Fraudes inmobiliarios: las prácticas ilegales persisten en la búsqueda de viviendas en España

La búsqueda de vivienda en España se ha convertido en una auténtica pesadilla para los inquilinos, no solo por la falta de oferta y el aumento desmesurado de los precios de alquiler, sino también por las prácticas ilegales llevadas a cabo por algunas inmobiliarias. A pesar de la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda, que prohíbe a las agencias cobrar a los inquilinos el tradicional "mes de agencia", se han registrado numerosos casos de fraudes inmobiliarios.

Bajo denominaciones como "honorarios de agencia", "gastos de gestión", "servicio de personal Shopper" o "estudio de solvencia", algunas inmobiliarias buscan eludir la nueva legislación y exprimir económicamente a los desesperados inquilinos. La ley establece claramente que los gastos de gestión inmobiliaria y la formalización del contrato deben ser responsabilidad del arrendador, no del inquilino.

A pesar de esta regulación, la situación no mejora. Testimonios recientes revelan prácticas fraudulentas, como solicitar altas sumas de dinero en efectivo en concepto de "estudio de solvencia" o introducir servicios adicionales, como el de "personal shopper inmobiliario", con costes ocultos.

Inquilinos afectados

Un inquilino afectado, cuenta cómo, tras elegir un piso, la agencia le exigió una transferencia bancaria y, sorprendentemente, una cantidad en efectivo para el "estudio de solvencia". La agencia se negó a proporcionar documentación detallada y evitó dejar rastro de esta práctica ilegal.

Otra víctima, relata cómo una agencia le solicitó cerca de 1.000 euros por el "estudio de solvencia para el seguro". Ante la amenaza de denunciar, la agencia accedió a devolver el dinero, pero no sin antes dejar claro que lo estaban haciendo ilegalmente.

Varios colectivos en defensa de los consumidores confirman que estas prácticas son comunes y señala que, aunque la ley prohíbe estas acciones, los inquilinos, presionados por la competencia y la necesidad, a veces acceden a pagar para evitar perder la vivienda. Recomiendan documentar todas las conversaciones, pagar mediante transferencia y exigir una factura para respaldar futuras reclamaciones.

FACUA, la organización de consumidores, ha denunciado a 33 inmobiliarias en varias ciudades por vulnerar la ley de vivienda. La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) asegura que las agencias cumplen la ley y niega malas prácticas, mientras que la Agencia Negociadora del Alquiler teme que estas restricciones impulsen cláusulas ilegales en los contratos.

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La lucha contra los fraudes inmobiliarios persiste en España, y la necesidad de vivienda se convierte en el caldo de cultivo para prácticas ilegales que, lamentablemente, afectan a aquellos que buscan un hogar.