¿Qué es el techo de gasto de las administraciones públicas para 2024?

El techo de gasto, que el Gobierno apueba este martes, es el límite legal de crédito presupuestario para un ejercicio. Se trata, por tanto, del gasto máximo que pueden llevar a cabo el conjunto de las administraciones públicas. Tras su comunicación al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que están las comunidades autónomas, lo aprueba este martes el consejo de ministros.

Esta cifra que marca el límite total de gasto, junto con el cuadro macroeconómico, que dibuja el contexto de crecimiento, inflación o déficit sobre el que se tienen que edificar las cuentas públicas, supone el pistoletazo de salida para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2024. El de 2023 fue de 198.221 millones, e,l 1,1% más que en 2022. Sin incluir los recursos europeos de fondo 'Next Generation' ascendió a 173.065 millones, el 1,9% más. También incluía una transferencia de 19.888 millones para la Seguridad Social. El de 2022 fue de 196.142 millones, según el techo de gasto aprobado por el consejo de ministros. El de 2021 fue el que dio el gran salto y alcanzó una cota histórica de 196.097 millones gracias a unos 26.000 millones previstos por los fondos europeos 'Next Generation', incluidos por primera vez.

¿Qué incluye?

El techo de gasto incluye el gasto no financiero, es decir, quedan fuera los relativos al pago de deuda o créditos o la Seguridad Social. Esta cantidad es lo máximo que podrán gastar los ayuntamientos, las comunidades autónomas y la Administración central. El aprobado para 2021 fue el más elevado de la historia, al incorporar parte de las ayudas de los fondos europeos 'Next Generation'. Gracias a estos recursos, el techo de gasto se situó para ese ejercicio en 196.097 millones de euros, con un aumento del 53,7% y luego fue marcando nuevos récords consecutivamente. En realidad, el techo de gasto comparable en términos homogéneos con el ejercicio anterior para 2021 fue de 136.779 millones de euros, un aumento del 7,2%. Pero una vez incluidas las transferencias extraordinarias realizadas a las autonomías y a la Seguridad Social, aumentó el 32,3%, hasta los 168.661 millones y, con unos 26.000 millones de los fondos europeos llegó a 196.097 millones de euros, un aumento del 53,7%. Lo mismo sucedió con el de 2022: Sin contabilizar los fondos europeos ascendió a 169.787 millones, con una ligera alza. Además se sumó una transferencia de 18.396 millones para la Seguridad Social. Y finalmente, 25.622 millones de los fondos europeos, además de 733 millones del fondo React que va a Sanidad.

¿Cómo se regula?

El techo de gasto se recoge en la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, aprobada por el Gobierno del PP. El artículo 30 de esta norma es el que lo regula y establece que debe aprobarse por el Gobierno antes del 1 de agosto de cada año. En esta ocasión se hace en diciembre porque el 23 de julio hubo elecciones generales. En la ley mencionada también estipula que será el Ministerio de Hacienda el que informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado.

La norma también recoge la senda de estabilidad presupuestaria en el artículo 15 —que también es un instrumento de control sobre la deuda y el déficit—. A diferencia de lo que ocurre con el techo de gasto, en este caso, se menciona expresamente la necesidad de que pase por el Congreso —"el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno", según recoge la norma—. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, alertó ayer de que si el PP lo veta en la cámara alta podría reducirá la capacidad de gasto de las autonomías, incluidas a las que gobierna y, en cambio, aumentaría la de la administración central, al tener que aplicar los objetivos establecidos en abril pasado. En todo caso está convencida de que podrá aprobar las cuentas en el primer trimestre del año que viene, como adelantó en una entrevista en El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica.

Para 2021 y 2022 no rigieron las reglas fiscales de déficit, deuda y gasto público, tal como autorizó Bruselas para combatir los efectos de la pandemia. Y lo mismo sucedió para 2023. Eso no significó que no hubiera un objetivo de déficit que cumplir, aunque sí unas tasas de referencia. Para 2024 está previsto que entren en vigor de nuevo las reglas fiscales y el déficit que se ha permitido a las autonomías es del 0,1% del producto interior bruto (PIB), en vez del equilibrio presupuestario previsto inicialmente. Para los entes locales, en vez de un superávit del 0,2% del PIB se ha estabelcido el equilibrio presupuestario y estos cambios se trasladan a la administración central, que en vez del 3% del PIB deberá alcanzar el 2,7%. Para la Seguridad se establece el 0,2% del PIB. Estos objetivos coinciden con las tasas de referencia que el Gobierno en funciones remitió a Bruselas el pasado 15 de octubre. Son estas las que Montero advierte que no se podrán aplicar si el PP lo veta en el Senado.

¿Cómo se calcula el techo de gasto?

Una vez que el ministerio de Hacienda dispone de una previsión de los ingresos con los que contará con la recaudación de impuestos y tasas y otras vías de obtención de recursos, hace una estimación de cuánto pueden gastar las administraciones teniendo en cuenta el objetivo de déficit que exista( 3% del PIB para el conjunto de administraciones), es decir el desfase entre los gastos y los ingresos, así como la denominada regla de gasto, que es del 2,6%. En los Presupuestos de 2021 y hasta 2026, además de los ingresos procedentes de los impuestos o ventas de activos, una parte estará formada por los fondos europeos.

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