Investigación

Una grieta de la reforma laboral da pie a abusos como los del Camp Nou

La norma aprobada por el PP en 2012 flexibilizó los requisitos para que las empresas, en determinadas condiciones, pudieran decidir legalmente pagar salarios por debajo de lo pactado para el conjunto del sector, algo que no ha tocado el Gobierno de coalición

Un trabajador, frente a las obras del Camp Nou.

Un trabajador, frente a las obras del Camp Nou.

Gabriel Ubieto

La última reforma laboral diseñada por la vicepresidenta segunda y líder de SumarYolanda Díaz, revirtió alguno de las medidas introducidas por el PP en 2012. Mejoró las condiciones de la negociación colectiva para los sindicatos y, en este sentido, "reequilibró" las reglas del juego para concertar con las patronales. También ha logrado rebajar los niveles de temporalidad a mínimos históricos en un tiempo récord.

No obstante, la norma pactada con los agentes sociales dejó intacta parte de la herencia de Mariano Rajoy. No recuperó los salarios de tramitación, ni las cuantías indemnizatorias en caso de despido previas. Tampoco tapó una de las grietas en las relaciones laborales que están sufriendo hoy parte de los obreros subcontratados para reformar el estadio del Fútbol Club Barcelona, el Camp Nou. Grieta que durante esta legislatura el Gobierno aspira a tapar.

La norma aprobada por el PP en 2012 flexibilizó los requisitos para que las empresas, en determinadas condiciones, pudieran decidir legalmente pagar salarios por debajo de lo pactado para el conjunto del sector. Lo que técnicamente se conoce como una inaplicación de convenio o descuelgue. La justificación que dio entonces el equipo del Ministerio de Trabajo (entonces Empleo) dirigido por Fátima Báñez (hoy presidenta de la Fundación CEOE) fue que esa fórmula permitía a determinadas empresas en crisis rebajar su masa salarial durante un periodo temporal. Y así evitar el cierre y que los trabajadores pudieran mantener su empleo y recuperar más adelante sus sueldos.

Esa es la teoría, pero no siempre la práctica, según apuntan las distintas fuentes consultadas. Dentro del sector de la construcción, por ejemplo, hay compañías que utilizan esa fórmula del descuelgue para competir a la baja salarialmente con otras compañías y ser seleccionadas así por la contratista. Promueven un comité de empresa favorable a los intereses de la dirección, firman con ellos un acuerdo y legitiman ese recorte salarial. Una práctica si bien no generalizada, según coinciden los diferentes agentes consultados, pero sí virulenta en determinados gremios.

El Barça cifra en alrededor de 20 empresas las subcontratadas en el Camp Nou. Este medio ha podido indentificar, con nombres y CIFs, a un total de 12, que están o han estado en las obras. Y entre estas, al menos una sí ha notificado al 'Registro y depósito de convenios colectivos' un descuelgue salarial. El resto o bien paga según convenio -la minoría- o bien paga menos de lo que estipula el convenio sin pasar para ello los controles legales previos -lo que presuntamente incurriría en un fraude-.

"Si una inaplicación de convenio no está registrada, no es legal", insiste el presidente de la sección de derecho laboral del ICAB, Max Arias. De las cinco nóminas de cinco sociedades diferentes a las que tuvo acceso este medio al inicio de la investigación, ninguna de ellas tenía registrado formalmente un descuelgue.

'Dumping' salarial

"Las causas objetivas por las cuales una empresa puede descolgarse del convenio son tan amplias que es muy fácil que una empresa pueda no pagar los salarios pactados por convenio", considera la secretaria de política sindical de UGT de Cataluña, Núria Gilgado. "Una empresa con beneficios pero que pueda argumentar que prevé facturar menos en un futuro podría descolgarse", añade.

Desde la patronal Foment del Treball, no obstante, no consideran tan laxa la normativa y destacan que una representación legal de los trabajadores es prácticamente imprescindible para poder practicar un descuelgue. "¿Podría utilizarse esta fórmula para hacer 'dumping salarial'? Podría, pero si existe es residual", apunta el director de relaciones laborales de la patronal, Javier Ibars.

"Donde los sindicatos mayoritarios tenemos representación esto no pasa, pero donde la gente no tiene herramientas para defenderse y solo piensa en ganarse la vida... pueden pasar estas cosas", señala la secretaria de acción sindical de CCOO de Cataluña, Cristina Torre. "Es complicado sostener legalmente un recorte así durante mucho tiempo, necesita de mucha discreción y opacidad", apunta el catedrático de la UB Jordi García Viña. Falta de sindicación y opacidad como las que describen los empleados de parte de las subcontratas del Camp Nou.

¿Cuántos trabajadores están afectados en Cataluña por un descuelgue salarial? Esa cifra estadísticamente no está disponible. Y es que el Departament de Treball de la Generalitat recopila aquellas compañías que registran una nueva inaplicación, pero no computa durante cuánto tiempo están con la misma y cuando esta decae.

Es decir, entre enero y octubre de este año un total de 2.048 trabajadores se han visto afectados por un descuelgue. No obstante, este dato no recoge cuántos de los 3.388 afectados en 2022 siguen todavía con uno. Ni tampoco cuantos entre los 1.142 de 2021 y subsiguientes.

Pugna asegurada durante esta legislatura

Esa herencia de la reforma laboral del PP que la coalición no tocó durante la pasada legislatura sí está en la agenda para esta que comienza. "Revisaremos las causas para que solo en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa se pueda recurrir a estos procedimientos", reza el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar.

La patronal es contraria a perder elementos de "flexibilidad interna", tal como les denominan, y los sindicatos verían con buenos ojos que la autoridad laboral debiere revisar y así controlar previamente que en cada descuelgue verdaderamente incurren causas que lo justifiquen. Una autorización administrativa similar a la que regía antes de la reforma de Rajoy en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Autorización que la reforma del 2021 tampoco recuperó plenamente.