El Gobierno negocia una quita contra el impacto milmillonario de la moratoria

La segunda moratoria turística, ideada en 2009, ha desembocado en la solicitud de casi 270 millones de euros (267,5) en concepto de indemnizaciones por parte de las empresas que se acogieron de manera voluntaria a una desclasificación de sus suelos urbanizables para convertirlos, durante cinco años, en rústicos. El cálculo es de las propias compañías afectadas y la última palabra sobre el justiprecio la tiene el Gobierno regional. Se teme que la suma total pueda superar incluso los mil millones de euros. La negociación para acordar quitas y aplazamientos está en marcha.

La razón, léase sentencias del TSJC, está del lado de los promotores privados. Entre ellos sobresale Grupo Lopesan como mercantil con mayor número de parcelas afectadas. Lo acompañan otros nombres archiconocidos como Santana Cazorla, Satocan o Seaside Hotels (familia Gerlach). También los planes parciales que contienen los suelos que dan pie a la petición de indemnizaciones han ocupado espacio en el panorama informativo durante los últimos quince años: Meloneras Golf, Costa Taurito o Dehesa de Jandía, por ejemplo.

El problema se gestó en la época del primer Gobierno de Paulino Rivero (CC), en alianza con el PP que conducía José Manuel Soria. La Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial para Dinamización Sectorial de Canarias daba seis meses desde su entrada en vigor (artículo 17.1) a «los titulares de suelos urbanos de uso turístico» para optar «por su reclasificación a rústico (...) mediante la modificación del planeamiento general, reconociéndoles a cambio la correspondiente indemnización por los derechos edificatorios».

Puerta abierta

Contra lo previsto, las empresas turísticas tomaron en casi 40 ocasiones esa puerta ideada por la Administración regional para, precisamente, esquivar las indemnizaciones que se iban a derivar de la primera moratoria; 2001 de facto y 2003 legalmente. Recurrían a ese mecanismo previsto en la norma, pero nadie parecía oírles. «Entendiendo que la Administración incurrió en inactividad», acudieron en tropel al TSJC.

Las sentencias, de la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo, que en total «son 36», detalla el director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, Onán Cruz, van siempre en el mismo sentido: instan a los ayuntamientos a devolver la calificación de urbanas a las parcelas y al Ejecutivo regional al cálculo y pago de la correspondiente indemnización.

Lopesan concentra la mayor parte de las indemnizaciones, 185 millones de euros de momento

Al actual Gobierno autonómico de Fernando Clavijo (CC) le toca la ejecución de las sentencias toda vez que, como es habitual, los plazos para la modificación del urbanismo se han consumido en la Administración local sin actividad alguna. Y también es turno para, lo que es más importante en lo que concierne a la salud de las arcas públicas, hallar puntos de encuentro con los afectados en busca de una rebaja de la factura.

Fuentes cercanas al proceso explicaron ayer que se barajan todas las opciones posibles. Entre ellas, quitas a cambio de derechos de construcción o el aplazamiento por quince años del pago de la totalidad de la deuda. Llegar a una entente con los derechos de expropiación temporal que contemplaba la norma y pagar es innegociable tal y como mandatan las sucesivas sentencias del TSJC.

Problema conocido

Clavijo ya se encontró con este problema nada más tomar posesión como presidente por primera vez en 2015. La tercera y última moratoria (Ley de Renovación Turística) la de 2013, ya derogó el artículo 17 y muchos otros contenidos en la norma de 2009.

De la cantidad global puesta sobre la mesa hasta el momento –los 267,5 millones de euros– Hijos de Francisco López Sánchez (Lopesan) atesora la mayor parte. Solo por los derechos de dos parcelas –restan por calcular los de otras cuatro– de Meloneras Golf, solicita 129 millones de euros. El family office de los López, Invertur Helsan, ostenta otra buena parte de los suelos afectados en Meloneras Golf. Las indemnizaciones para cuatro parcelas –de seis– calculadas por la compañía ascienden a otros 56 millones de euros.

Sin embargo, la sombra del principal grupo turístico canario no se detiene en este punto del Sur de Gran Canaria. En Pájara, repartidas entre Morro Jable, Mal Nombre-Tierra Dorada y Esquinzo-Butihondo existen otras doce parcelas para las que, por el momento, no se ha establecido ninguna cantidad.

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