Canarias precisa una inversión anual de 1.800 millones para paliar la ‘emergencia habitacional’

La inversión necesaria para paliar la crisis de la vivienda en Canarias asciende a unos 1.800 millones de euros al año. Una cuantía que excede por mucho las posibilidades de la Administración pública. Para empezar a corregir la «emergencia habitacional» que sufren las Islas es preciso que sea la iniciativa privada, las empresas, la que se ocupe de satisfacer la mayor parte de la actual, y enorme, demanda de casas.

Esta es una de las razones por las que la consultora Corporación 5 considera que el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda elaborado por el Gobierno autonómico, que esta semana se ratificará en el Parlamento, va por la senda adecuada para enmendar la falta de casas que padecen los canarios. O cuando menos para comenzar a enmendarla. No en vano, el decreto de la Consejería de Vivienda, que dirige Pablo Rodríguez, se apoya en el sector privado para la impostergable tarea de incrementar la oferta de inmuebles, y para ello se ponen en práctica dos medidas claves: por un lado, se agiliza el proceso de cesión de suelo a las constructoras; por otro, se establece la preponderancia del decreto respecto de las normas urbanísticas de los distintos ordenamientos municipales, con lo que se limpia de excesos y de burocracia un «entramado regulatorio» caracterizado por «su cantidad, su complejidad y su intervencionismo económico».

El análisis de Corporación 5, al que ha tenido acceso este diario, aborda los cuatro factores –las pocas viviendas protegidas, la baja oferta de casas en el libre mercado, la considerable cifra de inmuebles vacíos y el auge del alquiler vacacional– que se han combinado para dar lugar a una «situación crítica» caracterizada por «la elevada demanda y la manifiesta incapacidad de la oferta». Una situación que, en definitiva, «merece la calificación de emergencia habitacional».

La firma consultora concluye que «sí» es posible construir las 15.000 viviendas anuales necesarias

De entrada, los expertos de la consultora recuerdan que se tarda unos dos años en la construcción de nuevas viviendas, con lo que las medidas del plan del Gobierno de Canarias no tendrán «resultados visibles» en el mercado inmobiliario hasta dentro de, como poco, ese par de años. Bajo esta premisa, los analistas de Corporación 5 explican que es necesario incrementar la oferta en hasta 15.000 nuevas casas al año para combatir la carestía inmobiliaria con garantías de éxito.

Necesidad de nuevas viviendas

Es «el mínimo imprescindible para acabar con la emergencia habitacional». Así que en lo que queda de década, es decir, de aquí a 2030, harán falta unas 105.000 nuevas viviendas para absorber una demanda que, además, seguirá aumentando al calor del crecimiento de la población. Esto conlleva multiplicar por cinco las menos de 3.000 casas que se introdujeron en el mercado en 2021, en 2022 y en 2023. Sin embargo, el informe defiende que «sí es factible» levantar cada año –empezar a levantar– esas 15.000 viviendas que hacen falta.

De hecho, Canarias se movió en esas cifras, «de forma ininterrumpida», entre 1997 y 2008, con lo que solamente hay que volver a aquellos niveles.

La inversión es tan cuantiosa que el sector público no podría afrontarla sin participación privada

En cuanto a las medidas concretas que recoge el decreto autonómico, los expertos valoran que pueda emplearse suelo público para vivienda protegida aunque este fin no esté previsto en el planeamiento. También que se busque una «segunda oportunidad» a edificios o urbanizaciones sin terminar, dándoles así nueva vida como residenciales. Pero, sobre todo, los analistas ponen énfasis en la prevalencia del decreto regional sobre aquel planeamiento que sea «disconforme», lo que evitará el actual embudo burocrático y la larga espera por las necesarias modificaciones administrativas, dos factores que han echado por tierra no pocos proyectos.

Además, los planes para la construcción de casas de protección oficial serán considerados de interés general, y en paralelo se declara la urgencia de los plazos para los distintos trámites administrativos, «buscando acortar la duración de los mismos lo máximo posible». También se juzgan «imprescindibles» las medidas para estimular la iniciativa privada –en especial las relativas a la renta máxima inicial anual–, ya que cuando se han ofrecido los incentivos adecuados, «el sector privado ha sido el principal promotor de vivienda protegida».

En suma, y frente a los «nefastos» resultados de la ley nacional de vivienda, que genera «inseguridad» en los propietarios y está «perjudicando al mercado del alquiler en Canarias», las medidas del decreto regional «deberían paliar al menos dos de los principales problemas: la falta de suelo y los problemas de ordenación».

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