Ley de cadena alimentaria: qué es y por qué se habla ahora de ella

Las movilizaciones de agricultores y ganadores surgidas en los últimos días han traído a la actualidad la ley de cadena alimentaria. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Gobierno va a "fortalecer" dicha norma. El Gobierno reformó la norma en 2021, con el objetivo de poner coto a la venta a pérdidas después de una oleada de protestas en las carreteras españolas, muy similar a las tractoradas que se han comenzado a celebrar en los últimos días.

Tres años después, los agricultores vuelven a pedir la modificación y ampliación de esta Ley para prohibir las prácticas desleales y para que los precios que cobran por sus productos cubran los costes de producción, así como un mayor control por parte de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA).

La reforma de la Ley de la cadena alimentaria es una de las principales demandas del sector, a las que se une la paralización de la negociación de acuerdos de libre comercio con terceros países o un mayor control de las importaciones. "Tenemos absoluta disposición e interlocución con el sector del campo y absoluta empatía. No solo hablamos del cambio climático sino de los efectos perniciosos que ha tenido sobre los fertilizantes u otros insumos la guerra de Ucrania y la inestabilidad geopolítica que estamos atravesando. Y también tenemos una labor de persuasión ante las autoridades comunitarias y en Bruselas ante las demandas justas", ha afirmado el presidente del Gobierno.

¿Qué es la Ley de cadena Alimentaria?

Según recoge en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, tiene como fin mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en las relaciones comerciales, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor. Es decir, esta ley que tuvo su última modificación en diciembre de 2021, tiene como fin que los agricultores obtengan unos precios más justos por sus productos.

La actual ley contempla multas que van de los 3.000 a 100.000 euros para aquellos contratos que no sean respetados y refuerza las penas para reincidentes con multas entre 100.000 y un millón de euros. El campo, con las actuales reivindicaciones y protestas, piden un mayor control y seguimiento de las sanciones.

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