado su «total y absoluto» rechazo al informe. «La tramitación del expediente estaba suspendida y ahora se sacan este informe de la chistera», reflexiona su portavoz, Conchi Narváez, «el expediente estaba terminado con todos los informes favorables que se recabaron para poder otorgar la concesión, y no eran ni uno, ni dos ni tres. ¿Qué han hecho con todos esos informes?».

Oposición

La socialista recordó que durante la legislatura anterior el Gobierno regional se sentó y escuchó a todas las partes afectadas. «Con la empresa, vecinos, con las empresas de alrededor e incluso conmigo como alcaldesa y ahora no solo no se sientan con nadie sino que nos enteramos por la prensa de decisiones que se toman de forma unilateral y que afectan a una industria muy importantes para Canarias y a más de 600 trabajadores», asevera Narváez, quien reclama al consejero Pablo Rodríguez que deje de «hacer experimentos con gaseosa» y se reúna con las partes afectadas para «darle continuidad a ese expediente que ya estaba casi culminado».

Diego Urda, portavoz del comité de empresa de la cementera de El Pajar

Diego Urda, portavoz del comité de empresa de la cementera de El Pajar / Andrés Cruz

Por su parte, NC considera que la decisión del Gobierno «no responde al interés general» de los vecinos de El Pajar sino al «interés individual de unos pocos», en relación al sector turístico. «Llama la atención que el consejero Pablo Rodríguez a pesar de manifestar que mientras el expediente estuviese judicializado no se resolvería la solicitud de prórroga, de buenas a primera quiera resolver el expediente antes del verano con un informe que genera serias dudas por su procedencia», señala el portavoz nacionalista, Samuel Henríquez, en un comunicado en el que critica al grupo de gobierno local, al que acusa de «cambiar de criterio y engañar a los vecinos de El Pajar». En el Pleno del 30 de abril de 2021 se aprobó con el visto bueno de todos los grupos una moción de apoyo a que la fábrica obtuviese la prórroga de la concesión.

La plantilla de la cementera se ha mostrado «sorprendida» pero «tranquila». Diego Urda, portavoz del comité de empresa, explica que no temen una pérdida de empleo, pues la compañía siempre ha sostenido que aunque le quiten el puerto seguirá operando porque la fábrica está en suelo en propiedad, pero sí critica que la empresa no haya recibido ninguna comunicación sobre los planes de Puertos Canarios. «Dijimos que era posible el uso mixto; se han empeñado en que no pero la fábrica se va a quedar ahí», relata, «aunque lo curioso es que quien firma el informe es una persona puesta por el consejero, es decir, acepta un informe de alguien que coloca él pero hace caso omiso a otros informes favorables que están en el expediente».

La patronal opta por no tomar partido ante la controversia al tener entre sus filas a ambos sectores

Urda se pregunta sí la ciudadanía estará dispuesta a que, ya sin puerto, la materia prima tenga que trasladarse en camiones, ya que mensualmente entran por barco unas 40.000 toneladas de materia prima que tendrán que transportarse por carretera. «Será infinitamente más caro; primero podría ser un golpe económico para la empresa y después aumentaría el precio del cemento».

Los vecinos

Los residentes de Santa Águeda también se han pronunciado con un claro mensaje en redes sociales: «no nos moverán». Mariano Trujillo, presidente de la plataforma Salvar la Bahía de Santa Águeda, un colectivo que reúne a más de 700 vecinos, explica que el pueblo ha recibido «muy mal» la noticia. «Lo único que queremos es disfrutar de nuestra playa, queremos seguir como estamos, con la idiosincrasia de nuestro pueblo», relata en relación a los 200 atraques para embarcaciones que tendría el futuro muelle deportivo de efectuarse el cambio de uso finalmente, «queremos que siga la cementera porque es el escudo de nuestro pueblo; si le quitan el puerto a la cementera, luego vendrán a por nosotros también y nos cerrarán la entrada al barrio con una barrera como pasó en Pasito Blanco».

Instalaciones de la cementera sobre el puerto de Santa Águeda.

Instalaciones de la cementera sobre el puerto de Santa Águeda. / Santi Blanco

Trujillo recuerda además que el actual vial de acceso al muelle atraviesa los terrenos de la fábrica. «¿Por dónde pasarán después? Van a quitar el Bar La Bahía de El Pajar o El Boya?», se pregunta, al tiempo que, insiste, los vecinos no están en contra del turismo. «Estamos a favor, pero solo quieren el muelle para fastidiarnos la playa, queremos disfrutarla nosotros y todos los canarios; si quieren seguir fabricando, que lo hagan barranco arriba, como si llegan a Cercados de Espino, pero a nosotros que nos dejen tranquilos».

«Dijimos que era posible un uso mixto, se han empeñado en que no pero la fábrica se va a quedar», señala Diego Urda, portavoz del comité de empresa de la cementera

También critica a los grupos de la oposición. «El PSOEy NC están a favor y ahora criticando, pero ellos estuvieron gobernando en la legislatura anterior en el Gobierno de Canarias y no hicieron nada», cuenta, «cuando nos reunimos con el consejero Sebastián Franquis salimos contentos, tuvo una gran oportunidad para dar la concesión, pero no tomó la decisión». Los vecinos se reunirán en los próximos días para determinar qué actuaciones llevar a cabo.

Por otro lado, la patronal ha optado por no manifestarse sobre el informe negativo de Puertos Canarios al encontrarse entre sus filas los dos sectores económicos involucrados en el futuro del muelle: el industrial y el sector turístico. «Es un tema en el que nosotros no tomamos partido, un tema en el que hay varias sectoriales en las que se está hablando y un tema que lo que intentamos es que aquello que se haga, se haga de una forma correcta que no genere cargos a la Administración y que garantice los puestos de trabajo, la actividad y la necesidad de cemento que puede haber en Canarias», señaló ayer Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) antes de reunirse con el presidente del Gobierno deCanarias, Fernando Clavijo.