Avalancha de ‘cartas amables’ de Hacienda a los canarios para prevenir el impago de impuestos

La Agencia Tributaria Canaria (ATC) prepara una avalancha de cartas de invitación o cartas amables para recordarles a los isleños sus obligaciones fiscales. Se trata de un tipo de aviso con el que el fisco de la Comunidad Autónoma pretende elevar el porcentaje de contribuyentes –particulares y empresas– que hace sus deberes tributarios en tiempo y forma, es decir, en los plazos establecidos y con toda la información que en cada caso se precise. Fue la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, quien durante una comisión parlamentaria avanzó este miércoles que la ATC va a redoblar su apuesta por esta medida para promover el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. «Se van a intensificar las cartas amables para potenciar el cumplimiento en [fase] voluntaria», explicó la consejera, quien también adelantó que los inspectores de la ATC llevarán a cabo este año un mayor número de peinados fiscales, es decir, un mayor número de visitas a empresas para «conocer de primera mano» cuál es su situación tributaria.

Asián no especificó durante la comisión parlamentaria de Presupuestos y Hacienda qué colectivos serán los principales receptores de esas cartas de invitación a la liquidación y el pago de impuestos, y tampoco aclaró cuáles son las actividades a las que los inspectores del fisco autonómico van a hacerles más peinados fiscales. Sin embargo, el Plan de acción anual de la Agencia Tributaria Canaria para 2024, donde se fijan los criterios generales que regirán el programa de control fiscal, sí deja claro que las inspecciones pondrán especial énfasis en aquellos «sectores o actividades en los que se evidencie un mayor riesgo», y entre ellos sitúa en el ojo del huracán a «las plataformas digitales que actúan como intermediarias y ponen en contacto a empresarios y consumidores ubicados en cualquier parte del mundo». En todo caso, las cartas amables y los peinados fiscales son solo dos de las muchas patas sobre las que camina el plan anual de control tributario. Para que estas medidas funcionen, la ATC implantará una serie de mejoras también de puertas adentro.

Los inspectores van a vigilar de cerca a las plataformas ‘online’ que actúan como intermediarias

De entrada, ahondó la responsable del área de Hacienda, se va a poner en práctica un nuevo sistema de gestión que, entre otras novedades, incluye un «sofisticado» programa para la mejora de la recaudación ejecutiva, que es esa fase que se abre cuando el contribuyente no ha cumplido sus obligaciones en el período voluntario. La fase, en definitiva, en que Hacienda pasa de solicitar el pago a exigirlo y a hacer todas las gestiones necesarias para el cobro. Este nuevo sistema se implantará de forma progresiva en los tres próximos años y tendrá un coste de unos 20 millones de euros.

Gestión de datos

Además, Asián también adelantó que van a unificarse las distintas bases de datos con que trabajan en la Agencia Tributaria para una mejor gestión. Esto supondrá un avance también en lo tecnológico, tal como precisó la consejera, y hará posible que toda la información –contribuyentes, deudas en período voluntario, impagos en fase ejecutiva, grandes deudores, incumplidores que han sido beneficiarios de subvenciones públicas...– esté alojada en un mismo sitio. La creación de esta gran base de datos, fruto de la reunificación de toda la información tributaria, costará alrededor de dos millones de euros.

El plan de control fiscal de la Administración autonómica, y en general las actuaciones contra la evasión de impuestos y contra cualquiera de las formas que adopta la economía sumergida, está alineado con los objetivos de la estrategia España 2050. Una hoja de ruta de alcance nacional en la que se pone como meta reducir de manera extraordinaria el peso de la economía sumergida en el país, y por ende en las comunidades autónomas. En concreto, en el programa España 2050 se considera factible que todo ese dinero que se mueve a espaldas de Hacienda se reduzca en cinco puntos porcentuales de aquí a 2030, esto es, de aquí a seis años. La economía sumergida equivale en España al 20% del Producto Interior Bruto (PIB) –de acuerdo con el promedio del período de 2015 a 2019–, con lo que el objetivo es dejarla a medio plazo en el 15% del PIB. Será muy difícil, eso sí, que todas las autonomías se planten en 2030 con tan bajo peso de la economía sumergida. Y más difícil si cabe será que lo consiga el Archipiélago.

La Agencia Tributaria Canaria reunificará toda la información fiscal para crear una gran base de datos

No en vano, el peso de la economía oculta en las Islas llega al 28% del PIB regional, ocho puntos por encima del dato de la nación. Así se recoge en el informe que al respecto encargó el anterior Gobierno de Canarias, el del pacto de las flores, y que este miércoles desgranó la consejera Asián en la comisión parlamentaria. De modo que drenar la economía sumergida hasta dejarla en el 15% del PIB en 2030 supondría reducirla a prácticamente la mitad, lo que viene a ser un imposible. En términos cuantitativos, y con la cautela que exige cuantificar algo que está oculto, sería necesario aflorar unos 7.400 millones de euros que hoy se mueven por cauces irregulares para que la economía en negro pasara en la actualidad de ese 28% del PIB al deseado 15%. Un reto inalcanzable, y no porque la Agencia Tributaria Canaria no se esfuerce en combatir esta lacra, sino porque si hay un sector propenso a la economía irregular, ese es precisamente el sector servicios, que es el que alimenta el 70% del PIB del Archipiélago.

Así lo recordó la consejera de Hacienda, que puso énfasis en que el informe en cuestión no solo se refiere, claro, a la economía sumergida que se origina por el fraude en los tributos que gestiona la ATC, sino que va mucho más allá. Atañe también a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la Seguridad Social y hasta a los paraísos fiscales.