Una quincena de empresas se ofrece para paliar la emergencia energética en Canarias

Un total de 15 empresas se ha ofrecido para instalar los generadores y demás infraestructuras necesarias para evitar nuevos macroapagones como el ocurrido en julio en La Gomera. El plazo para la presentación de ofertas terminó a las 23.59 horas del jueves y en la Consejería de Transición Ecológica y Energía, que dirige Mariano Hernández Zapata, ya hacían ayer un primer análisis de las propuestas.

En principio, y a falta de un estudio más concienzudo, las firmas que se han prestado para paliar la delicada situación del sistema energético del Archipiélago -que el pasado día 2 llevó al Consejo de Gobierno a declarar una nueva situación de emergencia- ofrecen medios y garantías suficientes para cubrir los 230 megavatios (MW) que le faltan a la infraestructura insular. Hay que recordar que un informe de Red Eléctrica de finales de 2021, que es el que ha terminado por disparar todas las alarmas y ha desembocado en la declaración de emergencia energética, reconoce un déficit de generación de 30 MW en Fuerteventura, de 80 MW en Tenerife y de hasta 120 en Gran Canaria. Estas islas son las tres más expuestas al riesgo de nuevos apagones o ceros energéticos, si bien el Ejecutivo autonómico va a aprovechar para reforzar el sistema también en el resto del Archipiélago, donde está igualmente obsoleto.

Nuevos generadores para 250 megavatios

De hecho, la intención de la consejería de Hernández Zapata es que las nuevas instalaciones de urgencia inyecten 250 megavatios de potencia en el sistema, o más bien que tengan capacidad para inyectar hasta 250 MW, ya que se pondrán en marcha en función de las circunstancias. «Una vez recibidas las propuestas, se realizarán ahora los estudios pertinentes y el análisis de cada caso, se estudiará su viabilidad y se seguirá avanzando para su integración en el sistema eléctrico», explicó ayer el director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández.

Los nuevos generadores e instalaciones son, cabe insistir, una medida de urgencia y de refuerzo del sistema, pero en ningún caso dan garantías más allá de esta coyuntura. La solución a los problemas energéticos que padece la Comunidad Autónoma no llegará hasta que se resuelva el concurso digamos ordinario para la prestación del servicio, que ni siquiera ha sido convocado todavía y que depende del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que dirige Teresa Ribera.

Esto impide saber con exactitud cuánto tiempo dependerá la estabilidad energética de las Islas de estos generadores de emergencia, de ahí que en la consejería no descarten nuevos concursos exprés en función de las necesidades. Necesidades que van más allá de los 250 MW que se adjudicarán por la vía de urgencia pero que el operador del sistema, Red Eléctrica, debe acreditar.

La posibilidad es sacar más concursos de urgencia según se acredite un mayor déficit de potencia

La idea es que una vez se acredite ese mayor déficit de potencia, se puedan celebrar más concursos exprés que blinden el suministro a los hogares y empresas de la región. Hay que tener en cuenta que aunque el concurso lo ha diseñado y lo resolverá el Gobierno de Canarias, es el Miteco el que ha de sufragar el coste, algo a lo que el Ministerio ya se ha comprometido. En el Miteco son conscientes de la delicada situación del sistema energético isleño y le reconocen al Gobierno de Fernando Clavijo el hecho de que haya dado el paso de declarar la emergencia.

La sintonía y la voluntad común de mitigar cuanto antes esta crisis parecen así garantizadas. La mitad del coste de las nuevas infraestructuras de urgencia se cubrirá con cargo a los presupuestos del Estado y la otra mitad, con cargo a la tarifa eléctrica. El consejero Hernández Zapata valoró el pasado viernes la acogida de la convocatoria como un «importante éxito». «El número de solicitudes presentadas pone de manifiesto el interés por parte de las empresas, lo que además corrobora que la decisión de esta consejería ha sido muy acertada».

La energética es una de las cuatro declaraciones de emergencia vigentes en el Archipiélago junto con la climática, la social -relacionada con los menores migrantes- y la hídrica en las islas orientales.

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